Mediante el oficio CPSCR- 01-11-2013 y en atención a la solicitud de SETENA, este Colegio cuestionó profundamente el Estudio de Impacto Ambiental que fuepresentado por la empresa interesada.
Los sociólogos dan 12 puntos que coinciden con los criterios de los ecologistas, académicos y sindicatos. El pronunciamiento señala que: “se vuelve corto y no integral sobre los verdaderos impactos socio ambientales y las reales medidas de mitigación y de compensación que se deberán tomar.”
Para cumplir lograr la integralidad recomiendan: “(…) hacer estudios específicos, por lo que se podría denominar proyectos específicos o complementarios (…)” para evitar así: “(…) la carencia del análisis de múltiples escenarios posibles de afectación del proyecto.” Recomiendan “ hacer estudios específicos por ejemplo: Planta de concreto, Electrificación: líneas de transmisión de media y alta tensión, Carreteras de acceso, Tajos y concesiones en cauces de dominio público para la extracción de materiales, Uso de caminos vecinales, Afectación a las comunidades alrededor de la construcción del Megaproyecto, Impacto en las corrientes marinas y la consecuencia para la pesca, las barras de Tortuguero, Parismina, Colorado, y La Estrella entre otros, Afectación a la actividad turística y las comunidades en el Caribe Sur derivada de posibles daños ambientales en playas y arrecifes de coral, Demanda de servicios: salud, educación, transporte y vivienda. Lo anterior, lleva a la carencia del análisis de múltiples escenarios posibles de afectación del proyecto., Plan de reasentamiento de los pobladores desplazados por el proyecto”
Sobre los estudios sociales, señalan dudas y errores metodológicos, entre ellos, los relativos a los informantes clave que fueron entrevistados, así como la falta de la incorporación de diferentes puntos de vista de otros actores sociales, comunales e institucionales. También, se critica la metodología utilizada para obtener respuestas que son de alguna forma atribuidas a las comunidades, pues se utilizó exclusivamente la técnica de la entrevista a uno o dos miembros de las juntas directivas de las asociaciones comunales. En su lugar, sugieren las entrevistas grupales o grupos focales con el pleno de las directivas.
La Directiva de las y los sociólogos señalan como sumamente delicado: “que algunos profesionales que realizaron el estudio pudieron al mismo tiempo participaron como formadores de opinión, es decir, de la misma opinión que luego iban a medir”. En teoría, el profesional que hace la evaluación de proyecto, debe tener una posición neutra, exponer el proyecto y luego preguntar la opinión, “pero en el caso del trabajo con dirigentes comunales y organizaciones, pareciera que los profesionales tuvieron el doble papel, es decir, formaron parte del equipo de la campaña de divulgación…”.
Otros de los cuestionamientos, es que en el estudio se habla del impacto sobre los servicios públicos y comunales, pero “no hay una evaluación real de los mismos, ni en la fase constructiva ni operativa”. La demanda de servicios por parte de los trabajadores y sus familias que radiquen en el sitio o en las comunidades aledañas, en rubros como educación, salud, abastecimiento de agua, vivienda, etc., no son adecuadamente evaluadas ni se incluyen en las medidas del P-PGA.
A la vez, se “corrobora que no existen iniciativas en ejecución y de coordinación a nivel estatal para reforzar a corto plazo estos y otros servicios tales como: vivienda, infraestructura, educación, debido al aumento en su demanda, producto del impacto demográfico en la región y que absorbería el traslado de cientos de trabajadores y sus familias a la zona en que se construiría el megaproyecto”.
Con respecto al acceso al agua indican que: simplemente se cuantifica las necesidades de agua potable, supuestamente para las necesidades de los trabajadores y el campamento en general, pero no hay evaluación de las fuentes. También, “es previsible durante la fase constructiva establecer una necesidad grande de agua dulce para planta de concreto. No queda claro cuál va a ser la fuente de abastecimiento para la misma (¿el río Moín o la del agua potable?), ni la estimación de la cantidad necesaria ni la evaluación de la fuente, y mucho menos si existe o no impacto en el abastecimiento a comunidades y pobladores de las zona afectada.”
La consideración de ubicar la nueva Terminal de Contenedores como mega proyecto habría hecho necesario incluir la discusión profunda, de la conveniencia y pertinencia del proyecto desde una perspectiva de desarrollo nacional. El debate sobre las alternativas centradas en la comparación del escenario “sin proyecto”, con el escenario “con proyecto”, es insuficiente, ya que se ubica en una opción extrema, es decir, no se puede visualizar la posibilidad de escenarios alternativos, como por ejemplo, sería la “modernización de los puertos del Caribe” bajo la administración de JAPDEVA. Se deja de lado que, en la realidad, esa misma estructura ha sido capaz de manejar la entrada y salida de mercancías, si bien con deficiencias, se ha bastado con una infraestructura totalmente anticuada y obsoleta, mientras a la institución le ha sido negada la posibilidad de mejorar su equipamiento y de invertir en la modernización de los puertos.
Finalmente, señalan que “se podría haber incluido el tratamiento de la temática de la viabilidad económica del proyecto, desde un enfoque que permitiera la discusión de múltiples alternativas. Incluso se considera que esto es una discusión pendiente, ya que la argumentación en el estudio parte de que es una sola alternativa: dar en concesión a una empresa privada la construcción y administración de una terminal portuaria totalmente nueva por un periodo de 33 años.” En este sentido, los sociólogos sostienen que: “sería pertinente abrir la discusión con la evaluación de un grupo asesor con participación de las escuelas de economía y de negocios de las universidades.” Lo anterior, es relevante, para realizar el análisis de otras alternativas, como la ya mencionada modernización.
http://bloqueverde.com/APM/sociologosEIAapm.pdf
