25.10.21

Protesta contra privatización de las semillas


Con un intercambio de semillas y un plantón en Asamblea legislativa

El movimiento de lucha por las semillas convoco el miércoles 27 de octubre desde las 9am en la Asamblea Legislativa (costado Norte) a un plantón e intercambio de semillas en manifestación contra el proyecto de ley de privatización de las semillas. 

El actual texto sustitutivo nombrado como “ley para la modernización de la oficina nacional de semillas” expediente N#21087, conocido como Ley de Semillas, es un nuevo intento del sector agrocorporativo y sus socios del Estado que pretende criminalizar el comercio de semillas criolla, local y tradicional. 

En nuestro país -según la OCDE- casi el 90% de las semillas que utilizamos en Costa Rica no están sujetas a mecanismos de certificación, o sea que la gran mayoría semillas son variedades locales, nativas y criollas. 

Según la Oficina Nacional de Semillas en nuestro país, el negocio de importación de simientes o semillas reporta transacciones de hasta USD$ 36 millones anuales por lo es un negocio potencial de 400 millones de dólares al año para las transnacionales como Bayer, Corteva, ChemChina y Limagrain que hoy controlan más del 50 por ciento de las semillas del mundo.  Este proyecto de semillas viene a fortalecer el monopolio de las semillas y por ende el control de los alimentos del mundo.

Esta iniciativa de ley no fue consultada debidamente a los pueblos indígenas a pesar del derecho que les asiste con el Convenio 169 de la OIT. Además, tiene implicaciones para la agricultura campesina, así como para el cumplimiento de tratados internacionales.

Este proyecto convierte en ilegales las condiciones actuales de comercialización de semillas criollas al imponer parámetros y características de semillas comerciales (art. 29). También, crea hasta una "policía" de las semillas si en plena crisis fiscal y recortes a todo el empleo público, estos “inspectores oficiales” tendrán “fe pública y en el ejercicio de sus funciones tendrán acceso a cualquier propiedad pública relacionada con este campo,” (art. 15 y 16).

Para cerrar el círculo de represión en contra de nuestros labriegos y sencillos imponen multas por comercializar semillas de hasta 5 salarios base, aproximadamente 2.3 millones de colones (Art. 39 y 40).

Informes con:
José Oviedo, tel. 8721 4616, Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG)
Mariana Porras,tel.  8302 2360, Red de coordinación en Biodiversidad y Coecoceiba Amigos de la Tierra
Pedro Salguero, tel. 8320 4972, Bloque Verde  

16.10.21

Ley para privatizar las semillas de nuevo



Ilegaliza y multa la comercialización de semillas criollas

 

 (Bloque Verde, 16-10-2021)El actual texto sustitutivo nombrado como “ley para la modernización de la oficina nacional de semillas” expediente N#21087, conocido como Ley de Semillas, es un nuevo intento del sector agrocorporativo y sus socios del Estado para beneficio del sector agroindustrial de producción y las transnacionales de la comercialización de semillas.

Es un negocio potencial de 400 millones de dólares al año para las transnacionales como Bayer, Corteva, ChemChina y Limagrain que hoy controlan más del 50 por ciento de las semillas del mundo.  Este proyecto de semillas viene a fortalecer el monopolio de las semillas y por ende el control de los alimentos del mundo.

Es un mercado potencial pues actualmente según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) casi el 90% de las semillas que utilizamos en Costa Rica no están sujetas a mecanismos de certificación, o sea que la gran mayoría semillas son variedades locales, nativas y criollas. Ese 90 % es un gran y jugoso negocio.

Según la Oficina Nacional de Semillas en nuestro país, el negocio de importación de simientes o semillas reporta transacciones de hasta USD$ 36 millones anuales, repartidas entre 104 empresas con permisos para vender semillas certificadas, pero solamente 8 compañías controlan el 53% de todas las variedades disponibles comercialmente.

Entonces si sacamos la calculadora sabemos para quien está trabajando la Oficina Nacional de Semillas y la mayoría de diputadas y diputados que impulsan este proyecto de ley que han intentado aprobar desde inicios de la década del 2000.

Esta iniciativa de ley no fue consultada debidamente a los pueblos indígenas a pesar del derecho que les asiste con el Convenio 169 de la OIT. Además, tiene implicaciones para la agricultura campesina, así como para el cumplimiento de las obligaciones del país en el marco del Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la “Declaración de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales” de las Naciones Unidas votada favorablemente por Costa Rica el 20 de noviembre de 2018.

Este proyecto convierte en ilegales las condiciones actuales de comercialización de semillas criollas al imponer parámetros y características de semillas comerciales (art. 29). También, crea hasta una "policía" de las semillas si en plena crisis fiscal y recortes a todo el empleo público, estos “inspectores oficiales” tendrán “fe pública y en el ejercicio de sus funciones tendrán acceso a cualquier propiedad pública relacionada con este campo,” (art. 15 y 16).

Para cerrar el círculo de represión en contra de nuestros labriegos y sencillos imponen multas por comercializar semillas de hasta 5 salarios base, aproximadamente 2.3 millones de colones (Art. 39 y 40).

Para completar el subsidio a las transaccionales, la Oficina Nacional de Semillas dedicaría, con fondos públicos, parte de su trabajo para incentivar y promover las semillas privatizadas (Art. 2 y 13) y muy seguramente toda la semilla que compre el Estado tendría que ser certificada lo que implicaría unas jugosas ganancias a las compañías más ricas del mundo, que hoy deberían estar más democráticamente distribuidas entre nuestro campesinado.

Este sería el segundo intento de los gobiernos del PAC de privatizar las semillas.

En mayo del presente año La Red de Mujeres Rurales con el apoyo legal del Frente Amplio ganó el juicio contra el Decreto Ejecutivo No. 40300-MAG que pretendía restringir el libre uso y comercio de semillas tradicionales, locales y criollas.

El Tribunal Contencioso Administrativo declaró la nulidad absoluta del Decreto Ejecutivo ordenó al Poder Ejecutivo a «cumplir con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, con los artículos 82 y siguientes de la Ley de Biodiversidad y proceder a consultar previamente el criterio de las comunidades locales y pueblos indígenas sobre cualquier disposición normativa susceptible de afectar el uso de variedades locales, tradicionales y criollas de la biodiversidad, incluidas las semillas».

El decreto pretendía abrir un portillo para que las semillas criollas debían inscribirse en un registro previo a legalizar su comercialización. Sin dicho registro, no se permitiría realizar actividades con fines de lucro, abriendo paso a la industria de las semillas y desplazando las prácticas tradicionales.

26.3.21

Apicultores denuncian más millón de abejas envenenamiento en Liberia

El año pasado murieron envenenadas casi cien millones de abejas en Costa Rica

 Apicultores de Costa Rica informó que el apicultor, Alonso Céspedes López, denunció que este es el primer envenenamiento que sufren sus abejas durante el presente año, aunque -en el 2020- sus apiarios también sufrieron intoxicaciones masivas similares. ‘’Es una gran mortandad de abejas lo que se ha presentado en los últimos días, llevan varios días muriendo cientos de ellas, desde hace unos 15 días’’.

Según Céspedes, en las fincas del sector no existen cultivos agrícolas veraniegos, pero sí hay ganaderías, por lo que apunta que la contaminación puede estarse dando desde las fuentes de agua que utilizan tanto sus abejas como el ganado. Al parecer, los ganaderos usan equipos de aspersión para bañar a sus reses, las cuales terminan contaminando los bebederos con sustancias químicas veterinarias que resultan altamente tóxicas; generado la masiva muerte de las abejas. ‘’A lo largo de mi vida como apicultor mis abejas han sido víctima de intoxicaciones por lo menos en tres ocasiones, unas leves y otras más catastróficas.

De acuerdo con los datos revelados por Céspedes, fue envenenado uno de sus apiarios que tiene 19 núcleos para crianza de reinas y treinta colmenas, de las cuales al menos 10 murieron totalmente. Las pérdidas superan los 5 millones de colones, sin considerar el enorme daño ambiental generado de manera directa por la pérdida de los citados agentes polinizadores.

‘’Por ejemplo: aquí fumigan las vacas con unos químicos muy letales, pero no se ha podido establecer cuáles son los que mataron mis abejas porque los funcionarios de SENASA no han recolectado muestras de las abejas muertas para que las analicen en sus laboratorios. Yo vivo cerca de mis apiarios y aquí estoy a la espera de que vengan las personas del SENASA a investigar lo que sucedió’’, añadió.

El año pasado la Cámara de Nacional de Fomento de la Apicultura denunció que los agroquímicos están matando 250 mil abejas cada día catalogando la realidad como el “Armagedón de las Abejas” “masacres de abejas o apicidios”. Esta cantidad diaria de muertes de abejas diarias equivalen a 92 millones de abejas menos por año, unas 50 toneladas de miel menos y unos 450 millones de colones menos cada año. En términos de polinización equivale a un promedio de 1750 millones de flores menos polinizadas.

Tanto la Cámara de Apicultura como los expertos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional señalan la gran responsabilidad de un alto uso de plaguicidas del modelo de producción agropecuario.


21.2.21


·         Área de salud solicita ayuda a Aviación Civil

·         Estudios demuestran que mujeres embarazadas y escolares se contaminan por plaguicidas.

Las personas que viven cerca de plantaciones bananeras han denunciado por décadas las fumigaciones aéreas que las comunidades viven a diario. En una reciente denuncia del área de Salud de Talamanca se solicita la colaboración de Aviación Civil para que verifique “el estado de funcionamiento, mantenimiento y operación de la aeronave agrícola”, entre otras características del avión, campo de aterrizaje y “el estado de cumplimiento de la empresa a cargo de la avioneta, relacionado con los permisos, certificados y la aplicación de manuales”.

El Área de Salud hace hincapié “en la importancia de verificar las responsabilidades del piloto relacionadas con las técnicas empleadas en la aplicación aérea de agroquímicos y la realización de vuelos rasantes, ya que son los principales aspectos que afectan a los denunciantes, así como el ruido generado por aeronave.

Según el documento firmado por la Dra. Jennifer Jones Villers del Área Rectora de Salud de Talamanca: “mediante visitas realizadas a lo largo del 2019 y 2020 se ha evidenciado una serie de irregularidades, entre ellas que el follaje de distintas plantas y arbustos de las propiedades de dos de los denunciantes, estaban llenas de partículas muy pequeñas de algún producto sintético que les fue rociado, en apariencia agroquímico”.

Según el testimonio de una de las denunciantes “el ruido que genera la avioneta fumigadora produce muchas molestias porque sobrevuela, en sus propiedades, a muy baja altura. Como prueba guarda videos donde se aprecia la aeronave haciendo vuelos sobre su casa. Una de las denunciantes presentaba afectación en su pecho, garganta y tenía mucha tos, y manifestó que además ha presentado otros síntomas en diversas ocasiones como picazón en la garganta, dolores de cabeza, tos y ganas de vomitar, entre otros”.

También se recoge la denuncia en redes sociales de una avioneta agrícola sobrevolando Playa Grande de Cahuita en unvideo en el que claramente se observa una avioneta esparciendo el producto”. La plantación más cercana al sitio estaría en el poblado de Penshurt.

Según el reglamento para las actividades de la Aviación Agrícola Nº 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP[i] es competencia del Consejo Técnico de Aviación Civil y de la Dirección General de Aviación Civil ejecutar, garantizar y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rige la materia de aviación civil y agriada relacionadas con la protección de la salud de las personas, animales y de la conservación del ambiente.

Estudios alertan contaminación por fumigaciones áreas

En 2009 el Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional encontró restos de Mancozep en la orina de los niños en Talamanca. El Mancozep es utilizado en las plantaciones bananeras y es catalogado como un Plaguicida Altamente Peligroso[ii] (ver más).

En un estudio publicado en 2014[iii] se encontró que las mujeres embarazadas que viven cerca de plantaciones de banano del cantón de Matina en Limón, tienen elevadas cantidades de Etilentiourea (ETU) en su orina. ETU es un derivado del plaguicida Mancozeb, el cual se aplica mediante fumigación aérea. Las regulaciones actuales para las fumigaciones áreas parecen ser insuficientes para prevenir el contacto de las mujeres con este plaguicida. El estudio mencionado corresponde a “Aplicación Aérea de Mancozeb y Concentraciones Urinarias de Etilentiourea en Mujeres Embarazadas de Costa Rica: el Estudio Infantes y Salud Ambiental (ISA)”. La investigación la realizó un grupo de especialistas del Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) en colaboración con investigadores de la Universidad de Lund y el Instituto Karolinska (Suecia), de la Universidad de Quebec en Montreal (Canadá), y la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos).

Según los investigadores, algunas de las mujeres tenían cantidades más altas que otras porque vivían más cerca de las plantaciones bananeras, trabajaban en agricultura durante su embarazo, y/o lavaban la ropa de sus familiares, quienes principalmente trabajan en banano[iv]( ver más).

Otra investigación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica avocada a estudiar la presencia de plaguicidas en las escuelas de Matina de la provincia de Limón, encontró presentes en el aire y el polvo, restos de 18 agrovenenos rociados por las avionetas (ver más). Este estudio fue desarrollado en 12 escuelas aledañas a plantaciones de banano.

En nuestro país están autorizados hay más de 449 agrotóxicos para las fumigaciones en plantaciones mayormente de banano, arroz, caña y cítricos entre otros [v](ver más) , y a pesar de los estudios y las denuncias más bien se esta tratando de flexibilizar y permitir que las avionetas rocíen plaguicidas en lugares próximos a casas, escuelas y centros de salud[vi] ( ver más).

 Fuente: ED-3526 Proyecto Diálogo de Saberes y Geografía , UCR


4.12.20

Apicultores denuncian: en Costa Rica los agroquímicos están matando 250 mil abejas cada día





El “Armagedón de las Abejas” “masacres de abejas o apicidios” así definió la situación que vive Juan Bautista Alvarado presidente de la Cámara de Nacional de Fomento de la Apicultura.

Esta cantidad de muertes de abejas diarias equivalen a 92 millones de abejas menos por año, unas 50 toneladas de miel menos y unos 450 millones de colones menos cada año. En términos de polinización equivale a un promedio de 1750 millones de flores menos polinizadas.

La fuerte denuncias fueron hechas por el apicultor en un foro sobre los agrotóxicos y polinizadores en Costa Rica organizado ayer 3 de diciembre se conmemora el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas y fue organizado por Bloqueverde, Paren de fumigar, Red de Coordinación en Biodiversidad y Radio Central Tarraizta ( ver foro). 

“Lo que las abejas de nuestro país están pasando es una verdadera catástrofe, el auténtico cuyas consecuencias sí que son predecibles: pérdida de biodiversidad, diminución en la producción de alimentos, hambre y finalmente muerte” aseguró el apicultor.

Como ejemplo reciente el presidente de la Cámara narro “que hace una década La Zona de Los Santos albergaba el 8% de las abejas Apis de Costa Rica. Contaban con aproximadamente 3.000 colmenas, hoy sólo les quedan unas 800. Esa disminución representa un 73 % y equivale a la pérdida de aproximadamente 220 millones de abejas. Durante el mismo periodo, Los Santos, pasó de producir 90 toneladas de miel por año, a tan solo 20. Así como lo escuchan; se trata de una reducción del 77 por ciento en tan solo diez años”. 

Tanto la Cámara de Apicultura como los expertos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional señalan la gran responsabilidad de un alto uso de plaguicidas del modelo de producción agropecuario.

Juan Bautista aseguro: “que en la práctica todos los casos de envenenamiento masivo, cuyas muestras de abejas han sido analizadas por el SENASA, se ha encontrado un ingrediente activo llamado Fipronil. Al fipronil ya deberíamos declararlo el terror de las abejas costarricenses. Además del terrorífico Fipronil, tenemos un grupo de plaguicidas altamente tóxicos para las abejas, y son los llamados neonicotinoides”.

Sobre estos productos neonicotinoides, el agrónomo Fernando Ramírez Muñoz del Instituto Regional en Estudios de Sustancias Tóxicas (IRET), asegura que son insecticidas más usados en el mundo, un tercio de la venta y la principal problemática es que “son sistémicos y con alta persistencia dentro de la planta (hojas, semillas, frutos, polen, etc)”. Además, el especialista señala otros insecticidas: 49 ingrediente activo (IA) altamente tóxicos para abejas que se usan en nuestro país y herbicidas como glifosato, paraquat y otros que tienen efectos indirectos o colaterales de otros plaguicidas sobre abejas.

Para Ramírez es “imprescindible restringir aquellas sustancias que dañen las abejas y empezar por los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) y buscar alternativas de políticas agroecológicas ante la amenaza de los insecticidas neonicotinoides”.

Finalmente, el presidente de la Cámara Nacional de Apicultura, Juan Bautista Alvarado cerró diciendo “el futuro verde de Costa Rica será con abejas o no será”.

Hoy en el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas llaman a proteger las abejas y la vida



-Celebraran foro sobre los agrotóxicos y polinizadores en Costa Rica;
El 3 de diciembre se conmemora el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. Se trata de un día el que se le llama la atención a la población mundial sobre la grave consecuencias socio ambientales originadas por el uso de los agroquímicos para los ecosistemas y el ser humano.
Esta fecha fue establecida en 1984 por las 400 organizaciones que formaban parte de la Red de Atención en Plaguicidas, (Pesticide Action Network) de un total de 60 países, en memoria de más de 500.000 personas intoxicadas y más de 16.000 personas fallecidas esa noche en Bophal, India, debido al escape de 27 toneladas del gas tóxico, utilizado por una transnacional agroquímica para fabricar plaguicidas.
Desde hace más de una década se viene investigando la relación que tiene el uso de plaguicidas con la rápida y preocupante disminución en las poblaciones de abejas a nivel global.
El pasado jueves 26 de noviembre se aprobó en la Asamblea Legislativa de Costa Rica un proyecto de ley bajo el expediente N.º 21982, en el cual se declara a las abejas de “interés público” y se decreta un día en su honor.
Algunos ecologistas aseguran “Este es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, para consolidar una verdadera protección a las abejas hay que prohibir los agroquímicos que las asesinan. En este sentido, hoy 3 de diciembre, un día mundial de lucha contra los plaguicidas, es urgente detener y revertir el proceso de flexibilización de la normativa de registro de agrotóxicos en el país y hacer los análisis de evaluación de riesgo ambiental a los productos químicos”.
Según el articulo publicado el día de hoy “en lo que va del año, el país ha reportado al menos diez casos de intoxicaciones masivas en apiarios y se estima que han muerto unos 60 millones de abejas. Pero son muchos millones más de abejas, insectos y microorganismos que mueren a diario sin ser contabilizados. La causa central de esta masacre es la agricultura industrial de exportación, que coloca frutas baratas con externalidades incalculables y, como si esto fuera poco, se contaminan las fuentes de agua de las comunidades, la vida silvestre, los ecosistemas cercanos y las personas que trabajan y viven cerca de estas plantaciones”. (1)
“Siendo Costa Rica un país con una alta diversidad biológica y que se promueve como un país protector del ambiente, surgen muchas interrogantes: ¿Se ha realizado la correspondiente evaluación de riesgo ambiental para garantizar la protección del ambiente al momento de registrar estos agro venenos?, ¿qué acciones van a tomar las autoridades en Costa Rica a la luz de este nuevo proyecto de ley de protección a las abejas? Aún sin tener respuestas a esas preguntas debería aplicarse el principio precautorio y prohibir dichos plaguicidas”, aseguraron los ecologistas.
Notas:
1.Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. En el Día Mundial contra los agro venenos, protejamos las abejas. https://semanariouniversidad.com/.../en-el-dia-mundial.../

1.12.20

¿A quiénes y porque les incomoda el acuerdo de Escazú?


Es injustificable seguir poniendo en riesgo a defensores y defensoras de la naturaleza.

Es inaceptable e irresponsable la posición de las cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, las cuales pretenden que siga reinando en el país la impunidad en cuanto a crímenes contra defensores de la naturaleza.

El “Acuerdo de Escazú” fue impulsado y firmado por Costa Rica en 2018 y en este momento se espera que sea ratificado por la Asamblea Legislativa para que pueda ser depositada la adhesión formal en Naciones Unidas y de esta forma entre a regir.

Uno de los alcances, que es importante mencionar, de este acuerdo es que daría la posibilidad de exigir al Estado la protección de los y las defensores ambientales en caso de que sean amenazados o perseguidos por su accionar en defensa de la naturaleza.

Es urgente que se avance en aprobar el Acuerdo de Escazú y para tal objetivo el gobierno de Carlos Alvarado debe comprometerse con éste y priorizar su trámite en la Asamblea Legislativa;

Firmen ya el Acuerdo de Escazú … por la Justicia y la memoria de:

Olof Wessberg (1975) conservacionista que después de una larga lucha de más de 20 años creo  la Reserva Cabo Blanco fue asesinado en una visita Corcovado donde exploraba la idea de convertirlo en parque nacional.

Antonio Zúñiga (1989), muerte en circunstancias no esclarecidas el compañero indígena luchador en contra de la cacería ilegal,  en el territorio Indígena de Ujarrás.

Oscar Quirós (1992), muerte a balazos, este dirigente de la Lucha en contra la deforestación en  Sarapiquí, se cree que fue muerto a manos de madereros debido a sus constantes denuncias.

Jorge Aguilar (SF), cuando luchaba contra la cacería ilegal salió a patrullar en Cartago y familiares encontraron muerto.

Óscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero (1994), dirigentes de la Asociación Ecologista Costarricense que habían participado en una larga campaña contra la instalación de un puerto astillero.

David Maradiaga (1995), tras una misteriosa desaparición de tres semanas. También era parte de la Asociación Ecologista Costarricense.

Kimberley Blackwell (2011), conservacionista canadiense radicada en Costa Rica aparece asesinada dentro de su casa en San Miguel de Cañaza, Puerto Jiménez. La activista tuvo varios enfrentamientos con cazadores ilegales  y se presume que por venganza la mataron.  Inclusive, un cazador de la localidad estuvo en prisión preventiva como sospechoso de su asesinato. Pese a la presión de la familia, quienes contrataron un investigador privado, la embajada y hasta el primer Ministro canadiense, desconocemos si hubo condena por este caso.

 Jairo Mora (2013), ambientalista que protegía las tortugas muerte en Moín y cuatro encapullados lo golpearon matarlo.

Diego Armando Saborío (2014), según la prensa nacional habría sido asesinado “por defender a los animales silvestres de una finca propiedad de su familia, en Chamorro de Cutris en San Carlos” (La Nación, 14 -10-15).

Sergio Rojas (2019), El líder indígena de 59 años fue asesinado el lunes 18 de marzo de 2019 en horas de la noche. Antes de eso sufrió amenazas, intento de asesinato e incluso desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado costarricense protegerlo porque su vida corría peligro. Fue líder de un fuerte movimiento de autonomía indígena y de recuperación de tierras en la Zona Sur del país, fue agredido, perseguido, criminalizado, y encarcelado, hasta que sus adversarios se atrevieron a cruzar la línea…

Yehry Rivera (2020), El pasado 24 de febrero del 2020 Yehry Rivera fue ultimado de cinco disparos por la espalda en medio de un “linchamiento” de usurpadores no indígenas por un terreno recuperado. El asesinato se dio a casi un mes de que se cumpliera un año del asesinato del dirigente bribri Sergio Rojas en el territorio de Salitre.

30.11.20

Cámaras empresariales accionan campaña de desinformación para perpetuar esquema de impunidad en delitos contra defensores ambientales


-Es urgente convocar el Acuerdo de Escazú para discutirlo en la Asamblea Legislativa;

-Empresarios presionan para que no exista un marco legal robusto en materia de delitos contra defensores de la naturaleza;

 (Bloque Verde, 30/11/2020) Es injustificable seguir poniendo en riesgo a defensores y defensoras de la naturaleza. Es inaceptable e irresponsable la posición de las cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, las cuales pretenden que siga reinando en el país la impunidad en cuanto a crímenes contra defensores de la naturaleza.

 Tanto la Cámara de la agroindustria ( ver texto) como la Cámara de Industrias y la Unión de Cámaras Empresariales ( ver texto) , han emitido documentos con afirmaciones temerarias, falsas y cargadas de argumentos ideológicos, en contra de un acuerdo internacional que vendría a ordenar la legislación en carácter de protección de los derechos ambientales, como lo es el Acuerdo de Escazú.

Los argumentos de las cámaras empresariales fueron desmentidos por el foro del Colegio de Abogados (1) del pasado 23 de noviembre. En el foro desglosaron uno a uno los argumentos falaces de los empresarios y dejaron en claro que esta campaña de las cámaras está fundamentada en interpretaciones lejanas a la realidad.

Además, Nicolás Boeglin, especialista en derecho internacional de la UCR señala que el caso de los empresarios costarricenses no es aislado. Boeglin señala que: “... tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional.” puntualizó el abogado (2). 

 La convocatoria de la agenda de proyectos de ley que envió el ejecutivo el día viernes 27 de noviembre a la Asamblea Legislativa dejó de lado la posibilidad de que se vote un acuerdo internacional que vendría a posibilitar la instalación de mecanismos para el acceso a la información y la protección de la seguridad y la vida de las quienes protegemos el agua, la biodiversidad, los ríos, los bosques, la vida silvestre terrestre y marina, etc. 

El nombre completo de este convenio internacional es: El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”. Fue impulsado y firmado por Costa Rica en 2018 y en este momento se espera que sea ratificado por la Asamblea Legislativa para que pueda ser depositada la adhesión formal en Naciones Unidas y de esta forma entre a regir. 

Uno de los alcances, que es importante mencionar, de este acuerdo es que daría la posibilidad de exigir al Estado la protección de los y las defensores ambientales en caso de que sean amenazados o perseguidos por su accionar en defensa de la naturaleza. 

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica señala que no se puede “pensar que Costa Rica por su “liderazgo verde” se encuentra como la excepción en la región Latinoamericana y Caribeña. Sobre la precaria situación que atraviesan las y los defensores ambientales, el recuento de los hechos demuestra que vivimos situaciones que de no ser enfrentadas, podrían derivar en una mayor desprotección de estas personas”(ver texto). 

Este mismo centro universitario señaló que en la historia reciente de Costa Rica existen casos de defensores de derechos humanos y ambientales que han sido asesinados. Los crímenes de Yerhy Rivera en 2020 y Sergio Rojas en 2019; los cuales siguen en impunidad en un contexto de racismo, que impide el seguimiento de las investigaciones para buscar los autores materiales e intelectuales (ver texto).  

Pero a esto se suman otros crímenes más, como el cometido contra Jairo Mora en Moín en 2013. Y recuerda la deuda histórica que tiene el país en la búsqueda de justicia para los integrantes de la Asociación Ecologista Costarricense asesinados 26 años atrás. 

Por esta razón es urgente que se avance en aprobar el Acuerdo de Escazú y para tal objetivo el gobierno de Carlos Alvarado debe comprometerse con éste y priorizar su trámite en la Asamblea Legislativa; de lo contrario está posponiendo de forma injustificable la aplicación de un tratado internacional que vendría a dar seguridad a la labor de miles de personas a nivel nacional. Activistas, ecologistas, campesinos, campesina, indígenas, funcionarios de instituciones que impulsamos la conservación y el resguardo de los ecosistemas, y que en muchos casos lo hacemos a costa de la propia vida o seguridad personal. 


Notas:

1. Charla "Acuerdo de Escazú y sus alcances en la normativa ambiental costarricense"

 https://www.youtube.com/watch?v=9sFJf7bhdKc&list=UUrIRgU3jsDPuy7Gh02MaAkQ

 2. El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación

https://delfino.cr/2020/11/el-acuerdo-de-escazu-a-proposito-de-recientes-comunicados-en-contra-de-su-aprobacion?fbclid=IwAR0R01xRmdY7IG_oo25itSYJ2z2Fr_oKVCqwAqGxMtKOrnaOVAwdoG0g_Qc

24.11.20

SETENA aprueba proyecto de combustión química o incineración en Guanacaste


• Ecologistas interpondrán acciones legales
BLOQUE VERDE 13/01/2021. A finales del año pasado, SETENA aprobó la viabilidad ambiental de proyecto de incineración, bajo la modalidad de gasificación, según consta en la Resolución N°2146-2020-SETENA.
Ante el avance del proyecto de COOPEGUANACASTE, los ecologistas buscaran interponer acciones legales para evidenciar todos los posibles riesgos e impactos que el proyecto conlleva.
El proyecto tiene un costo de más de 38 millones de dólares. Inició el trámite en 2014 y 6 años después, en los últimos días hábiles del 2020, se aprueba sin la mayor participación o publicidad al respecto. La iniciativa se pretende desarrollar en el distrito de Belén del Cantón de Carrillo por parte de COOPEGUANASTE y pretende generar energía con los desechos de la mayoría de los cantones de Guanacaste.
La planta cuenta con una capacidad teórica para generar entre 8 MW y 10 MW de electricidad procesando entre 150 y 180 toneladas de residuos sólidos municipales al día.
La gasificación es un procedimiento de alto consumo energético que intentan reducir el volumen de residuos convirtiéndolos en gas a través de la combustión. La gasificación de residuos está clasificada como una forma de incineración por la Unión Europea y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
Según el informe Análisis del riesgo de las tecnologías de gasificación y pirólisis de residuos de la de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración GAIA “existen muchos ejemplos de plantas que se vieron forzadas a cerrar debido a fallas técnicas y fracaso financiero (…) Se han invertido más de 2 mil millones de dólares solo en los proyectos que figuran en este informe, todos los cuales fueron cerrados o cancelados antes de comenzar las operaciones” (ver informe en https://www.no-burn.org/.../Gasificaci%C3%B3n-y-pir%C3... ).
El documento además señala “que tales instalaciones emiten dióxido de carbono a partir de materiales derivados de fuentes de combustible fósil como los residuos de plástico y carbón”, contrario al propósito de descarbononizar o reducir el calentamiento global.
El citado informe “concluye que los beneficios potenciales de la gasificación de residuos son menores y más inciertos, y los riesgos son mucho mayores de lo que sus proponentes afirman”.
Según la fundamentación en que se basa SETENA para otorgar la viabilidad es que la energía del ICE es de alto costo. Sin embargo, la situación de energética hasta hoy, según el ICE, es bastante distinta pues la generación es 100% renovable e inclusive rechaza seguir comprando energía a los generadores privados por el estancamiento de la demanda. En síntesis, sobra energía y no es necesario más proyectos a corto plazo.
De hecho, en relación con otro proyecto de incineración promovido por FEMETROM, la presidencia del ICE aseguró que tiene cubierta la demanda de Costa Rica en materia de electricidad y que no es del interés del ICE este tipo de actividad ya que buscan una matriz de energía renovable. En la carta del ICE se indica que “El Plan de Expansión de la Generación Eléctrica (2018-2034) concluye que la ruta recomendada muestra que el país tiene garantizada la atención de la demanda eléctrica para los próximos ocho años, a partir de una matriz de generación renovable, confiable y diversa, consolidando un modelo eléctrico nacional basado en fuentes renovables” (oficio 0060-300-2020 de fecha 17-07-2020).
Impacto socioambiental
“La incineración y la gasificación de la basura producen cenizas y escorias tan tóxicos y contaminantes como los desechos radiactivos y hay que confinarlos en depósitos con las mismas condiciones de seguridad tal como lo están haciendo en Alemania” afirmó Ronald Arrieta, especialista en tecnologías de tratamiento de desechos sólidos de la Universidad de Costa Rica en una entrevista sobre el tema (ver entrevista completa en: https://www.informa-tico.com/.../incineradores-basura...)
Arrieta dijo que “es necesario que a la gente le quede claro que, con la incineración la basura no desaparece. La basura al igual que cualquier otra materia no desaparece se transforma. En este caso se transforma en dióxido de carbono que va a empeorar el efecto invernadero. También se transforma en cenizas que están cargadas de metales pesados como el plomo, el cadmio, el mercurio que causan graves daños a la salud humana y el ambiente. No es cierto que esas cenizas se puedan usar como abono, estas cenizas son tóxicas y cancerígenas”.
Agregó Arrieta “Además, se producen gases tóxicos de los cuales no existen registros científicos sobre la cantidad de estas sustancias presentes en el ambiente, que mantienen niveles de inocuidad. Lo peor es que estas sustancias se acumulan en los seres vivos porque nuestros organismos no las pueden digerir y se sabe que son extremadamente cancerígenas”, acotó.
“Hay una dioxina, por ejemplo, que está catalogada como la sustancia más cancerígena que se conoce en el mundo, y esta es solo una de varias toxinas que se liberan al ambiente con la incineración y la gasificación” advirtió el científico de la UCR,
Otra de las preocupaciones de los ecologistas es que el país no cuenta con la estructura jurídica, de laboratorios, ni el personal especializado para poner en práctica la fiscalización de esta actividad y para ejercer los fuertes controles que se requieren para garantizar que se cumpla el reglamento que permite la incineración (Decreto No. 39136-S-MINAE, 15-6- 2015)

20.11.20

Una ley para la privatización de la semilla



(Bloque Verde, 20-11-2020) Hoy la semilla campesina e indígenas puede ser intercambiada o vendida libremente, pero un proyecto de ley intenta cambiar esa práctica milenaria con la excusa de la calidad y el control. Según la OCDE casi el 90% de las semillas que utilizamos en Costa Rica no están sujetas a mecanismos de certificación, por ser en su gran mayoría semillas locales, nativas y criollas.

En la práctica se trata de un mecanismo de restricción de uso de las semillas, una privatización de esta práctica ancestral que ha hecho posible la agrobiodiversidad existente y que se encuentra en extinción por la homogeneización de la agricultura industrial. Se trata del proyecto bajo el título: “Ley sobre la Producción y control de calidad en el Comercio de semillas”, expediente 21087.


Según la Red de Coordinación en Biodiversidad “ese texto fue construido sin ningún tipo de participación de organizaciones campesinas, ecologistas o indígenas, y tampoco ha sido consultado a representantes de estos sectores como parte de su trámite legislativo”.


Por su lado la Red de Mujeres Rurales mediante una carta enviada a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa este proyecto de ley “no parte de una visión integral de la agricultura y el papel de la diversidad de las semillas”. Para ellas “quien controla las semillas controla la agricultura, controla la producción de alimentos y controla la alimentación del mundo y concentra el poder.”


Según la Oficina Nacional de Semillas en nuestro país el negocio de importación de simientes o semillas reporta transacciones de hasta USD$ 36 millones anuales repartidas entre 104 empresas con permisos para vender semillas certificadas, pero solamente 8 compañías controlan el 53% de todas las variedades disponibles comercialmente.

Diversos colectivos y organizaciones le han hecho saber a los diputados que esta ley está hecha para proteger a un sector agroindustrial de producción y comercialización de semillas. Pero además está diseñada para ir en contra de los intereses de la mayoría de la población.


Para la Red de Mujeres “La ley puede provocar una verdadera persecución a las personas campesinas o indígenas que realizan una labor de mucho valor para la humanidad, conservar las semillas, y para conservarlas deben reproducirlas". Esto debido a que se plantean penas e infracciones contra las personas que intercambian semillas locales cuando estas representan una amenaza comercial para las empresas.


Sumando a todo lo anterior es especialmente grave la falta de participación de los pueblos indígenas en un tema que les afecta directamente y es obligatorio consultarles tal como señala el convenio 169 de la OIT.


Según la Asociación De Desarrollo Indígena Bribri Talamanca (ADITIBRI) en una carta enviada a la Comisión de Agropecuarios aseguro que: “hemos mantenido nuestras semillas, intercambiado y reproducido con prácticas milenarias”.


Para ADITIBRI la forma de conservación, reproducción y producción son propias pueblos indígenas, prácticas inclusive antes de la fundación de la República, en este caso, se refiere al convenio 169 OIT indicando, los Estados deberán reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos. La ADITIBRI aseguran que no han sido informados ni consultados y que este proyecto es contrario a las prácticas tradicionales y costumbres de su pueblo y solicitan archivar dicho proyecto de ley.


Hace más de quince  años se ha venido intentando aprobar distintos proyectos de ley relacionados con el tema que tienen serias implicaciones para la agricultura campesina e indígena, así como para el cumplimiento de las obligaciones del país en el marco del Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Agricultura y  la Alimentación (FAO) y la “Declaración de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales” de las Naciones Unidas votada favorablemente por Costa Rica el 20 de noviembre de 2018.


El proyecto de ley expediente n°21087 excluye a las comunidades indígenas y campesinas de los espacios de decisión en materia de semilla. Tanto en la Junta Directiva de la Oficina Nacional de Semillas (ONS), como en la Comisión Nacional de Recursos Fito-Genéticos (CONAREFI), no toman en cuenta a ninguna organización o instancia que pueda defender los derechos de las personas que cultivan la tierra.


Por otra parte, crea un marco de competencia desleal ya que los únicos que podrán venderle al Estado costarricense semillas para las distintas instituciones que tienen programas de asistencia y extensión serán las empresas que logren certificar las semillas. Es decir, que estarían en desventaja pequeñas y medianas empresas que quieran comercializar semillas.

18.11.20

Música, arte y alegría contra la minería






-La minería significaría retroceder diez años en materia de legislación ambiental

(Bloque Verde, 18-11-2020) Este miércoles 18 de noviembre más de veinte organizaciones ambientales han convocado a manifestarse contra la minería a cielo abierto en la Plaza de la Democracia desde el mediodía. 

Mientras la diputados del PLN, PUSC y RN en la Asamblea Legislativa meten el acelerador a los tres proyectos mineros tramitados en las comisiones de Asuntos Sociales, Alajuela y Guanacaste, las organizaciones ecologista no estamos dispuestos a que el país retrocede una década en materia ambiental. Tres proyectos de ley con distinto alcance pero que buscan legalizar la industria destructiva del oro en zonas extremadamente frágiles. 

Ante la amenaza minera el movimiento ambiental responde con música, arte y alegría. En la Plaza de la Democracia se han convocado a artistas como Raza Bronce, Anamá, Cristine Eugene, Comadrelu, Nativa y Andrea Orellanda. Que para medio día de hoy 18 de noviembre se estarán presentando de manera acústica y se estarán distribuyendo información sobre los impactos de la minería a cielo abierto. 

La manifestación ha sido convocada alentando a seguir todos los protocolos de seguridad sanitaria dispuestos por el Ministerio de Salud.



16.11.20

Semana anti-minera: diputados aceleran trámite de proyectos mineros mientras 20 organizaciones ecologistas llaman a movilización



(Bloque Verde, 16/11/2020) Diputados y diputadas empujan aceleradamente proyectos de ley que legalizarían la minería metálica a cielo abierto. En la corriente legislativa se encuentran tres proyectos de ley en tres comisiones distintas. Al mismo tiempo el movimiento ecologista ha convocado a manifestaciones esta semana y ha lanzado el video clip “La Mona Mina”. 

Los tres trámites han sido dispuestos fuera de la comisión permanente de Ambiente de la Asamblea Legislativa para ser discutidos por comisiones como la de Asuntos Sociales, la Comisión de Alajuela y la Comisión de Guanacaste. Lo que pone de manifiesto la poca disposición de los proponentes de estos proyectos para tomar en cuenta los impactos ambientales de una actividad destructiva como la minería. 

Hoy lunes la Comisión Especial de Provincia de Alajuela sesionará a las 10:30AM para tramitar el expediente 22007 "Ley  de  Minería Crucitas" uno se los tres proyectos de ley de minería que existen en este momento en la Asamblea Legislativa. Hoy se desarrollará la audiencia para Andrea Meza Murillo, Ministra de Ambiente y Energía. 

El martes y miércoles, a las 12MD la Comisión de Asuntos Sociales continuará el trámite del expediente  Nº 21.584: “Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica” propuesto por los legisladores del PLN Jorge Fonseca y María José Corrales. 

El movimiento ambiental ha convocado para el día miércoles 18 de noviembre a las 12MD a una manifestación en la Plaza de la Democracia para oponerse a cualquier legalización de la minería metálica a cielo abierto. 

Este lunes se estrenó el video Clip “La Mona Mina” una producción nacional que con música y humor inspirado en un viejo dicho popular para señalar que aunque la minería sea etiquetada como sostenible sigue siendo una actividad destructiva. 

Video Clip Mona Mina: https://www.youtube.com/watch?v=cTAvt64ygcY&feature=emb_title