18.1.07

Por las iniciativas sustentables comunitarias y contra la privatización de la vida

Comunidades exigen retiro de la agenda complementaria de la Asamblea Legislativa y del TLC por oponerse a su estilo de desarrollo

San José, 17 de enero del 2007.- Las organizaciones sociales, ecologistas, campesinas, comunales, cívicas, religiosas y sindicales, reunidas en “el Encuentro bajo la Ceiba” realizado en Coronado del 15 al 17 de enero, hemos unido esfuerzos para fortalecer e impulsar las iniciativas locales de desarrollo que existen en nuestras comunidades campesinas, indígenas y pesqueras. Estas alternativas se caracterizan por ser autóctonas, creativas, consensuadas y con sentido de identidad nacional; se ubican en su mayoría en el mundo rural y han generado un proceso de incidencia política local, regional y hasta nacional. El manejo comunitario del bosque y la biodiversidad, son fundamentos para la organización social y la incidencia política, además buscan consolidar nuestras raíces culturales y costumbres comunitarias, heredadas por nuestros antepasados. Han logrado así una forma de vida y una visión de mundo que busca el desarrollo de una economía solidaria y sustentable.

Estas experiencias se ven altamente amenazadas por los agentes privatizadores que se reflejan en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos que obliga al país a ratificar el Convenio internacional para la protección de los derechos de obtentores (UPOV 91). De esta forma el equipo que negoció este tratado comercial ignoró las soluciones nacionales que existen y han sido presentadas a la Asamblea Legislativa. De igual forma obligó al país a ratificar el Tratado de Budapest, igualmente dañino que UPOV y abre la posibilidad de que en nuestro país se den patentes sobre plantas y microorganismos. De esta forma, lo que hoy es de los y las costarricenses, será propiedad de cualquier transnacional por las facultades monopólicas adquiridas.

UPOV niega los derechos de los agricultores a guardar semillas para la siembra y además exacerba la erosión de la biodiversidad. Favorece a las grandes compañías al facilitar la apropiación de los sistemas nacionales de mejoramiento vegetal. Por su parte el Tratado de Budapest viene a facilitar el requisito de divulgación para la concesión de patentes que involucra a los microorganismos que no son definidos en ninguna parte del tratado; lo que abre la posibilidad, como sucede actualmente en varios países, de que se conciba como tal hasta el tejido humano y la semilla.

A partir de los análisis que hemos realizado exigimos: no aprobar el TLC y su agenda complementaria, que la Asamblea Legislativa abra los espacios de discusión nacional para realizar un amplio debate sin urgencia alguna y que se aboquen a la resolución de demandas locales que sí son prioritarias para el país.

Las razones por las cuales realizamos el presente manifiesto son las siguientes:

UPOV 91

1. UPOV niega los derechos de los agricultores tanto a nivel particular como en su sentido más amplio: se cercena el derecho a guardar semillas para la siembra, no reconoce los derechos inherentes a las comunidades locales en su relación con la biodiversidad como sí lo hace la Ley de Biodiversidad;

2. Las grandes compañías se adueñan de los sistemas nacionales de mejoramiento vegetal en países del tercer mundo: UPOV no habla nada de transferencia de tecnología. Estudios realizados en diversos países latinoamericanos muestran como el gran porcentaje de solicitudes para protección de acuerdo a UPOV provienen de extranjeros en países latinoamericanos (Ecuador el 97%, Colombia el 84%, Chile el 79%, México el 67% y Argentina el 57%);

3. Las grandes compañías adquieren nuestra biodiversidad en propiedad, sin obligación alguna para compartir beneficios: a diferencia de la Convención en Diversidad Biológica, UPOV no dice nada de la distribución justa y equitativa de los beneficios, derivados de la explotación de la biodiversidad, nuestros agricultores e indígenas tienen que pagar regalías por nuestro germoplasma (los genes);

4. Los criterios de protección de obtenciones en UPOV exacerban la erosión de la biodiversidad: se favorece la uniformidad de las especies lo que conduce a pérdidas de cosecha, inseguridad alimentaria y erosión genética;

5. La privatización de los recursos genéticos afecta negativamente la investigación: existe protección a través de mecanismos como UPOV, el traspaso de investigación y tecnología disminuye.

6. Los avances conseguidos para amparar la biodiversidad en sistemas de acceso negociado -como en la Convención en Diversidad Biólogica y la FAO- son socavados por la UPOV: este garantiza la propiedad privada sobre recursos regidos por la soberanía nacional;

7. La adhesión a UPOV supone incorporarse, como parte, a un sistema que apoya cada vez más los derechos de los obtentores industriales en detrimento de los agricultores no industriales y de las comunidades: cada vez se amplían los derechos de los obtentores y se debilita los derechos de los agricultores y el interés público;

8. UPOV no observa las disposiciones del ADPIC y entra en conflicto con el Convenio en Diversidad Biológica: disposiciones referidas a concesión de privilegios entre miembros son más abiertas en ADPIC que en UPOV;

9. El acuerdo ADPIC esta siendo revisado: la próxima reunión de negociación será del 17 al 20 de setiembre 2007 en Ginebra. Es decir las negociaciones sobre la necesidad de contar con un régimen de propiedad intelectual internacional sobre variedades vegetales todavía se esta debatiendo a lo interno de la Organización Mundial del Comercio. Las negociaciones se están llevando a cabo y no han terminado;

10. El grueso de los beneficios irá a parar a países desarrollados: UPOV ha sido diseñado para facilitar el monopolio a las grandes compañías dedicadas al mejoramiento vegetal y casi todo este “mejoramiento” está destinado a los mercados internacionales. Luego de 35 años de existencia de UPOV, la inseguridad alimentaria no se ha eliminado en nuestros países.

Tratado de Budapest

1. En el Acuerdo de los ADPIC no se exige otorgar patentes de variedades de plantas, ni se menciona la protección de “invenciones biotecnológicas”, ni el depósito centralizado de microorganismos.

2. Nuestra pertenencia a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) tampoco nos obliga a adherirnos a esos tratados o convenios.

3. El TLC propone el Tratado de Budapest para “facilitar el requisito de divulgación para la concesión de patentes que involucran microorganismos” y en primer lugar a las corporaciones transnacionales.

4. Este Tratado de depósito de microorganismos dadas las dificultades inherentes a su descripción, demuestra el hecho absurdo de que alguien quiera declarar de su “propiedad” cualquier forma de vida cuando ni siquiera es capaz de cumplir con uno de los tres requisitos de divulgación para obtener una patente, como es la descripción.

5. En las discusiones del Consejo de los ADPIC como en este mismo Tratado ni tan sólo se ha llegado a un acuerdo para definir lo qué es un microorganismo.

6. Las empresas transnacionales crean su propia legislación en propiedad intelectual a fin de eliminar cualquier obstáculo para sus ganancias, eliminando la legislación propia de la soberanía del país.

7. Que la “armonización” de todos los distintos convenios y tratados de propiedad intelectual llevará a una concentración de poder adicional en detrimento de los países no industrializados.

8. No podemos abdicar a nuestro derecho de seguir luchando en los foros multilaterales: en el Consejo de los ADPIC en la OMPI, en la FAO y en el Convenio de Diversidad Biológica, para abolir los llamados “derechos” de propiedad intelectual sobre formas de vida y así proteger nuestros recursos naturales y exigir respeto al conocimiento tradicional.

9. Teniendo en cuenta lo anterior, es absurdo admitir que simultáneamente nos obliguemos a firmar acuerdos tipo ADPIC-plus en el TLC sin posibilidad de retorno, independientemente de lo que se está exigiendo y se acuerde en otros foros multilaterales.

10. Los gastos incurridos para los pagos del representante y los suplentes a las asambleas y reuniones convocadas, representan una carga adicional para el pueblo (Regla 14: Gastos de Delegaciones); a pesar de que en la Introducción del expediente 16.123 se menciona que la adhesión e implementación del Tratado de Budapest no representa ninguna carga económica para el país porque no se exige a los Estados el pago de contribuciones a la oficina internacional de la OMPI.

ORGANIZACIÓNES FIRMANTES


ACCESO

ADEUCA/

AESO

ANEP

ANTTBP

ASAJUP

ASCOMAFOR

ASICAR

Asoc. de Productores de Cacao Orgánico de Upala

ASOCOVIRENAS

CMC San Carlos

COECOCEIBA-AT

Comité Cívico de Cañas

FECON

FOSBAS

Fundación Etnoecológica

FUNDECOA

Grupo de Apoyo Islas del Golfo

Iglesia Luterana Costarricense

MAOCO/ Red Biodiversidad

OSA

Red Coordinación en Biodiversidad

UNAG

UNOVIDA

UPAP. Puriscal


16.1.07

Aceleran nefastos proyectos ambientales complementarios al TLC

Ecologistas solicitan espacio para sustentar su opinión

Diferentes comisiones legislativas aceleran simultáneamente, la discusión de una serie de iniciativas de ley relacionadas con el TLC (agenda de implementación) que tienen profundas implicaciones sobre el ambiente y los derechos de campesinos e indígenas sobre sus tierras.

La Comisión Especial de Ambiente analiza el expediente nº 16.279 del Acuerdo de Cooperación Ambiental entre los países firmantes del TLC. Este convenio no subsana y más bien agrava las disposiciones contenidas en el TLC que afectarán en forma fuerte y negativa nuestras políticas y legislación ambiental provocando de esta forma, una reducción en la soberanía nacional en la definición de las mismas. Este convenio que se ha usado como propaganda para favorecer el TLC no significa ningún avance positivo para nuestro país en materia ambiental. Este convenio atenta contra derechos de participación, transparencia y deja abierta la posibilidad de privatización y explotación de áreas protegidas.

En la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios se aceleró la aprobación del expediente nº 16.327 del proyecto de Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales UPOV-91. Este convenio otorga, por primera vez en la historia de Costa Rica, un tipo de propiedad intelectual sobre variedades de plantas, algo parecido a las patentes industriales. En el pasado reciente, dos legislaturas rechazaron la aprobación de este convenio internacional porque anula los derechos de los agricultores a guardar semillas para la siembra, intercambio, mejora y libre venta, y promueve el monopolio de empresas transnacionales sobre las plantas. Además este convenio socava los escasos avances conseguidos para proteger los derechos de los pueblos sobre los recursos de biodiversidad. Ambientalmente este convenio implicaría una homogenización de las semillas y el consecuente aumento del uso de agroquímicos.

En la Comisión Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, expediente n° 16.123 se está aprobando la adhesión de Costa Rica al Tratado de Budapest. Este tratado es sobre patentes de Microorganismos y contiene una serie de implicaciones similares a las de UPOV que es posible evidenciar en los países donde se ha implementado.

Estos tres proyectos se suman a otros tres ya dictaminados sobre propiedad intelectual que están viéndose en el Plenario Legislativo.

Para avanzar y aplicar los mismos cuestionados procedimientos que se aplicaron al dictamen del TLC se están habilitando en los diferentes espacios legislativos sesiones extraordinarias sin contemplar otro objetivo que el de dictaminar o aprobar lo antes posible el proyecto. Por ejemplo la Comisión de Agropecuarios está sesionando lunes15 y martes 16 después de finalizado el plenario hasta las doce de la noche y la Comisión de Internacionales va a sesionar mañana martes y el miércoles a partir de las 9:00 a.m. así como el jueves a partir de la 1:15 de la tarde.

Para los ecologistas si dos legislaturas anteriores rechazaron un proyecto tan nefasto como UPOV-91 ¿cómo es posible que ésta quiera ignorar las razones de peso que lo llevaron a su rechazo y que se quiera negar la participación de especialistas en las discusiones?. En este sentido los ecologistas solicitarán su participación así como el llamado a la movilización de su sector y animarán al sector campesino e indígena a sumarse a las actividades y estar alertas.

FECON

TLC REAFIRMA REGALO DE NUESTRO

Por Freddy Pacheco León. Catedrático UNA. fpacheco@una.ac.cr

Actitud entreguista.Cual si no se conociera la sobrepesca irracional sobre los recursos marinos a nivel mundial, los costarricenses que negociaron en el marco del TLC nuestros recursos naturales, cual si fueren de su propiedad, aceptaron la imposición de los grandes intereses transnacionales y reafirmaron la práctica entreguista de regalar a poderosa flota extranjera los permisos para pescar atún en nuestro mar. Muy seguros de satisfacer los intereses egoístas de los dueños del monopolio del comercio del atún enlatado y de los que, desde el inoperante Incopesca, parecen esmerarse en que tal regalo se mantenga en el tiempo, simplemente le dieron la espalda al pueblo costarricense y entregaron en bandeja de oro la riqueza atunera nacional.

En concordancia con la insólita decisión legislativa de no tocar ese tema durante el trámite de aprobación de la "nueva" (¡sin serlo!) Ley de Pesca, en el TLC se establece que "Las embarcaciones de bandera extranjera podrán pagar un canon menor y beneficiarse de que se les prorrogue en forma automática su permiso de pesca si éstos suministran su captura a empresas nacionales" (Anexo I, Lista de Costa Rica). Así, prácticamente se transcribió en el Tratado, el artículo conque manos innobles ensuciaron la visionaria "Ley Ferreto", reflejando el nivel de influencia que tuvo la autollamada "industria atunera costarricense" en las decisiones de los "negociadores". Normas que mientras por un lado, permiten la sobrepesca indiscriminada y sin control del atún barrilete y aleta amarilla del océano Pacífico, por otro lado invitan a las transnacionales atuneras a pescar, comercializar e industrializar, prácticamente gratis, la riqueza natural marina más importante de Costa Rica.

Transnacionales alertas. Asimismo, gracias a que se profundizan en el TLC los "derechos y obligaciones" de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), estableciendo a conveniencia los conceptos de "nación más favorecida" y "trato nacional", según sean los intereses presentes en el "casino" mercantil, poco a poco y sin mover las aguas, cual sigilosos tiburones, transnacionales atuneras estadounidenses y del otro lado del Atlántico, han ido instalándose en el istmo. En El Salvador, Nicaragua, Guatemala, anuncian que los grupos atuneros españoles, Calvo y Albacora están interesados en la construcción de plantas enlatadoras en sus territorios y en el abanderamiento de buques de pesca. En "El Nuevo Diario" (Nicaragua) del 7 de noviembre del 2005, se informa que "Cinco barcos atuneros de bandera nicaragüense, pero de capital extranjero, están pescando atún desde hace unos meses en aguas internacionales... Pero el principal beneficio del atún está en la instalación de una planta procesadora, algo en lo que ya se interesó un inversionista español." Y agrega: "En la región existe inversión española en Guatemala y El Salvador en procesamiento de atún. En El Salvador, el grupo español Calvo está por inaugurar una planta procesadora."

Aunque en el Washington Post del 16 de agosto, 2005, la periodista Krissah Williams escribe que no será fácil para las atuneras centroamericanas ingresar al mercado de los EUA en vista que en el TLC persisten aranceles para el atún enlatado para los próximos 10 años, más recientemente el salvadoreño "La Prensa Gráfica" (19 de noviembre, 2005) señala que "El Grupo atunero español Calvo no quiere dejar cabos sueltos para garantizarse un lugar en el mercado norteamericano tras la vigencia del acuerdo comercial". Y es más, dice la misma información que el director de operaciones de la multinacional declaró que "Nuestro mercado meta es el más grande del mundo: Estados Unidos... pues con el CAFTA la empresa puede enviar atún en aceite libre de aranceles y en 10 años no pagar por el atún en agua."

Atún costarricense. Ahora cabe preguntarse: ¿Dónde pescarán esas miles de toneladas de atún que piensan exportar? Si una de las más ricas áreas atuneras del Pacífico latinoamericano se localiza en el "domo térmico de Costa Rica", zona marítima de alta productividad biológica presente en buena parte de los 540.000 km2 de nuestra zona económica exclusiva, podríamos inferir que es precisamente allí a donde acudirán los buques atuneros. Además, si los promotores de la entrega del atún han logrado incluir en el TLC el "incentivo" de las licencias de pesca gratis y si, como está confirmado, el Incopesca (desde sus días iniciales bajo el mando de don Luis París Chaverri) ha defendido como buena, esa insólita práctica neocolonialista, ¿cuál será el futuro de las poblaciones de atún costarricense?

Y es que mientras nuestro país siga dejando en manos del director de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), la responsabilidad de determinar cuánto atún se pesca en Costa Rica y, asimismo, siga confiando inocentemente en los informes de pesca "confidenciales" de los pescadores extranjeros (de los cuales ni siquiera recibe copias el Incopesca), jamás vamos a poder saber con exactitud cuánto atún se pesca y, más peligroso aún, jamás vamos a tener los datos de captura que nos permita evaluar los peligros de la sobrepesca. Para los habitantes de las islas Samoa (territorio insular estadounidense) dependientes de la pesca y procesamiento del atún, el TLC de su gobierno con el istmo representa una amenaza real a las poblaciones de atún del Pacífico pues prevén como, ante los buenos precios internacionales del recurso, la flota abanderada en centroamericana hará todo lo posible por obtener los mayores beneficios económicos del acuerdo comercial, al más corto plazo. Si hoy se estima que Costa Rica aporta al menos $100 millones de dólares anuales en atún (¡pescado enteramente por la flota extranjera!) la cifra podría aumentar hasta niveles insospechables.


Amenaza de sobrepesca.
Según la organización Greenpeace, el atún aleta amarilla está bajo amenaza inmediata de sobreexplotación, por lo que instan a que no se aumente la pesca de esta especie. Sin embargo, aunque se especifica que la industria pesquera debería investigar sobre nuevas
técnicas de pesca, más selectivas y menos destructivas, también se reconoce que tales recomendaciones están siendo ignoradas, tanto por las naciones pescadoras como por las dueñas del recurso, como Costa Rica. Actitudes semejantes permitieron la matanza de seis millones de delfines del Pacífico latinoamericano en tan solo 15 años, de parte de los inescrupulosos pescadores de atún. Sólo en Costa Rica se mataban 60.000 delfines al año... Ahora el peligro recae sobre la supervivencia de las especies de atún aleta amarilla y barrilete, y pareciere que sobre esto no se han enterado las autoridades gubernamentales. Mientras tanto, las transnacionales atuneras han movido a sus gobiernos (por ejemplo México) a reclamar el cumplimiento de los principios del GATT ante la OMC pues interpretan que las "restricciones" impuestas a favor de un atún "Dolphin Safe" son contrarias al libre comercio...

Amarrados por el TLC. En resumen, de aprobarse el TLC, los gobernantes costarricenses no podrían, aunque así lo quisieren, corregir la Ley de Pesca en cuanto a la irracionalidad de seguir regalando el valioso atún nacional a la flota extranjera. Tal práctica, al estar incluida como parte de lo negociado, no podría ser modificada, a no ser que nos expongamos, como Estado, a las demandas inherentes a un tratado comercial como el que nos amenaza. Asimismo, al encontrar en otros países del istmo las posibilidades de pescar atún como centroamericanos, las transnacionales han encontrado la forma de explotar, cual si fuere de ellas, el soslayado atún costarricense, lo que conducirían inevitablemente a una situación de sobreexplotación donde los ganadores y perdedores están bien identificados. Así, hemos de salir al rescate de los recursos atuneros que forman parte del amenazante TLC... aunque el nuevo presidente ejecutivo del INCOPESCA (máster Carlos Villalobos) cree necesario y urgente su aprobación.