Ambientalistas preocupados por impacto en seguridad alimentaria
Por Javier Cordoba Morales en Semanario Universidad. Edición 520. Las consecuencias en la biodiversidad también desvelan a los ecologistas. Las leyes y convenios sobre propiedad intelectual están de moda en la Asamblea Legislativa, pero no porque sean prioritarios para el país, sino porque son requisito para aprobar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) junto con organizaciones como la Red de Biodiversidad, consideran que se perjudicará gravemente a la agricultura en particular la orgánica (aquella que se realiza sin productos artificiales) con la aprobación de estas leyes.
Se trata del ya conocido y polémico Convenio de la Unión Internacional para la Protección de Variedades de Plantas ( UPOV-91 ), que se conoce con el nombre de Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales.
De acuerdo con el PAC y las organizaciones, UPOV-91 es un acuerdo en el que los países se comprometen a dar marco legal para otorgar una especie de patentes o derechos de propiedad intelectual sobre especies vegetales.
La Federación Costarricense de Conservación del Ambiente (FECON), manifestó que los anteriores diputados rechazaron el convenio UPOV-91, pues "anula los derechos de los agricultores a guardar semillas para la siembra, intercambio, mejora y libre venta, y promueve el monopolio de las empresas transnacionales".
"Además, este convenio socava los escasos avances conseguidos para proteger los derechos de los pueblos sobre los recursos de biodiversidad. Ambientalmente este convenio implicaría una homogenización de las semillas y el consecuente aumento del uso de agroquímicos", añade FECON en su denuncia.
COMISIONES TOMADAS
El diputado del PAC e integrante de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, José Joaquín Salazar, informó que en este momento UPOV-91 es el Único proyecto convocado por el Poder Ejecutivo para este período de sesiones extraordinarias.
Para Salazar, esto perjudica al sector agrícola costarricense, pues quedaron fuera de agenda proyectos importantes como FIDEAGRO, fondo con el cual se busca comprar la deuda de pequeños agricultores.
Además, el legislador señala que este convenio fue rechazado en dos legislaturas anteriores, e incluso con el voto negativo de la hoy Vicepresidenta de la República, Laura Chinchilla, al tiempo que muestra serios roces con legislación vigente como la Ley de Biodiversidad.
Situación similar se da en la Comisión de Asuntos Ambientales, donde según la diputada del PAC, Grettel Ortiz, solo se conoce el Acuerdo de Cooperación Ambiental entre países firmantes del TLC; mientras que han pasado meses sin noticias de la Ley de Recurso HÌdrico.
"Este convenio no va a subsanar de forma alguna los defectos del TLC en cuanto a recursos naturales. Por el contrario los agrava, la redacción del convenio es confusa y conforma un comité centroamericano con un representante de Estados Unidos, va a tener duplicidad de funciones con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, con lo que se tendría que dar un doble pago de representantes", explicó Ortiz.
En la Comisión de Internacionales, luego de que han dictaminado el TLC, ahora valoran el Tratado de Budapest, el cual según FECON, tiene implicaciones similares a UPOV-91, pero con la variante de que en este documento se declara la propiedad sobre microorganismos.
AMPLIAR LA DISCUSION
Ante esta "toma" de la agenda legislativa, sectores ecologistas y de agricultores han abogado por que se realice una discusión amplia en la que se les tome en cuenta, y se dé prioridad al desarrollo de las comunidades.
Heidi Murillo, comunicó a nombre de la Red de Biodiversidad la preocupación que existe por la eventual aprobación de estas leyes, y el impacto que podrían tener en los agricultores.
"UPOV-91 niega los derechos de los agricultores a guardar semillas para la siembra y además exacerba la erosión de la biodiversidad. Favorece a las grandes compañías transnacionales al facilitar la apropiación de los sistemas nacionales de mejoramiento vegetal", expresó Murillo
Isaac Rojas, representante de FECON, comentó en la necesidad de que se les dé espacio como sector para expresar su opinión, ya que estudian este tipo de convenios y su impacto desde 1999.
"El año pasado presentamos un proyecto del ley que cumple con las condiciones necesarias que el país tiene con la OMC para cumplir en esta materia, es decir somos gente capacitada en esta materia, con capacidad de diálogo y discusión, y en esta asamblea los partidos tradicionales nos están cerrando la posibilidad de debatir ideas", expresó Rojas.
AGRICULTURA ORGÁNICA EN PELIGRO
Eva Carazo, representante de Movimiento de Agricultura orgánica de Costa Rica (MAOCO), comentó que los proyectos de implementación del TLC en materia de propiedad intelectual también afectan al pujante sector de la agricultura orgánica.
Los actuales diputados aprobaron por unanimidad la Ley de Agricultura orgánica el año anterior, pero de acuerdo con Carazo, podrían "tirar a la basura" esta ley si se aprueban convenios como UPOV-91.
La Ley de Agricultura orgánica dice expresamente que se reconoce el derecho de los agricultores a utilizar, multiplicar e intercambiar libremente las semillas y la obligación del Estado costarricense de proteger la semilla criolla, de fomentarla, precisamente bajo la lógica colectiva que ha funcionado de forma ancestral, comentó Carazo.
Para la representante, esta contradicción se convierte en un nuevo frente de lucha contra el TLC, que afecta al vulnerable sector agrícola.
"Nosotros en el MAOCO sentimos que ahora que se aprobó la ley tenemos una bandera más que defender de cara al TLC, que necesitamos que la ley se ponga en práctica y no podemos empezar a cortarle un brazo por aquí y otro por allá como lo hace la agenda de implementación", concluyó Carazo.
Cabe recordar que la aprobación de UPOV como requisito del TLC fue precisamente el tema que justificaba la consulta a los pueblos indígenas, según lo obliga el Convenio 169 de OIT.
Pero la Comisión de Relaciones Internacionales consideró el año anterior, que este convenio no afecta a los pueblos nativos, y por tanto no era necesaria la consulta.
