Fuente : semanario.ucr.ac.cr edicion 526. Por Javier Córdoba Morales. Los representantes del Consejos Universitarios de la UCR y el Instituto Tecnológico (ITCR) alertaron a los diputados que integran la Comisión de Asuntos Agropecuarios, sobre los peligros que tiene la Ley de Obtenciones Vegetales para los agricultores y el proceso de investigación.
Marta Bustamante, representante del Área de Ciencias Agroalimentarias ante el Consejo, Luis Felipe Arauz y Jorge Lobo especialistas en fitopatología y biología respectivamente y la Directora del Consejo, Montserrat Sagot visitaron hace dos semanas esta comisión legislativa, para señalar las amenazas que tiene esta proyecto, como requisito para el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y los Estados Unidos.
Bustamante comentó a los diputados que una de las razones para oponerse a la iniciativa radica en el hecho de que permite que se patente el paso final de un proceso de mejora vegetal, por lo que se regalan las décadas que los agricultores han utilizado para mejorar una semilla.
"Durante cierta época decíamos que vendíamos cacao para comprar chocolate, ahora es peor con esta ley, porque ni siquiera nos van a pagar por el cacao. Las empresas están recogiendo lo mejor de cada país y eso lo utilizan para su mejoramiento, le van a quitar al agricultor la semilla que ha mejorado durante décadas para hacerle una mejora final", comentó la representante de la Universidad de Costa Rica (UCR).
PATENTAR LA VIDA
En representación del Consejo del ITCR, el Rector Eugenio Trejos, fue claro al expresar que el proyecto en cuestión afecta a los sectores más vulnerables, y advirtió que se trata de una simple copia del convenio UPOV 91, que ya fue rechazado dos veces en legislaturas anteriores.
"Se niegan los derechos históricos y culturales de nuestros agricultores y comunidades indígenas, y las grandes compañías transnacionales se apropian de los sistemas nacionales de mejoramiento vegetal. Adherirse al UPOV implicaría para nuestra nación que nos incorporemos a un sistema que prioriza los intereses de los obtentores industriales, en detrimento de nuestros agricultores y comunidades indígenas", expresó Trejos.
Marta Bustamante de la UCR es de la tesis de que es difícil controlar o evitar que la variedad de una semilla se mueva de un lugar a otro, o incluso contamine el cultivo de un agricultor, por lo que éstos se verían expuestos a sanciones sin siquiera saberlo.
La académica indicó que la ley propuesta extiende la protección de una variedad durante varias generaciones, desconociendo las variaciones genéticas que a lo largo del tiempo que sufre una semilla, que la hacen distinta de la planta original.
"La protección se extiende durante varias generaciones, por lo que desconoce las variaciones que puede sufrir la semilla por la reproducción sexual o el ambiente, es un mecanismo para patentar una forma de vida. Ya no estamos en presencia de una misma planta, aunque mantenga características de la variedad registrada", comentó Bustamante.
Del mismo criterio fue al ingeniera Nancy Hidalgo, del ITCR, para quien un sistema de patentes como el que se pretende implementar, solamente haría más difícil la investigación.
"Esta es una ley que enmascara el patentamiento de la vida. Se presenta como una ley que tiene que ver con la protección de fitomejoradores, pero al final lo que estamos haciendo es entregando nuestros genes para que otros los patenten, los utilicen y les saquen provecho", alertó Hidalgo.
SIN COHERENCIA
Luis Felipe Araúz de la UCR comentó que el proyecto de ley tiene problemas de coherencia entre sus objetivos y los métodos propuestos.
Uno de los objetivos que señala la iniciativa es estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología por medio de la protección a la investigación, pero con ello se protege al que descubre y desarrolla una variedad, y también a quien la "pone a punto".
"Eso de poner a punto es un término muy ambiguo que se presta para cualquier abuso, en realidad eso no es un proceso de investigación de muchos años que merezca ser protegido; alguien que descubre una variedad y la pone a punto puede ser que merezca un reconocimiento, pero protegerlo por 25 años es una exageración", expresó Aráuz.
Señaló que lejos de estimular el desarrollo científico, el imponer patentes sobre formas de vida lo que hace es atrasar la investigación.
"Está demostrado con el proceso de "patentamiento" de vida que lo que se ha hecho es retrasar el desarrollo científico y tecnológico, pues se patentan formas de vida, se convierte en un monopolio privado que impide que otros científicos tengan acceso a esas formas de vidas para desarrollar otras variedades", añadió Araúz.
Para el especialista, "aquí se esta fomentando el monopolio de la semillas, y por otro lado se está tratando de abrir monopolios que benefician a grandes mayorías como el Instituto Costarricense de Electricidad, entonces no hay congruencia", afirmó.
POR EL BIEN COMÚN
Para ilustrar la condición monopólica de la industria que patenta semillas, el profesor Jorge Lobo mostró a los diputados algunas cifras interesantes.
"Tres compañías, dos norteamericanas y una francesa, controlan el 80% del comercio mundial de semillas. Si vemos el caso de México, entre 1996 y el 2002 fueron registradas 625 variedades, de las cuales el 63% fueron registradas por compañías extranjeras, mientras que gran parte del 37% restante corresponde a subsidiarias locales de esas transnacionales. Esas empresas llevan una enorme ventaja en esto", explicó Lobo.
Tanto los representantes de la UCR como del ITCR, señalaron que ambas instituciones se podrían beneficiar de un sistema de patentes como el que se propone, pero por encima está el interés nacional.
"Llegamos a la conclusión de que eventualmente la UCR sería una las instituciones que se beneficien con el proyecto, porque podríamos patentar algunas de estas variedades que la Universidad ha producido, pero la vocación de la Universidad de servicio social, de espíritu de bien común, nos lleva moralmente a oponernos a un proyecto de esta naturaleza, porque creemos que tendría muchos más efectos negativos que positivos en los agricultores", expresó Sagot.
Diputado afirma que nada cambiará
Luego de finalizada la audiencia del Consejo Universitario de la UCR ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios, la directora del este órgano académico se quejó por la poca disposición que muestran los diputados que favorecen el TLC para escuchar sus argumentos sobre la Ley de Obtenciones Vegetales.
"Da la impresión de que por más argumentos sólidos que se presenten, por más estudios, no hay una escucha realmente abierta, se hace un gesto de invitar a la UCR, se cumple como con una especie de mandato solicitado por los mismos diputados, pero que en este caso ni siquiera se quiso extender la sesión por 5 minutos para dejarnos responder algunas preguntas que eran importantes", expresó Sagot a UNIVERSIDAD.
El reclamo de Sagot se vio confirmado cuando UNIVERSIDAD abordó al diputado del Partido Liberación Nacional, Luis Carlos Araya, para quien la exposición de la UCR fue repetitiva, mientras que la del ITCR fue excelente; pero afirmó que su criterio sobre el proyecto no cambiará.
"Nosotros atendimos la solicitud de los compañeros del PAC de que era conveniente recibir más audiencias, y como un gesto de comprensión a sus inquietudes, estamos dando espacio para que puedan hacerse presentes compañeros que vienen a veces a ratificar lo mismo ya han dicho", afirmó Araya.
Al consultarle sobre la utilidad de las audiencias para formar su criterio sobre el proyecto, Araya respondió: "Yo siento que en mi caso ya hemos profundizado mucho en el estudio de éste proyecto, no creo, la verdad y menos leyendo los mismos argumentos, no creo que vayan a variar la decisión final de la Comisión".
El diputado José Merino, comentó que "es realmente lamentable que ante criterios científicos, criterios de bien común, de interés público, que esta Asamblea esté secuestrada por quienes negociaron el TLC y al servicio de las transnacionales y no del país. Se está legislando para las transnacionales", criticó Merino.
