6.12.06

Zona Norte no será Minero


Sala Cuarta anula concesión y se rechazan todos los alegatos de la Empresa.
Ecologistas festejan pero seguirán alertas.

El voto es contundente y declara que el Transitorio I, del decreto que otorgó la concesión en el que quería basarse la empresa, NO PREVALECE sobre el principio precautorio y el artículo 50 de la Constitución.

La resolución Nº 2006-014421 del veintisiete de septiembre del 2006 rechaza la solicitud de aclaración y adición realizada por la empresa Industrias Infinito S.A. que quería revertir la anulación dictada por la el Tribunal en noviembre del 2004.

El recurso de amparo fue presentado en abril del 2002 por Carlos Murillo y Diana Murillo, por violación al artículo 50 de la Constitución Política. El escrito reclama que la explotación minera en esa zona es violatoria de Convenios Internacionales como el de Biodiversidad Centroamericano. Los recurrentes miembros del Frente de Oposición a la Minería de la Zona Norte, señalan en el recurso que cualquier actividad comercial o industrial que afecte las áreas protegidas por el convenio no pueden establecerse en la zona.

Satisfacción con cautela es la reacción de los activistas. Mauricio Álvarez de FECON aseguró que la conducta de esta nociva actividad y de las trasnacionales que las promueven ha sido imponer la minería desde hace 12 años recurriendo a demandas en Tribunales Internacionales y decretos como el impugnado por la Corte firmados por el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, agobiado hoy en día por denuncias de corrupción. Nosotros creemos que nuevamente será una demanda amparada en el Acuerdo de Inversiones del TLC con Canadá, medio que esta compañía utilizara para presionar al gobierno por una nueva concesión. De acceder el gobierno tendría que derogar primero el decreto de moratoria del anterior gobierno.

Moratoria impediría actividad. Al perder el derecho de concesión al proyecto se aplicaría el decreto de moratoria a la minería a cielo abierto en junio del 2002. La empresa canadiense encargada del proyecto resultó exonerada por un cuestionado decreto firmado unos días antes de las antepasadas elecciones. Con esta resolución perdería los derechos adquiridos y aplicaría el decreto de moratoria.