25.1.22
Se manifiestan contra la violencia y la impunidad
13.1.22
Sin justicia no hay democracia.
25.10.21
Protesta contra privatización de las semillas
16.10.21
Ley para privatizar las semillas de nuevo
Ilegaliza y multa la comercialización de semillas criollas
(Bloque Verde, 16-10-2021)El actual texto sustitutivo nombrado como “ley para la modernización de la oficina nacional de semillas” expediente N#21087, conocido como Ley de Semillas, es un nuevo intento del sector agrocorporativo y sus socios del Estado para beneficio del sector agroindustrial de producción y las transnacionales de la comercialización de semillas.
Es un negocio potencial de 400 millones de dólares al año para las transnacionales como Bayer, Corteva, ChemChina y Limagrain que hoy controlan más del 50 por ciento de las semillas del mundo. Este proyecto de semillas viene a fortalecer el monopolio de las semillas y por ende el control de los alimentos del mundo.
Es un mercado potencial pues actualmente según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) casi el 90% de las semillas que utilizamos en Costa Rica no están sujetas a mecanismos de certificación, o sea que la gran mayoría semillas son variedades locales, nativas y criollas. Ese 90 % es un gran y jugoso negocio.
Según la Oficina Nacional de Semillas en nuestro país, el negocio de importación de simientes o semillas reporta transacciones de hasta USD$ 36 millones anuales, repartidas entre 104 empresas con permisos para vender semillas certificadas, pero solamente 8 compañías controlan el 53% de todas las variedades disponibles comercialmente.
Entonces si sacamos la calculadora sabemos para quien está trabajando la Oficina Nacional de Semillas y la mayoría de diputadas y diputados que impulsan este proyecto de ley que han intentado aprobar desde inicios de la década del 2000.
Esta iniciativa de ley no fue consultada debidamente a los pueblos indígenas a pesar del derecho que les asiste con el Convenio 169 de la OIT. Además, tiene implicaciones para la agricultura campesina, así como para el cumplimiento de las obligaciones del país en el marco del Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la “Declaración de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales” de las Naciones Unidas votada favorablemente por Costa Rica el 20 de noviembre de 2018.
Este proyecto convierte en ilegales las condiciones actuales de comercialización de semillas criollas al imponer parámetros y características de semillas comerciales (art. 29). También, crea hasta una "policía" de las semillas si en plena crisis fiscal y recortes a todo el empleo público, estos “inspectores oficiales” tendrán “fe pública y en el ejercicio de sus funciones tendrán acceso a cualquier propiedad pública relacionada con este campo,” (art. 15 y 16).
Para cerrar el círculo de represión en contra de nuestros labriegos y sencillos imponen multas por comercializar semillas de hasta 5 salarios base, aproximadamente 2.3 millones de colones (Art. 39 y 40).
Para completar el subsidio a las transaccionales, la Oficina Nacional de Semillas dedicaría, con fondos públicos, parte de su trabajo para incentivar y promover las semillas privatizadas (Art. 2 y 13) y muy seguramente toda la semilla que compre el Estado tendría que ser certificada lo que implicaría unas jugosas ganancias a las compañías más ricas del mundo, que hoy deberían estar más democráticamente distribuidas entre nuestro campesinado.
Este sería el segundo intento de los gobiernos del PAC de privatizar las semillas.
En mayo del presente año La Red de Mujeres Rurales con el apoyo legal del Frente Amplio ganó el juicio contra el Decreto Ejecutivo No. 40300-MAG que pretendía restringir el libre uso y comercio de semillas tradicionales, locales y criollas.
El Tribunal Contencioso Administrativo declaró la nulidad absoluta del Decreto Ejecutivo ordenó al Poder Ejecutivo a «cumplir con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, con los artículos 82 y siguientes de la Ley de Biodiversidad y proceder a consultar previamente el criterio de las comunidades locales y pueblos indígenas sobre cualquier disposición normativa susceptible de afectar el uso de variedades locales, tradicionales y criollas de la biodiversidad, incluidas las semillas».
El decreto pretendía abrir un portillo para que las semillas criollas debían inscribirse en un registro previo a legalizar su comercialización. Sin dicho registro, no se permitiría realizar actividades con fines de lucro, abriendo paso a la industria de las semillas y desplazando las prácticas tradicionales.
26.3.21
Apicultores denuncian más millón de abejas envenenamiento en Liberia
El año pasado murieron envenenadas casi cien millones de abejas en Costa Rica
Según Céspedes, en las fincas del
sector no existen cultivos agrícolas veraniegos, pero sí hay ganaderías, por lo
que apunta que la contaminación puede estarse dando desde las fuentes de agua
que utilizan tanto sus abejas como el ganado. Al parecer, los ganaderos usan
equipos de aspersión para bañar a sus reses, las cuales terminan contaminando
los bebederos con sustancias químicas veterinarias que resultan altamente
tóxicas; generado la masiva muerte de las abejas. ‘’A lo largo de mi vida como
apicultor mis abejas han sido víctima de intoxicaciones por lo menos en tres
ocasiones, unas leves y otras más catastróficas.
De acuerdo con los datos
revelados por Céspedes, fue envenenado uno de sus apiarios que tiene 19 núcleos
para crianza de reinas y treinta colmenas, de las cuales al menos 10 murieron
totalmente. Las pérdidas superan los 5 millones de colones, sin considerar el
enorme daño ambiental generado de manera directa por la pérdida de los citados
agentes polinizadores.
‘’Por ejemplo: aquí fumigan las
vacas con unos químicos muy letales, pero no se ha podido establecer cuáles son
los que mataron mis abejas porque los funcionarios de SENASA no han recolectado
muestras de las abejas muertas para que las analicen en sus laboratorios. Yo
vivo cerca de mis apiarios y aquí estoy a la espera de que vengan las personas
del SENASA a investigar lo que sucedió’’, añadió.
El año pasado la Cámara de
Nacional de Fomento de la Apicultura denunció que los agroquímicos están
matando 250 mil abejas cada día catalogando la realidad como el “Armagedón de
las Abejas” “masacres de abejas o apicidios”. Esta cantidad diaria de muertes
de abejas diarias equivalen a 92 millones de abejas menos por año, unas 50
toneladas de miel menos y unos 450 millones de colones menos cada año. En
términos de polinización equivale a un promedio de 1750 millones de flores
menos polinizadas.
Tanto la Cámara de Apicultura
como los expertos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas
(IRET) de la Universidad Nacional señalan la gran responsabilidad de un alto
uso de plaguicidas del modelo de producción agropecuario.
21.2.21
·
Área de salud solicita ayuda a Aviación Civil
·
Estudios demuestran que mujeres embarazadas y
escolares se contaminan por plaguicidas.
Las personas que viven cerca de
plantaciones bananeras han denunciado por décadas las fumigaciones aéreas que
las comunidades viven a diario. En una reciente denuncia del área de Salud de
Talamanca se solicita la colaboración de Aviación Civil para que verifique “el
estado de funcionamiento, mantenimiento y operación de la aeronave agrícola”,
entre otras características del avión, campo de aterrizaje y “el estado de
cumplimiento de la empresa a cargo de la avioneta, relacionado con los
permisos, certificados y la aplicación de manuales”.
El Área de Salud hace hincapié
“en la importancia de verificar las responsabilidades del piloto relacionadas
con las técnicas empleadas en la aplicación aérea de agroquímicos y la
realización de vuelos rasantes, ya que son los principales aspectos que afectan
a los denunciantes, así como el ruido generado por aeronave.
Según el documento firmado por la
Dra. Jennifer Jones Villers del Área Rectora de Salud de Talamanca: “mediante
visitas realizadas a lo largo del 2019 y 2020 se ha evidenciado una serie de irregularidades,
entre ellas que el follaje de distintas plantas y arbustos de las propiedades
de dos de los denunciantes, estaban llenas de partículas muy pequeñas de algún
producto sintético que les fue rociado, en apariencia agroquímico”.
Según el testimonio de una de las
denunciantes “el ruido que genera la avioneta fumigadora produce muchas
molestias porque sobrevuela, en sus propiedades, a muy baja altura. Como prueba
guarda videos donde se aprecia la aeronave haciendo vuelos sobre su casa. Una
de las denunciantes presentaba afectación en su pecho, garganta y tenía mucha
tos, y manifestó que además ha presentado otros síntomas en diversas ocasiones
como picazón en la garganta, dolores de cabeza, tos y ganas de vomitar, entre
otros”.
También se recoge la denuncia en redes
sociales de una avioneta agrícola sobrevolando Playa Grande de Cahuita en “unvideo en el que claramente se observa una avioneta esparciendo el producto”. La
plantación más cercana al sitio estaría en el poblado de Penshurt.
Según el reglamento para las
actividades de la Aviación
Agrícola Nº 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP[i]
es competencia del Consejo Técnico de Aviación Civil y de la Dirección General
de Aviación Civil ejecutar, garantizar y velar por el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias que rige la materia de aviación civil y
agriada relacionadas con la protección de la salud de las personas, animales y
de la conservación del ambiente.
Estudios alertan contaminación por fumigaciones áreas
En 2009 el Instituto Regional en
Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional encontró restos de Mancozep
en la orina de los niños en Talamanca. El Mancozep es utilizado en las
plantaciones bananeras y es catalogado como un Plaguicida Altamente Peligroso[ii]
(ver
más).
En un estudio publicado en 2014[iii]
se encontró que las mujeres embarazadas que viven cerca de plantaciones de
banano del cantón de Matina en Limón, tienen elevadas cantidades de Etilentiourea
(ETU) en su orina. ETU es un derivado del plaguicida Mancozeb, el cual se
aplica mediante fumigación aérea. Las regulaciones actuales para las
fumigaciones áreas parecen ser insuficientes para prevenir el contacto de las
mujeres con este plaguicida. El estudio mencionado corresponde a “Aplicación
Aérea de Mancozeb y Concentraciones Urinarias de Etilentiourea en Mujeres
Embarazadas de Costa Rica: el Estudio Infantes y Salud Ambiental (ISA)”. La
investigación la realizó un grupo de especialistas del Instituto Regional en
Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) en colaboración con
investigadores de la Universidad de Lund y el Instituto Karolinska (Suecia), de
la Universidad de Quebec en Montreal (Canadá), y la Universidad de California
en Berkeley (Estados Unidos).
Según los investigadores, algunas
de las mujeres tenían cantidades más altas que otras porque vivían más cerca de
las plantaciones bananeras, trabajaban en agricultura durante su embarazo, y/o
lavaban la ropa de sus familiares, quienes principalmente trabajan en banano[iv](
ver
más).
Otra investigación de la Escuela
de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica avocada a estudiar la
presencia de plaguicidas en las escuelas de Matina de la provincia de Limón,
encontró presentes en el aire y el polvo, restos de 18 agrovenenos rociados por
las avionetas (ver
más). Este estudio fue desarrollado en 12 escuelas aledañas a plantaciones
de banano.
En nuestro país están autorizados hay más de 449 agrotóxicos
para las fumigaciones en plantaciones mayormente de banano, arroz, caña y
cítricos entre otros [v](ver
más) , y a pesar de los estudios y las denuncias más bien se esta tratando
de flexibilizar y permitir que las avionetas rocíen plaguicidas en lugares
próximos a casas, escuelas y centros de salud[vi]
( ver
más).
[i]http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=52129&nValor3=70809&strTipM=TC
[ii] https://historico.semanariouniversidad.com/pais/en-talamanca-estudio-revela-presencia-de-agroqumicos-en-orina-de-nios/
[iii]http://www.isa.una.ac.cr/images/articulos/cientificos/2014_Aplicacion_aerea_de_Mancozeb_esp.pdf
4.12.20
Apicultores denuncian: en Costa Rica los agroquímicos están matando 250 mil abejas cada día
Hoy en el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas llaman a proteger las abejas y la vida
1.12.20
¿A quiénes y porque les incomoda el acuerdo de Escazú?
Es injustificable seguir poniendo en riesgo a defensores y defensoras de la naturaleza.
Es inaceptable e irresponsable la
posición de las cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, las
cuales pretenden que siga reinando en el país la impunidad en cuanto a crímenes
contra defensores de la naturaleza.
El “Acuerdo de Escazú” fue
impulsado y firmado por Costa Rica en 2018 y en este momento se espera que sea
ratificado por la Asamblea Legislativa para que pueda ser depositada la
adhesión formal en Naciones Unidas y de esta forma entre a regir.
Uno de los alcances, que es
importante mencionar, de este acuerdo es que daría la posibilidad de exigir al
Estado la protección de los y las defensores ambientales en caso de que sean
amenazados o perseguidos por su accionar en defensa de la naturaleza.
Es urgente que se avance en
aprobar el Acuerdo de Escazú y para tal objetivo el gobierno de Carlos Alvarado
debe comprometerse con éste y priorizar su trámite en la Asamblea Legislativa;
Firmen ya el Acuerdo de Escazú … por
la Justicia y la memoria de:
Olof Wessberg (1975)
conservacionista que después de una larga lucha de más de 20 años creo la Reserva Cabo Blanco fue asesinado en una
visita Corcovado donde exploraba la idea de convertirlo en parque nacional.
Antonio Zúñiga (1989), muerte en
circunstancias no esclarecidas el compañero indígena luchador en contra de la
cacería ilegal, en el territorio
Indígena de Ujarrás.
Oscar Quirós (1992), muerte a
balazos, este dirigente de la Lucha en contra la deforestación en Sarapiquí, se cree que fue muerto a manos de
madereros debido a sus constantes denuncias.
Jorge Aguilar (SF), cuando
luchaba contra la cacería ilegal salió a patrullar en Cartago y familiares
encontraron muerto.
Óscar Fallas, Jaime Bustamante y
María del Mar Cordero (1994), dirigentes de la Asociación Ecologista
Costarricense que habían participado en una larga campaña contra la instalación
de un puerto astillero.
David Maradiaga (1995), tras una
misteriosa desaparición de tres semanas. También era parte de la Asociación
Ecologista Costarricense.
Kimberley Blackwell (2011),
conservacionista canadiense radicada en Costa Rica aparece asesinada dentro de
su casa en San Miguel de Cañaza, Puerto Jiménez. La activista tuvo varios
enfrentamientos con cazadores ilegales y
se presume que por venganza la mataron.
Inclusive, un cazador de la localidad estuvo en prisión preventiva como
sospechoso de su asesinato. Pese a la presión de la familia, quienes
contrataron un investigador privado, la embajada y hasta el primer Ministro
canadiense, desconocemos si hubo condena por este caso.
Diego Armando Saborío (2014),
según la prensa nacional habría sido asesinado “por defender a los animales
silvestres de una finca propiedad de su familia, en Chamorro de Cutris en San
Carlos” (La Nación, 14 -10-15).
Sergio Rojas (2019), El líder
indígena de 59 años fue asesinado el lunes 18 de marzo de 2019 en horas de la
noche. Antes de eso sufrió amenazas, intento de asesinato e incluso desde 2015
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado
costarricense protegerlo porque su vida corría peligro. Fue líder de un fuerte
movimiento de autonomía indígena y de recuperación de tierras en la Zona Sur
del país, fue agredido, perseguido, criminalizado, y encarcelado, hasta que sus
adversarios se atrevieron a cruzar la línea…
Yehry Rivera (2020), El pasado 24
de febrero del 2020 Yehry Rivera fue ultimado de cinco disparos por la espalda
en medio de un “linchamiento” de usurpadores no indígenas por un terreno
recuperado. El asesinato se dio a casi un mes de que se cumpliera un año del
asesinato del dirigente bribri Sergio Rojas en el territorio de Salitre.
30.11.20
Cámaras empresariales accionan campaña de desinformación para perpetuar esquema de impunidad en delitos contra defensores ambientales
-Es urgente convocar el Acuerdo de Escazú para discutirlo
en la Asamblea Legislativa;
-Empresarios presionan para que no exista un marco legal
robusto en materia de delitos contra defensores de la naturaleza;
(Bloque Verde, 30/11/2020) Es injustificable seguir poniendo en riesgo a defensores y defensoras de la naturaleza. Es inaceptable e irresponsable la posición de las cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, las cuales pretenden que siga reinando en el país la impunidad en cuanto a crímenes contra defensores de la naturaleza.
Tanto la Cámara de la agroindustria ( ver texto) como la Cámara de Industrias y la Unión de Cámaras Empresariales ( ver texto) , han emitido documentos con afirmaciones temerarias, falsas y cargadas de argumentos ideológicos, en contra de un acuerdo internacional que vendría a ordenar la legislación en carácter de protección de los derechos ambientales, como lo es el Acuerdo de Escazú.
Los argumentos de las cámaras empresariales fueron desmentidos por el foro del Colegio de Abogados (1) del pasado 23 de noviembre. En el foro desglosaron uno a uno los argumentos falaces de los empresarios y dejaron en claro que esta campaña de las cámaras está fundamentada en interpretaciones lejanas a la realidad.
Además, Nicolás Boeglin, especialista en derecho internacional de la UCR señala que el caso de los empresarios costarricenses no es aislado. Boeglin señala que: “... tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional.” puntualizó el abogado (2).
La convocatoria de la agenda de proyectos de ley que envió el ejecutivo el día viernes 27 de noviembre a la Asamblea Legislativa dejó de lado la posibilidad de que se vote un acuerdo internacional que vendría a posibilitar la instalación de mecanismos para el acceso a la información y la protección de la seguridad y la vida de las quienes protegemos el agua, la biodiversidad, los ríos, los bosques, la vida silvestre terrestre y marina, etc.
El nombre completo de este convenio internacional es: El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”. Fue impulsado y firmado por Costa Rica en 2018 y en este momento se espera que sea ratificado por la Asamblea Legislativa para que pueda ser depositada la adhesión formal en Naciones Unidas y de esta forma entre a regir.
Uno de los alcances, que es importante mencionar, de este acuerdo es que daría la posibilidad de exigir al Estado la protección de los y las defensores ambientales en caso de que sean amenazados o perseguidos por su accionar en defensa de la naturaleza.
El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica señala que no se puede “pensar que Costa Rica por su “liderazgo verde” se encuentra como la excepción en la región Latinoamericana y Caribeña. Sobre la precaria situación que atraviesan las y los defensores ambientales, el recuento de los hechos demuestra que vivimos situaciones que de no ser enfrentadas, podrían derivar en una mayor desprotección de estas personas”(ver texto).
Este mismo centro universitario señaló que en la historia reciente de Costa Rica existen casos de defensores de derechos humanos y ambientales que han sido asesinados. Los crímenes de Yerhy Rivera en 2020 y Sergio Rojas en 2019; los cuales siguen en impunidad en un contexto de racismo, que impide el seguimiento de las investigaciones para buscar los autores materiales e intelectuales (ver texto).
Pero a esto se suman otros crímenes más, como el cometido contra Jairo Mora en Moín en 2013. Y recuerda la deuda histórica que tiene el país en la búsqueda de justicia para los integrantes de la Asociación Ecologista Costarricense asesinados 26 años atrás.
Por esta razón es urgente que se avance en aprobar el Acuerdo de Escazú y para tal objetivo el gobierno de Carlos Alvarado debe comprometerse con éste y priorizar su trámite en la Asamblea Legislativa; de lo contrario está posponiendo de forma injustificable la aplicación de un tratado internacional que vendría a dar seguridad a la labor de miles de personas a nivel nacional. Activistas, ecologistas, campesinos, campesina, indígenas, funcionarios de instituciones que impulsamos la conservación y el resguardo de los ecosistemas, y que en muchos casos lo hacemos a costa de la propia vida o seguridad personal.
Notas:
1. Charla "Acuerdo de Escazú y sus alcances en la normativa ambiental costarricense"
https://www.youtube.com/
2. El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación
24.11.20
SETENA aprueba proyecto de combustión química o incineración en Guanacaste
20.11.20
Una ley para la privatización de la semilla
(Bloque Verde, 20-11-2020) Hoy la semilla campesina e indígenas puede ser intercambiada o vendida libremente, pero un proyecto de ley intenta cambiar esa práctica milenaria con la excusa de la calidad y el control. Según la OCDE casi el 90% de las semillas que utilizamos en Costa Rica no están sujetas a mecanismos de certificación, por ser en su gran mayoría semillas locales, nativas y criollas.
En la práctica se trata de un mecanismo de restricción de uso de las semillas, una privatización de esta práctica ancestral que ha hecho posible la agrobiodiversidad existente y que se encuentra en extinción por la homogeneización de la agricultura industrial. Se trata del proyecto bajo el título: “Ley sobre la Producción y control de calidad en el Comercio de semillas”, expediente 21087.
Según la Red de Coordinación en Biodiversidad “ese texto fue construido sin ningún tipo de participación de organizaciones campesinas, ecologistas o indígenas, y tampoco ha sido consultado a representantes de estos sectores como parte de su trámite legislativo”.
Por su lado la Red de Mujeres Rurales mediante una carta enviada a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa este proyecto de ley “no parte de una visión integral de la agricultura y el papel de la diversidad de las semillas”. Para ellas “quien controla las semillas controla la agricultura, controla la producción de alimentos y controla la alimentación del mundo y concentra el poder.”
Según la Oficina Nacional de Semillas en nuestro país el negocio de importación de simientes o semillas reporta transacciones de hasta USD$ 36 millones anuales repartidas entre 104 empresas con permisos para vender semillas certificadas, pero solamente 8 compañías controlan el 53% de todas las variedades disponibles comercialmente.
Diversos colectivos y organizaciones le han hecho saber a los diputados que esta ley está hecha para proteger a un sector agroindustrial de producción y comercialización de semillas. Pero además está diseñada para ir en contra de los intereses de la mayoría de la población.
Para la Red de Mujeres “La ley puede provocar una verdadera persecución a las personas campesinas o indígenas que realizan una labor de mucho valor para la humanidad, conservar las semillas, y para conservarlas deben reproducirlas". Esto debido a que se plantean penas e infracciones contra las personas que intercambian semillas locales cuando estas representan una amenaza comercial para las empresas.
Sumando a todo lo anterior es especialmente grave la falta de participación de los pueblos indígenas en un tema que les afecta directamente y es obligatorio consultarles tal como señala el convenio 169 de la OIT.
Según la Asociación De Desarrollo Indígena Bribri Talamanca (ADITIBRI) en una carta enviada a la Comisión de Agropecuarios aseguro que: “hemos mantenido nuestras semillas, intercambiado y reproducido con prácticas milenarias”.
Para ADITIBRI la forma de conservación, reproducción y producción son propias pueblos indígenas, prácticas inclusive antes de la fundación de la República, en este caso, se refiere al convenio 169 OIT indicando, los Estados deberán reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos. La ADITIBRI aseguran que no han sido informados ni consultados y que este proyecto es contrario a las prácticas tradicionales y costumbres de su pueblo y solicitan archivar dicho proyecto de ley.
Hace más de quince años se ha venido intentando aprobar distintos proyectos de ley relacionados con el tema que tienen serias implicaciones para la agricultura campesina e indígena, así como para el cumplimiento de las obligaciones del país en el marco del Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la “Declaración de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales” de las Naciones Unidas votada favorablemente por Costa Rica el 20 de noviembre de 2018.
El proyecto de ley expediente n°21087 excluye a las comunidades indígenas y campesinas de los espacios de decisión en materia de semilla. Tanto en la Junta Directiva de la Oficina Nacional de Semillas (ONS), como en la Comisión Nacional de Recursos Fito-Genéticos (CONAREFI), no toman en cuenta a ninguna organización o instancia que pueda defender los derechos de las personas que cultivan la tierra.
Por otra parte, crea un marco de competencia desleal ya que los únicos que podrán venderle al Estado costarricense semillas para las distintas instituciones que tienen programas de asistencia y extensión serán las empresas que logren certificar las semillas. Es decir, que estarían en desventaja pequeñas y medianas empresas que quieran comercializar semillas.








