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El proyecto violaría el Convenio 169 de la OIT
Diversas voces han alertado sobre la presentación de un proyecto de ley que plantea una modificación sustancial al territorio indígena bribri de Këköldi, ubicado en Cocles, cantón de Talamanca, el cual implicaría una reducción aproximada del 31,5% de su extensión actual.
La iniciativa,
titulada “Ley
para la Delimitación Territorial de la Reserva Indígena Bribri de Këköldi”,
fue presentada al final del período legislativo 2022-2026 por la entonces diputada
Carolina Delgado Ramírez, quien el 5 de mayo del 2026 fue nombrada presidenta
ejecutiva del INAMU por la presidenta electa Laura Fernández. Aunque el texto
del proyecto utiliza el término “modificación”, sus propias cifras evidencian un
recorte significativo del territorio, pasando de 7.857 hectáreas a
aproximadamente 5.386 hectáreas, lo que representa la pérdida de 2.471
hectáreas.
Esta propuesta busca
revertir los avances logrados tras más de 15 años de litigio judicial que
permitieron la restitución de tierras ancestrales legalmente reconocidas al
pueblo indígena de Këköldi, incluyendo áreas que les brindan acceso al mar. En
ese sentido, se advierte que el proyecto no contempla medidas de reparación ni
garantiza un proceso amplio de consulta, limitándose a mencionar la
participación de la Asociación de Desarrollo Integral de Këköldi y sus
organizaciones representativas. Sin embargo, el Convenio 169 de la OIT
establece que la consulta debe ser previa, libre e informada, es decir, debe
realizarse antes de la formulación de este tipo de iniciativas y no cuando ya
han sido presentadas.
Cabe recordar que la
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia N°
004507-F-S1-2019 del 12 de diciembre de 2019, anuló los decretos ejecutivos de
1996 y 2001 que habían reducido ilegalmente el territorio, precisamente por no
haber realizado la consulta previa obligatoria, y restableció los límites
originales del territorio, incluyendo el área costera. Ese territorio
restituido pertenece al pueblo Bribri de Këköldi y sobre este punto el Estado
costarricense no puede retroceder.
La modificación de
los límites de un territorio indígena debe regirse por los principios del
derecho indígena y por los compromisos internacionales asumidos por el Estado
costarricense. En este caso, la propuesta no solo implica un retroceso respecto
al nivel de protección alcanzado mediante una sentencia judicial, sino que
también contraviene instrumentos internacionales de derechos humanos. Al no
haber sido consultada de manera previa, el proyecto vulnera el Convenio 169 de
la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, los cuales establecen que la consulta debe realizarse en
todas las etapas del proceso, desde antes de la presentación de la iniciativa y
durante su trámite.
Adicionalmente, el
proyecto invoca la situación de propietarios no indígenas de buena fe atrapados
dentro del territorio restituido para justificar el recorte. Es un argumento
con resonancia humana, pero tiene una trampa, ya que ese problema ya tiene
solución en el ordenamiento jurídico vigente, y el Estado se ha negado
sistemáticamente a aplicarla. El artículo 5 de la Ley Indígena N.° 6172
obliga al Estado a reubicar o, si no es posible, a expropiar e indemnizar a
esas personas.
La propia Sala Primera, en la sentencia que ahora se pretende revertir, ordenó expresamente al INDER y la CONAI iniciar esos procesos de expropiación. El plazo venció. El Estado no actuó. Y ahora, en lugar de cumplir lo ordenado por el tribunal, se propone rediseñar el mapa para que las fincas de terceros queden fuera del territorio indígena, trasladándole al pueblo de Këköldi el costo de la negligencia institucional. Que el Estado haya incumplido su propia sentencia no puede convertirse en argumento para despojar a una comunidad indígena de su territorio ancestral.
Desde el colectivo Bloque Verde se advierte que esta propuesta representaría un retroceso que aumentaría la vulnerabilidad territorial del pueblo Bribri de Këköldi, en beneficio de intereses vinculados a la especulación inmobiliaria.
Hacemos un llamado urgente a revisar con detenimiento el contenido y las implicaciones del proyecto, en resguardo de los derechos territoriales indígenas reconocidos tanto en la legislación nacional como en el derecho internacional. La posible reducción del territorio no solo implicaría un grave retroceso jurídico, sino que sentaría un precedente altamente peligroso para otros territorios indígenas que enfrentan procesos históricos de ocupación por parte de personas no indígenas, en contextos donde el Estado tampoco ha cumplido la ley. Esto no solo agrava la deuda histórica, sino que alimenta escenarios de conflicto, como los que ya se viven en procesos de recuperación territorial, marcados por la violencia, la impunidad y la ausencia de una respuesta efectiva por parte del Estado.
Información de la posición
de la comunidad de Kéköldi ver: Proyecto de ley podría
reducir en más de un 30% territorio indígena en Keköldi - YouTube
