(Bloque Verde, 17/11/22) El Tribunal Penal de II Circuito de San José comenzará nuevamente el juicio por prevaricato por la concesión ilegal de la mina Crucitas, luego de que este mismo tribunal declarara en octubre del 2019 el sobreseimiento definitivo a favor de don Oscar Arias Sánchez, por prescripción de en este caso, pero que otros siete ex-jerarcas tendrán que someterse nuevamente a juicio.
En esta ocasión la Fiscalía acusa al exministro de Ambiente, Roberto Dobles y a seis personas más del supuesto delito de prevaricato, luego de que otorgaran la fallida concesión del proyecto minero en Cutris de San Carlos.
Este es uno de los casos de corrupción más importantes del país y es gracias a las denuncias por parte de organizaciones y abogados ambientalistas que el Tribunal Contencioso Administrativo en 2010 anuló la concesión otorgada a la empresa canadiense Industrias Infinito en 2008 para la explotación a cielo abierto de la mina y señaló una “orquestación de voluntades” por parte de altos jerarcas incluido el expresidente Oscar Arias Sánchez, el exministro Roberto Dobles.
Proceso judicial inicia en medio un denuncias por desobediencia al fallo de la Sala Constitucional sobre la responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo de remediar ambientalmente el impacto que sufre la zona de Cutris de San Carlos por la minería ilegal. Esto debido a un recurso de amparo interpuesto por organizaciones ambientalistas desde el 2019 en dónde los y las magistrados les han dado razón, declarando el recurso con lugar y obligando al gobierno a hacer acciones para remediar el problema de la minería ilegal, pero que administración Alvarado-Quesada, ni la administración Chaves-Robles han ejecutado con eficacia. Incluso el ministro de ambiente Franz Tattenbach se ha mostrado reacio a cumplir con este mandato judicial (1), lo cual podría incurrir en un delito por desacato a la Sala Constitucional.
Al mismo tiempo la empresa Infinito Gold ha reabierto el proceso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial en la que demanda a Costa Rica por más de 300 millones de dólares por cancelar dicha concesión en 2010. Este proceso ha servido como escusa para que le Gobierno de Rodrigo Chaves para emitir una serie de opiniones desafortunadas sobre el futuro de la mina Crucitas, sin que necesariamente el futuro fallo del CIADI comprometa a Costa Rica a activar dicha concesión, como se ha insinuado por parte del gobierno. Este tribunal internacional solamente puede determinar sí la compensación económica solicitada por la empresa está apegada o no a lo que determina las normas sobre inversión de la Organismo Mundial de Comercio. Hay que recordar el CIADI en junio del 2021 falló a favor de Costa Rica, librandola de toda responsabilidad con la empresa minera, pero esta decidió apelar dicha sentencia.
1. Gobierno renuncia a limpiar mercurio de Crucitas https://semanariouniversidad.com/pais/gobierno-renuncia-a-limpiar-mercurio-en-crucitas/
