 Este 12 de octubre a partir de las 8:00am, las comunidades defensoras del agua del Sur del país realizarán una protesta pacífica en el Parque de Pérez Zeledón, para manifestar su oposición al desarrollo de proyectos hidroeléctricos que se pretenden desarrollar en la región, e invitar a los sectores urbanos del cantón a unirse en esta lucha.
El propósito de la actividad es informar a la población sobre los impactos sociales y ambientales que generan las represas y principalmente, explicar cómo vendrían a profundizar el problema que se viene sufriendo de abastecimiento de agua en las zonas urbanas de San Isidro de El General y Buenos Aires de Puntarenas. Es importante recordar que debido a la escasez del recurso hídrico que ya existe en la zona, se está limitando la entrega de nuevas pajas de agua al comercio y a las viviendas en ambos cantones, por lo cual los activistas desean crear conciencia de cómo se empeoraría la situación si además se permite usar los ríos para proyectos hidroeléctricos.
Las comunidades defensoras del agua explican que los proyectos de abastecimiento en beneficio de toda la población que gestiona el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se ven amenazados, porque se están concesionando los ríos más limpios de los cantones para la generación privada de electricidad. En la mayoría de los casos, estos proyectos hidroeléctricos privatizan hasta el 90% del agua de los ríos, por lo cual entrarían a competir directamente con los proyectos de abastecimiento del AyA que están iniciando su ejecución. Ante esta amenaza, las municipalidades de Pérez Zeledón y deBuenos Aires decretaron una moratoria a la construcción de represas hasta tanto no se atienda a una planificación y se consoliden los proyectos para garantizar el consumo humano del agua, entre otras condiciones.
A pesar de que los promotores de las represas alegan que el agua utilizada para la generación vuelve al río, es un hecho que existirían trayectos que quedarían completamente secos, poniendo en peligro el abastecimiento de agua para las personas, cultivos agrícolas, áreas de usos recreativos y de turismo, así como para la conservación de las áreas silvestres protegidas, entre otros.
Las comunidades y municipios del sur cuestionan la insistencia del Gobierno y de los empresarios en impulsar la apertura del mercado eléctrico, pero no en mostrar interés para aprobar la nueva Ley del Recurso Hídrico y la reforma constitucional que están pendientes desde hace años en la Asamblea Legislativa y que garantizarían que el agua sea un bien de dominio público y su acceso se considere como un derecho humano (ver más).
Los grupos organizados que promueven esta protesta, celebraron a finales de setiembre de año en curso un Encuentro Comunitario en Longo Mai, en Buenos Aires de Puntarenas, en el que participaron más de 30 comunidades de la Zona Sur y del resto del país. Entre los principales acuerdos a los que se llegó figura exigir el cese a los proyectos hidroeléctricos, hacer respetar las decisiones de los concejos municipales que establecieron moratoria a los proyectos, garantizar el respeto a la autonomía indígena y promover una política pública que garantice el agua como un derecho humano fundamental (ver más).
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