Abogados defienden intereses propios y de sus clientes
El PAC denuncia vínculos entre la función pública e intereses empresariales específicos.
Por Lorna Chacón & Vinicio Chacón del Semanario Universidad. La aprobación de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales y el Convenio UPOV-91 abre a un grupo de bufetes costarricenses un millonario mercado para el registro de patentes que son solicitadas por sus actuales clientes: grandes empresas transnacionales dedicadas a este lucrativo negocio en todo el mundo.
Estos abogados, que han impulsado con vehemencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y su agenda de implementación, en realidad defienden sus propios intereses y los de sus clientes, por lo cual resulta comprensible que hayan sido los principales promotores y financistas de la campaña del "Sí" durante el referendo del pasado 7 de octubre.
Esa denuncia fue formulada por el Partido Acción Ciudadana (PAC) como parte del control político que realiza como grupo de oposición, en un documento al que tuvo acceso UNIVERSIDAD.
El PAC sostiene que al menos cuatro de las principales empresas dedicadas al desarrollo de obtenciones vegetales -BASF, Dow Agro Sciences, Bayer Crop Science y Syngenta Crop Protection- están vinculadas a una serie de prestigiosos bufetes costarricenses como Guardia & Cubero; Pacheco & Coto; Daremblum Herrera & Asociados; Zürcher, Odio & Raven; y Bufete Bagra.
De acuerdo con la denuncia, algunos socios de estos últimos fueron parte del equipo negociador del TLC o tienen miembros influyentes en el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), agrupaciones que enarbolaron la bandera del "Sí" en el referendo de octubre.
La Ley de Protección de Obtenciones Vegetales y el Convenio UPOV "son el portillo para que las transnacionales lucren aún más con la agricultura, aunque no en el campo sino en los escritorios, en trámites legales con el patentamiento y el registro de la vida" en detrimento de los pequeños y medianos agricultores, afirma el documento del PAC.
En algunos casos, las transnacionales están representadas en Costa Rica por varios bufetes nacionales, cuyos nombres se repiten en los diversos vínculos con las compañías.
La Ley de Protección de Obtenciones Vegetales y el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales 1991, conocido como UPOV-91, son dos proyectos de ley que forman parte de la agenda de implementación del TLC.
Ambos reconocen derechos de propiedad intelectual sobre
variedades de plantas, pues establecen un mecanismo similar a las patentes, llamado "derecho de obtentor", a fin de que la persona, empresa o institución que investiga y logra variedades mejoradas o "nuevas", pueda cobrar a los agricultores por su uso o reproducción.
Esta legislación había sido rechazada en dos ocasiones anteriores en la Asamblea Legislativa, al ser considerada inconveniente para el país.
EL CASO BAYER
Bayer es un gigante farmacéutico de origen alemán fundado en 1863. A finales del siglo XIX patentó la aspirina, el analgésico más popular del mundo.
La transnacional Bayer está inscrita en Costa Rica bajo las sociedades Bayer Corporation U.S.A., Bayer Foreign Investments Limited, Bayer Healthcare LLC, Bayer México S.A de capital variable, Bayer Químicas Unidas S.A, Bayer S.A. y Bayer S.A de El Salvador.
Esta empresa se dedica, entre sus múltiples negocios, no sólo a productos farmacéuticos, sino a patentar semillas y registrar innovaciones vegetales y productos modificados genéticamente (transgénicos) como brócoli, repollo, soya.
Bayer también patentó la variedad de arroz "Liberty link", rechazada en Gran Bretaña, Estados Unidos, y Suráfrica, donde fue calificado como no apto para el consumo humano, según datos de la organización ambientalista Greenpeace.
Uno de los principales bufetes involucrados con esta transnacional es Guardia & Cubero, representante de Bayer Crop Science, rama de esta transnacional enfocada a la producción de insumos agrícolas, transgénicos y obtenciones vegetales.
De acuerdo con el documento del PAC, el principal socio fundador de este bufete es Gonzalo Cubero Brealey, uno de los coordinadores y financistas de la campaña del Sí al TLC.
En esta firma están domiciliadas varias sociedades que de forma mancomunada, violentaron el reglamento del referendo que estableció un tope máximo de donación de ¢4.220.000.
Estas sociedades, conformadas por las mismas personas y que cuentan con ciudadanos extranjeros en sus juntas directivas, en conjunto donaron ¢22.100.467 a la campaña del Sí.
De acuerdo con datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Agrícola Industrial Río Grande donó ¢3.398.000, Corporación el Armadillo Sociedad Anónima S.A. , ¢192.000; Corporación Cocobolo CCB S.A ., ¢3.352.980; Corporación Sharatan S.A., ¢3.917.025; Siembras de Caña del Sur, ¢4.190.891; Hacienda Procesadora de Caña de Azúcar S.A., (¢4.198.150; Dos Cañales de Liberia S.A., ¢3.073.020, y Central Azucarera Tempisque S.A. (CATSA), ¢3.368.401.
Los aportes de estas empresas, así como la presencia en sus juntas directivas de ciudadanos extranjeros, ya había sido revelada por UNIVERSIDAD en su edición del 23 de agosto del 2007. Por su lado, el PAC confirmó esta injerencia extranjera y la denunció ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
Además, Cubero Brealey está vinculado al sector azucarero por medio del capital guatemalteco propietario de CATSA, miembro de la Liga Agrícola Industrial de la Caña (LAICA).
Esta organización fue utilizada para canalizar $200.000 a la campaña del Sí, por medio del Fideicomiso "Por Costa Rica", situación que también fue planteada por el diputado José Joaquín Salazar ante el TSE, pues LAICA es en parte una entidad pública.
Cabe destacar que la actual secretaria de Actas del Consejo de Gobierno, Maristella Vaccari Gil, es socia del Bufete Guardia & Cubero.
Este bufete incluye dentro de sus áreas de trabajo la propiedad intelectual, específicamente la "inscripción, defensa y trámites de marcas, patentes, derechos de autor y derechos conexos, diseños y modelos industriales, obtenciones vegetales".
UNIVERSIDAD consultó vía correo electrónico y telefónicamente al bufete para obtener una reacción ante la denuncia, pero al cierre de esta edición (lunes 28 de enero) sus representantes no habían respondido a la consulta periodística.
Uno de los abogados especializados en propiedad intelectual y que brinda servicios a las transnacionales en biotecnología es José Pablo Sánchez Hernández, quien tramitó una acción de inconstitucionalidad contra un artículo del Reglamento sobre Registro Uso y Control de Plaguicidas Sintéticos Formulados.
De acuerdo con la denuncia del PAC, las transnacionales han logrado detener por más de tres años la importación de sus competidores genéricos, creando un monopolio de hecho en estos productos que afectan el costo productivo de los agricultores costarricenses.
La empresa Bayer también está vinculada con el bufete del exembajador de Costa Rica en Washington, Jaime Daremblum, (Daremblum Herrera y Asociados), quien ha sido un fuerte promotor del acuerdo comercial con los Estados Unidos.
El socio de ese bufete, Yuri Herrera Ulate, figura en el Registro Nacional como agente residente de Bayer S.A. en sociedades bajo las cédulas 3-012-401-563 y 3-101-0360-070.
Un tercer bufete contratado por Bayer para sus trámites de propiedad Intelectual y registros es el Bufete Bagra, del abogado José Carlos Barquero Arce, quien figura como agente residente de Bayer Corporation USA y Bayer S.A. de El Salvador.
Syngenta es otra de las transnacionales de biotecnología que tiene presencia en Costa Rica. Como apoderados de esta empresa figuran Luis Vargas Ulate y Mario Arrea Sierran. Este último ha sido presidente de la Cámara de Insumos Agropecuarios de Costa Rica y de Crop Life, organización que representa los intereses de las transnacionales.
Uno de los bufetes vinculados a la transnacional Syngenta Crop Protection es el de Zürcher Odio & Raven.
Por ejemplo, el abogado de este bufete, Edgar Zürcher Gurdián, registró una marca de fábrica de dicha transnacional para proteger y distinguir productos químicos usados en la agricultura, horticultura y silvicultura y preparaciones para preservar las semillas (La Gaceta, 25 de julio 2007).
Miembros del Bufete Zürcher Odio & Raven fueron importantes donantes de la campaña del presidente Óscar Arias. Por ejemplo, Edgar Zürcher Guardián donó ¢6.595.400 millones, según el TSE.
Además, la sociedad Banca Promérica S.A., la cual preside Edgar Zürcher Gurdián, aportó ¢642.969 para la campaña del "Sí" al TLC y por medio del Fideicomiso Banca Promérica Finca el Uriche ¢3.569.031.
Por su parte, el socio y fundador de Zürcher Odio & Raven, Harry Jaime Zürcher Blen, aportó a la campaña del "Sí" la suma de ¢4.137.834.
Como socios de este bufete figuran Fabián Volio, quien defendió la constitucionalidad del TLC, así como Francisco Chacón, uno de los coordinadores de la campaña del "Sí" y esposo de la jefa negociadora del TLC con Estados Unidos, Anabel González.
Otro ex negociador del TLC en acceso a mercados, Fernando Ocampo, también provenía de dicho bufete.
UNIVERSIDAD consultó al bufete a través de una llamada telefónica inicial y un posterior correo electrónico enviado a una dirección específica para ser redistribuido a los socios, pero no recibió respuesta al cierre de la edición.
BASF REPRESENTADA POR TRES BUFETES
Una de las más grandes transnacionales en biotecnología, agroquímicos y transgénicos es BASF, empresa que en Costa Rica está representada por al menos tres bufetes.
El bufete Pacheco y Coto es uno de ellos. El principal socio de este bufete, Humberto Pacheco Alpízar, donó a la campaña de Óscar Arias más de ¢12 millones, según datos del TSE.
Tanto Humberto Pacheco Alpízar como su hijo, Hernán Pacheco Orfila, han sido presidentes de la Cámara de Comercio Norteamericana (AMCHAM), que defiende los intereses de las empresas estadounidenses radicadas en el país.
UNIVERSIDAD consultó sobre estos vínculos a la gerente general del Bufete Pacheco y Coto, Eugenia Fernández, quien aseguró no tener "ningún comentario al respecto".
El bufete Guardia y Cubero, vinculado a Bayer Crop Science, también está ligado a la transnacional BASF pues ésta figura como uno de sus clientes en su página web, al igual que sucede con el bufete Daremblum, Herrera y Asociados.
Este último bufete, que también fue consultado telefónicamente y vía correo electrónico, representa por su parte a las empresas Dow Chemical y Dow Agro Sciences, vinculadas al patentamiento de obtenciones vegetales.
Mauricio Álvarez, representante de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), dijo a UNIVERSIDAD que en otros países "son las transnacionales las que acaparan las patentes y, obviamente, la tramitología de patentes las terminan haciendo los abogados".
"Aquí hay un montón de intereses económicos muy fuertes", declaró Álvarez, para quien "esta gente definitivamente se beneficiará de las formas de patentes que va a generar UPOV, pues se abren grandes oportunidades para que se puedan empezar a patentar formas de vida de nuestra biodiversidad", detalló.
El ambientalista destacó que las empresas transnacionales, tanto farmacéuticas como agroquímicas, son "sumamente poderosas" y citó como ejemplo que en el Estado de California se hizo necesario un referendo para decidir si el Estado podía o no controlar los precios de las medicinas.
Con el apoyo de las transnacionales, se gastaron $83 millones (¢41.500 millones a ¢500 el dólar) en publicidad a favor de que no hubiera control de precios, mientras que el sector opuesto sólo contó con $2 millones (¢1.000 millones), en un claro ejemplo del poderío económico que poseen estas compañías.
Empresas superpoderosas
Bayer
Gigante farmacéutico alemán, fundado en 1863. A finales del Siglo XIX patentó la aspirina, el analgésico más popular del mundo.
Según la enciclopedia libre en línea Wikipedia, Bayer produjo hasta la Primera Guerra Mundial una droga adictiva, vendida originalmente como tratamiento de la tos, hoy conocida como heroína, la cual fue una marca registrada de Bayer, hasta que fue prohibida antes de esa guerra.
De acuerdo con El Libro Negro de las Marcas, en 1925 se unió a otras empresas químicas para formar IG Farben, corporación que "colaboró con los crímenes del nazismo (...) fabricando el gas Zyclon B, para aniquilar judíos en los campos de concentración".
Según esa fuente, luego de la Segunda Guerra Mundial, la corporación se fragmentó en Bayer, BASF y Hoechst.
En el 2000, Bayer reportó ventas por 30.970 millones de euros (más de ¢22,6 billones). Un año más tarde demandó, junto a otras 38 empresas farmacéuticas, al gobierno de Suráfrica supuestamente por violar el derecho de patentes, pues los surafricanos en 1997 habían aprobado una ley que permitió tratar a personas enfermas de sida con medicamentos genéricos, más baratos.
BASF
Las siglas en alemán significan Fábrica Badense de Bicarbonato de Sodio y Anilina. Fue fundada en 1865 y también formó parte de IG Farben durante el régimen nazi.
Actualmente, es una de las transnacionales más grandes del mundo dedicadas a la biotecnología, al desarrollo y comercialización de agroquímicos y alimentos transgénicos.
Syngenta
Nació en noviembre del 2003, cuando la multinacional farmacéutica Novartis y la empresa AstraZeneca, formada por capitales sueco e inglés, fusionaron sus negocios agrícolas.
Desde su creación, Syngenta ha aportado en convertirse en un actor cada vez más poderoso del mercado mundial de alimentos genéticamente modificados, no sólo a través de su propia investigación y experimentación, sino también mediante la adquisición de otras multinacionales del ramo.
La empresa se dedica mundialmente a comercializar maíz y soya y en su sitio en Internet apunta que más del 60% de las semillas que vende contienen "rasgos genéticamente modificados".
Dow Chemical
Empresa de capital estadounidense, dedicada al desarrollo y producción de componentes químicos. Según el sitio Rebelion.org, Dow "tiene un dilatado historial en la elaboración de productos contaminantes, tanto para sus clientes como para sus trabajadores, y en vertidos sobre los parajes naturales que rodean a sus fábricas de Estados Unidos y Canadá".
Esta empresa adquirió Union Carbide, la cual causó uno de los mayores desastres químicos de la historia en 1984 en Bhopal, India, que costó la vida al menos de 20.000 personas.
Dow Chemical, también produjo componentes del "napalm", gas mostaza utilizado por el ejército de Estados Unidos como arma química en la guerra de Vietnam; y además se le señala por el uso de presos como cobayas para sus productos tóxicos.
Du Pont
Empresa de capital estadounidense creadora del nylon y del teflón. Junto con la automotriz General Motors creó las sustancias dañinas para la capa de ozono conocidas como CFC.
En el 2005 la revista Multinational Monitor clasificó a DuPont entre las diez peores corporaciones del año, pues "las sustancias químicas letales de sus revestimientos químicos (...) están ahora en la sangre del 95% de los habitantes de Estados Unidos".
De acuerdo con esa fuente, Glenn Evers, uno de los máximos expertos técnicos de la empresa, afirmó que DuPont "ocultó durante décadas que estaba contaminando la sangre de los consumidores con un producto químico asociado a los paquetes de comida"
Monsanto
Multinacional de origen estadounidense, dedicada a la biotecnología. Produce agroquímicos herbicidas, así como alimentos transgénicos. Fue fundada en 1901 y en sus inicios inventó la sacarina y fue el proveedor de cafeína para la Coca-Cola. Luego de dedicarse a la fabricación de plásticos en los años 40, Monsanto también desarrolló el arma química denominada agente naranja.
Según Wikipedia, Monsanto también creó la hormona transgénica BST (hormona somatotropina bovina), prohibida en la Unión Europea, Canadá, Australia y Nueva Zelanda por los efectos dañinos en la salud animal y posibles consecuencias en los consumidores.
La hormona fue aprobada en Estados Unidos, pese a informes de daños graves e incluso muerte de animales. La BST se usa también en algunas de las principales cuencas lecheras de México.
Diputado José Joaquín Salazar:
"Sector empresarial manda"
El legislador José Joaquín Salazar, del PAC, opinó que cualquier bufete tiene derecho a contar entre sus clientes a diversas empresas privadas, mas consideró que surge un problema cuando en la vinculación entre esos bufetes y las empresas, "sobresalen personas que han estado en la función pública o que participaron de lleno en la campaña del referendo" (Ver recuadro "Dime con quién andas").
El diputado opositor destacó la participación de Cubero Brealy, "uno de los principales coordinadores de la campaña del Sí", en la mayoría de sociedades anónimas que canalizaron fondos para "evadir los controles del TSE".
"Durante la campaña del referendo dimos a conocer la vinculación entre ciertas empresas, sobre todo del sector cañero, y las fuertes donaciones que hicieron al grupo Por Costa Rica, como también donaciones directas en el caso de los transportes", recordó al respecto.
Sobre la vinculación de estos bufetes con transnacionales, como el caso Bayer, Salazar sentenció que buscan el "beneficio propio y particular, ven la coyuntura como una oportunidad de hacer un gran negocio en el que prevalecen los intereses personales y comerciales por encima de los intereses del país".
El diputado también se detuvo en el caso de Maristella Vaccari Gil, secretaria de actas del Consejo de Gobierno y socia del Bufete Guardia & Cubero, pues "así se da la vinculación de empresas privadas que juegan un papel importante en las decisiones del gobierno".
Sobre casos como el de las empresas domiciliadas en el bufete Guardia & Cubero, Salazar puntualizó que "los empresarios siguen irrespetando al TSE en el financiamiento a las campañas políticas, hay cuentas paralelas y en el referendo se demostró la enorme injerencia del sector privado".
Al respecto, subrayó que ese sector "juega un papel muy importante en el trámite" de la agenda de implementación del TLC.
Para Salazar, es significativo el hecho de que la mayoría de los textos sustitutivos a los proyectos de leyes de agenda de implementación, han sido introducidos después del 7 de octubre.
"¿Por qué no lo hicieron antes? Eso es una demostración clara de que se quieren aprovechar de un proceso democrático como el referendo, para ir más allá de lo que dice el TLC", señaló.
Al respecto, subrayó la influencia que en su opinión tiene el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) en los diputados del llamado Grupo de los 38 (G-38).
Calificó al ministerio como un intermediario entre el G-38 y el sector empresarial. "Algunas de las mociones que he presentado han ido a consulta a ese ministerio, donde deciden si se aprueban o no. La pregunta es ¿a quién responde COMEX?", cuestionó.
En ese sentido, el legislador denunció que "la mayoría, por no decir todos, los textos sustitutivos de los proyectos de la agenda de implementación han sido escritos en COMEX".
En su criterio "es el sector empresarial el que, vía COMEX, manda en la Asamblea Legislativa".
El diputado opinó que la política costarricense fue "invadida" poco a poco por el empresariado en un proceso que se inició desde el primer gobierno de Óscar Arias (1986-1990) y se profundizó aún más en el de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002).
"Hay un evidente traslape entre el sector privado y la política, por eso el país está tan polarizado y cada vez se ensancha más la brecha entre ricos y pobres", manifestó.
Finalmente, apuntó que la solución a esa tendencia consiste en un cambio profundo en el Código Electoral. "Cuando hay intromisión a través de donaciones no controladas en una campaña electoral, el que paga la orquesta manda el baile y quien inyecta mucho dinero busca que el gobierno defienda sus intereses. Las reformas electorales no se han hecho porque así lo han querido los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana", sentenció.
Dime con quién andas...
Estos son los vínculos entre bufetes nacionales y las grandes corporaciones:
Bayer
Guardia & Cubero
-Sociedades domiciliadas donaron ¢22.100.467
millones a la campaña del Sí al TLC
-Gonzalo Cubero Brealey canalizó $200.000 a
campaña del Sí: Fideicomiso "Por Costa Rica"
-Socia del bufete es la actual secretaria de actas del
Consejo de Gobierno, Maristella Vaccari Gil.
Daremblum, Herrera & Asociados
-Socio Yuri Herrera Ulate es agente residente de Bayer S.A.
Bufete Bagra
-José Carlos Barquero Arce es agente residente de
Bayer Corporation U.S.A y Bayer S.A de El Salvador.
Syngenta
Bufete Zürcher, Odio & Raven
-Registro de marcas
- Banca Promérica S.A. (presidida por Edgar Zürcher
Gurdián) aportó ¢642.969 a campaña del "Sí"
-Fideicomiso Banca Promérica Finca el Uriche Aportó ¢3.569.031 a campaña del "Sí"
-Harry Jaime Zürcher Blen, aportó ¢4.137.834.
-Abogados vinculados: Fabián Volio, Francisco Chacón, Fernando Ocampo
-Bufete Pacheco & Coto
-Humberto y Hernán Pacheco han sido presidentes de AMCHAM
BASF
-Humberto Pacheco donó ¢12 millones a campaña de Óscar Arias
-Bufete Guardia y Cubero
-Bufete Daremblum, Herrera & Asociados
Dow Chemical
-Bufete Daremblum, Herrera & Asociados
Dow Agro Sciences
Ligado al ex embajador de Costa Rica en Washington Jaime Daremblum
