- Municipalidades de La Unión y San José se suman a los gobiernos locales que han manifestado su oposición al expediente legislativo N.° 23.414
Las municipalidades de La Unión y San José se sumaron recientemente a los gobiernos locales que han expresado su oposición al proyecto de ley expediente N.° 23.414, denominado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una iniciativa que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa y que ha generado preocupación en diversos sectores sociales, académicos, sindicales y comunitarios.
Con estos pronunciamientos ya son doce las municipalidades del país que han manifestado su rechazo al proyecto o han solicitado que no sea aprobado en su forma actual, al considerar que representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario que históricamente ha garantizado el acceso universal a la electricidad en Costa Rica.
En el caso de la Municipalidad de La Unión, el Concejo Municipal aprobó el acuerdo N.° 3888, mediante el cual manifestó expresamente que no apoya el proyecto de ley por considerar que afecta el sistema solidario brindado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), promueve la apertura y control del mercado eléctrico y pone en riesgo la soberanía energética construida durante décadas en beneficio de toda la población costarricense.
Por su parte, el Concejo Municipal de San José aprobó una moción en la que se manifiesta oposición al expediente legislativo N.° 23.414 y se insta respetuosamente a la Asamblea Legislativa a no aprobar la iniciativa en su forma actual. La moción señala que existen advertencias formuladas por instituciones académicas, organizaciones sindicales, entidades técnicas y órganos especializados sobre los posibles impactos que tendría el proyecto en el acceso equitativo a la electricidad, la planificación energética nacional y el modelo solidario que caracteriza al sistema eléctrico costarricense.
Entre los argumentos incluidos en la moción aprobada por el Concejo Municipal de San José se citan pronunciamientos del Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, criterios técnicos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, observaciones de la Procuraduría General de la República y posiciones institucionales del Grupo ICE, las cuales advierten sobre cambios sustanciales en la estructura y funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.
Estos nuevos acuerdos se suman a los pronunciamientos previamente emitidos por otros gobiernos locales de distintas regiones del país, reflejando una creciente preocupación municipal ante una propuesta legislativa que podría transformar profundamente el modelo eléctrico nacional.
Las organizaciones y personas que impulsan la defensa del modelo eléctrico solidario consideran que estos acuerdos evidencian que la discusión sobre el expediente 23.414 trasciende el ámbito técnico y constituye un tema de interés público relacionado con el acceso a servicios esenciales, la soberanía energética, la planificación nacional y el desarrollo equilibrado de las comunidades.
Las organizaciones firmantes reiteran su llamado a las diputadas y diputados de la República para que escuchen las preocupaciones expresadas por gobiernos locales, instituciones académicas, organizaciones sociales y sectores técnicos antes de avanzar en la aprobación de una iniciativa que podría modificar de manera sustancial uno de los pilares históricos del desarrollo costarricense.
La campaña es promovida por la Red de Mujeres Costeras, Bloque Verde, Bloque Azul, COECOCeiba–Amigos de la Tierra Costa Rica, Costa Rica por el Océano, Movimiento Ríos Vivos, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), el Frente Eco Cipreses, Oilwatch Costa Rica, la Red de Coordinación en Biodiversidad, Talamanca Siempre Verde y Causa Sur, organizaciones que han hecho un llamado a fortalecer el debate público sobre el futuro del sistema eléctrico nacional y a ampliar la participación de los gobiernos locales y las comunidades en esta discusión.
