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20.6.23

Cuatro magistrados exhiben su racismo al no permitir la consulta indígena para el Protocolo de Nagoya



  • La importancia del voto de minoría de tres magistrados que estiman que es necesario consultar a los pueblos indígenas.
  • País se expone a que las organizaciones indígenas lleven este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

(20 de junio 2023) En un reñido voto de cuatro contra tres la Sala Constitucional en la resolución número 2023006154 da luz verde al Protocolo de Nagoya para que siga su curso en segunda votación en la Asamblea Legislativa. Los tres magistrados consideran que es necesaria la consulta indígena según lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y refuerza la posición de la Defensoría de los Habitantes en cuanto que la ausencia de consulta si vulnera los derechos de los pueblos originarios.

13.6.23

Gobierno excluye ecologistas de comisión que tramita permisos de liberación de transgénicos



 

l  MAG incorpora a la CNAA en la CTNBIO pese a evidente conflicto de intereses.

l  Se excluye por decreto la participación de la Red de Coordinación en Biodiversidad.

l  Por medio de decreto se violentaron principios constitucionales, la ley Orgánica del Ambiente y el Convenio de Diversidad Biológica.

 

14 de junio 2023. Vía decreto el gobierno de Rodrigo Chaves excluye a la Red de Coordinación de Biodiversidad (RCB) de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), y a cambio, introduce a La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA). Esta grave decisión realizada sin consulta previa, reduce la participación ciudadana, e incrementa la influencia de intereses privados sobre un espacio de decisión fundamental que regula la biotecnología agrícola. Este cambio en la balanza sucedió vía decreto N° 44020-MAG publicado en la Gaceta N. 105, este martes 13 de junio, donde se reformó el artículo 112 del Reglamento del Servicio Fitosanitario del Estado.

25.10.21

Protesta contra privatización de las semillas


Con un intercambio de semillas y un plantón en Asamblea legislativa

El movimiento de lucha por las semillas convoco el miércoles 27 de octubre desde las 9am en la Asamblea Legislativa (costado Norte) a un plantón e intercambio de semillas en manifestación contra el proyecto de ley de privatización de las semillas. 

El actual texto sustitutivo nombrado como “ley para la modernización de la oficina nacional de semillas” expediente N#21087, conocido como Ley de Semillas, es un nuevo intento del sector agrocorporativo y sus socios del Estado que pretende criminalizar el comercio de semillas criolla, local y tradicional. 

En nuestro país -según la OCDE- casi el 90% de las semillas que utilizamos en Costa Rica no están sujetas a mecanismos de certificación, o sea que la gran mayoría semillas son variedades locales, nativas y criollas. 

Según la Oficina Nacional de Semillas en nuestro país, el negocio de importación de simientes o semillas reporta transacciones de hasta USD$ 36 millones anuales por lo es un negocio potencial de 400 millones de dólares al año para las transnacionales como Bayer, Corteva, ChemChina y Limagrain que hoy controlan más del 50 por ciento de las semillas del mundo.  Este proyecto de semillas viene a fortalecer el monopolio de las semillas y por ende el control de los alimentos del mundo.

Esta iniciativa de ley no fue consultada debidamente a los pueblos indígenas a pesar del derecho que les asiste con el Convenio 169 de la OIT. Además, tiene implicaciones para la agricultura campesina, así como para el cumplimiento de tratados internacionales.

Este proyecto convierte en ilegales las condiciones actuales de comercialización de semillas criollas al imponer parámetros y características de semillas comerciales (art. 29). También, crea hasta una "policía" de las semillas si en plena crisis fiscal y recortes a todo el empleo público, estos “inspectores oficiales” tendrán “fe pública y en el ejercicio de sus funciones tendrán acceso a cualquier propiedad pública relacionada con este campo,” (art. 15 y 16).

Para cerrar el círculo de represión en contra de nuestros labriegos y sencillos imponen multas por comercializar semillas de hasta 5 salarios base, aproximadamente 2.3 millones de colones (Art. 39 y 40).

Informes con:
José Oviedo, tel. 8721 4616, Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG)
Mariana Porras,tel.  8302 2360, Red de coordinación en Biodiversidad y Coecoceiba Amigos de la Tierra
Pedro Salguero, tel. 8320 4972, Bloque Verde