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Sin aviso previo y hasta altas horas de la noche- Viviendas, personas y el planeta pagan la factura de una mala práctica
- Impactantes registros en video nocturnos y tomas aéreas con dron durante el día
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Esto es lo que experimentan vecinas y vecinos del cantón central de
Buenos Aires, donde los piñales se han expandido por prácticamente todos los
rincones del territorio, rodeando escuelas, clínicas, urbanizaciones y
viviendas. En este contexto, la quema de rastrojos se ha consolidado como una
de las formas más agresivas e irresponsables de manejar los desechos de la
producción.
Desde aproximadamente las cuatro de la tarde y hasta altas horas de la
noche, en ocasiones hasta la medianoche, los piñales arden, afectando el
descanso de cientos de personas y agravando de forma directa la salud de
quienes padecen asma u otras enfermedades respiratorias. Estas quemas no solo
impactan la salud humana, sino que también deterioran el suelo, afectan la
calidad del agua, dañan la vegetación y contribuyen al calentamiento global.
En los videos se evidencia que no se respetan las áreas de
protección de nacientes, ya que el fuego avanza sin distinción sobre zonas
que deberían permanecer intocables, pese a que el Reglamento para Quemas
Agrícolas Controladas establece la obligación de respetar estas áreas de
protección. Incluso, las quemas se realizan en las cercanías del tanque
de captación de agua que abastece a la ciudad de Buenos Aires, lo que
representa un riesgo directo para la seguridad hídrica y la salud de la
población.
Resulta alarmante que, existiendo múltiples alternativas para el manejo
de los residuos de la piña como: el triturado mecánico del rastrojo, su
incorporación al suelo como abono orgánico, el uso de microorganismos
descomponedores, el compostaje, las coberturas vegetales e incluso su
aprovechamiento energético, la empresa PINDECO (Del Monte) continúe
recurriendo a la quema, mientras se presenta ante los mercados del norte global
como un modelo de “buenas prácticas” y sostenibilidad.
La situación se agrava aún más porque, según denuncian personas de la
comunidad, la práctica habitual de la industria piñera consiste en aplicar
previamente herbicidas como paraquat o glifosato para acelerar la desecación
del rastrojo y posteriormente proceder a la quema. Durante estos procesos
pueden generarse dioxinas, sustancias altamente tóxicas,
cancerígenas y bioacumulativas, además de humo blanco y partículas en
suspensión que contaminan el aire.
Las dioxinas se producen en procesos de combustión donde interviene el
cloro. Estas partículas son inhaladas por las personas, afectan la naturaleza y
la vida silvestre, y contribuyen al calentamiento global, convirtiendo estas
quemas en un grave problema de salud pública y ambiental.
La comunidad bonaerense ha manifestado reiteradamente su preocupación
por estos “sahumerios tóxicos" que afectan la salud laboral y
ambiental, generan malestar inmediato y representan riesgos a largo plazo, por
lo que exigen el cese inmediato de esta práctica.
Según relatan vecinas y vecinos, no existe ningún aviso previo:
simplemente se prende fuego cuando las personas se disponen a descansar o a
aprovechar el fresco de la tarde, después de días extremadamente calurosos
característicos del verano en la zona.
Las quemas agrícolas constituyen una mala práctica productiva,
aunque actualmente se encuentren permitidas mediante permisos otorgados por el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, con base en la Ley de Uso, Manejo y
Conservación de Suelos y su reglamento, la Ley de Cercas Divisorias y Quemas y
el Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas. No obstante, esta legalidad
está siendo cuestionada mediante una acción de inconstitucionalidad presentada
por el abogado ambientalista Álvaro Sagot, fundamentada en la legislación
climática y de legislación ambiental vigente.
De acuerdo con la Estrategia Nacional de Manejo Integral del
Fuego en Costa Rica 2012–2021, entre 2007 y 2012 las principales causas de
incendios forestales fueron las quemas de pastos y actividades agropecuarias,
que representaron un 46,06% de los casos.En años recientes, la
afectación por incendios ha sido persistente y creciente: 10.724
hectáreas quemadas en 2020, 6.411 hectáreas en 2021, 8.900
hectáreas en 2022 y 8.500 hectáreas en 2023. La temporada
de incendios del 2024 fue la más agresiva de los últimos diez años,
con 141 emergencias registradas y 27.865 hectáreas afectadas, lo
que evidencia la urgencia de revisar, limitar y erradicar prácticas como las
quemas agrícolas.
Para el Bloque Verde, la salud pública y el ambiente deben estar
por encima de cualquier interés empresarial. Mucho se ha hablado de buenas
prácticas, de enfriar el planeta y de enfrentar el cambio climático, pero
las quemas agrícolas son una práctica arcaica, sin justificación
técnica, en un contexto donde la temperatura global alcanza récords históricos
año tras año.
La empresa transnacional PINDECO mantiene presencia exclusiva en la Zona
Sur desde hace cerca de 50 años, territorio donde inició la expansión del
monocultivo de piña en el país. Esta expansión fue denunciada por la
deforestación de 5.568 hectáreas de bosque entre los años 2000 y 2015
en todo el país, cuando la tala ya constituía un delito ambiental. De
ese total, 1.789,71 hectáreas corresponden a la región Brunca,
según datos del Monitoreo de Cambio de Uso en
Paisajes Productivos (MOCUPP)
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