El modelo extractivista que rige el desarrollo en Costa Rica se sostiene sobre una lógica de explotación que somete tanto a la naturaleza como a los cuerpos de las mujeres. La misma mentalidad que permite la destrucción de bosques, ríos, mares y territorios en nombre del "progreso" es la que reduce a las mujeres a meros recursos dentro de un sistema económico que invisibiliza sus aportes y precariza sus vidas. En este 8 de marzo, denunciamos que la devastación ambiental y la opresión de las mujeres son dos caras de un mismo sistema patriarcal y colonial que debe ser desmontado.
El derecho a un ambiente sano es un derecho humano fundamental, pero su acceso no es equitativo. Las mujeres, especialmente en comunidades rurales, costeras y las mujeres indígenas en las recuperaciones de tierra, enfrentan mayores obstáculos para acceder a recursos naturales, tierras, mares y agua potable, a pesar de que son ellas quienes sostienen las economías de cuidado y la producción de alimentos. La justicia ambiental no puede lograrse sin justicia de género; por ello, exigimos políticas públicas que garanticen la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones ambientales y que reconozcan su rol esencial en la conservación de la biodiversidad y la protección de los bienes comunes.
Las mujeres en Costa Rica han estado al frente de innumerables luchas por la defensa del agua, los bosques, los mares y la soberanía de sus comunidades, enfrentándose a megaproyectos mineros, monocultivos y la expansión turística descontrolada. Sin embargo, muchas de ellas sufren amenazas, violencia y criminalización por resistir. Casos emblemáticos como el de María del Mar Cordero, asesinada en 1994 junto a otros ambientalistas de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO), evidencian los riesgos que enfrentan las defensoras del medio ambiente en el país.[1] De igual manera, la canadiense Kimberly Blackwell, reconocida por su trabajo en conservación, fue asesinada en su casa en Costa Rica en 2011.[2]
La criminalización y las amenazas contra defensoras ambientales en Costa Rica son estrategias de intimidación utilizadas para silenciar la protesta y frenar la denuncia contra industrias extractivas. Casos como el de Sonia Torres, enjuiciada por la minera Posesiones Gran Galaxie S.A., o Marta Blanco, demandada por Ríos Minerales, evidencian esta realidad.
Las agresiones también incluyen ataques directos, como el sufrido por Erlinda Quesada, quien fue blanco de una bomba casera, después de una acción en la Ruta 32, tras denunciar el comercio ilegal de madera. Asimismo, activistas como Ana Cristina Rossi, Patricia Sánchez Lurueña, Marianela Fournier, Marta Castro Bolaños, y Kiana Waltraud, han recibido amenazas por su lucha en defensa del Refugio Gandoca-Manzanillo y la denuncia de proyectos destructivos.
Estos casos reflejan el riesgo que enfrentan las mujeres que defienden el medio ambiente y la urgencia de garantizar su seguridad y reconocimiento, y reflejan la impunidad que rodea la violencia contra defensoras ambientales y la urgencia de medidas de protección.
Este 8 de marzo, exigimos garantías para la seguridad de las defensoras ambientales, así como el reconocimiento de su labor como un pilar fundamental para la sostenibilidad del país. No puede haber justicia climática sin protección para quienes arriesgan sus vidas por el planeta.
El cambio climático no afecta a todas las personas por igual. En Costa Rica, las mujeres de comunidades costeras y rurales son de las más golpeadas por la erosión, la sequía y los desastres naturales que ponen en riesgo su seguridad alimentaria, su vivienda y su salud. Sin embargo, las estrategias gubernamentales siguen ignorando este impacto diferenciado, perpetuando la desigualdad de género en la crisis ecológica. Demandamos políticas climáticas con enfoque de género que atiendan las necesidades de las mujeres, fomenten su autonomía económica y garanticen su acceso a recursos esenciales.
Frente a la crisis ambiental y social, las mujeres han construido alternativas basadas en el cuidado de la vida, la agroecología y el manejo comunitario de los recursos naturales. Las redes de mujeres productoras, las guardianas de semillas y las defensoras de la soberanía alimentaria demuestran que es posible otro modelo de desarrollo, uno basado en la regeneración de la naturaleza y la equidad social. Apostamos por una economía feminista y ecológica que ponga en el centro la vida y no la acumulación de riqueza; una economía que valore el trabajo de las mujeres y su conocimiento ancestral para la protección de los ecosistemas.
- Bloqueazul
- Bloqueverde
- Defensores de la Casa Común
- Eco Bichotas
- COVIRENA Caribe Sur
- Costa Rica por el Océano
- Grupo Organizado de Cabuya, Montezuma
- Talamanca Siempre Verde
- ProBae Cuencas Hidrológicas Ojo de Agua, Belén
