(14-06-2022, Bloque Verde) El Poder Ejecutivo ha convocado en la corriente
legislativa el proyecto n.º22.709, el cual brinda amnistía a los pozos de agua
y a las captaciones superficiales ilegales que operen en el país. La única
información que brindarán los delincuentes será una declaración jurada del
caudal extraído. Este proyecto de ley tiene impactos inmediatos en zonas con
alto estrés hídrico.
Lo más alarmante de todo es que la administración Chaves pretenda legalizar el
saqueo del agua sin criterio técnico ni científico, convocando a la corriente
legislativa un mamarracho de proyecto de ley que le da el agua a los
monocultivos, al mismo tiempo que condena a la sequía y la salinización de las
fuentes de aguas de poblaciones enteras.
Hay que recordar que la usurpación de bienes de dominio publico, como el agua
superficial y subterránea es un delito, tipificado así en el Código Penal:
“Artículo 226.- Usurpación de aguas. Se impondrá prisión de un mes a dos años y
de diez a cien días multa al que, con propósito de lucro: 1) Desviare a su
favor aguas públicas o privadas que no le corresponden, o las tomare en mayor
cantidad que aquella a que tenga derecho; …”
Rodrigo Chaves continua los pasos de su predecesor, Carlos Alvarado. Las
políticas permisivas para que el saqueo del agua siga pasando, es muy similar a
lo que propuso el último gobierno del PAC mediante el Decreto Ejecutivo
41851-MP-MINAE-MAG “Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación
del trámite de concesión de aguas subterráneas”. Decreto fue llevado ante los
Tribunales de Justicia mediante una acción de in-constitucionalidad presentada
por la Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza y el
abogado Alvaro Sagot. En esta ocasión la Sala Constitucional falló parcialmente
a favor de los ecologistas, respaldando el argumento de que es inconstitucional
perdonar los delitos de usurpación del agua.
Pese al fracaso de Carlos Alvarado, la administración Chaves insistir con
legalizar el robo y otorgar estatus legal al saqueo del agua superficial y
subterránea por parte de los grandes monocultivos. Esto significa privar al país del análisis
científico que debe primar a la hora de otorgar una concesión de agua. Estas
industrias no solo les estarían perdonando el delito sino además se les
exonerará de evaluar el impacto ambiental de la extracción del agua.
De avanzar el trámite del expediente legislativo n.º 22.709, veremos más ríos
secos y saqueados. En época de verano son frecuentes las noticias de ríos que
desaparecen, se secan o que ya no llegan más al mar. La explotación de muchos
de esos ríos da como resultado su extinción. Incluso el monumental Río
Tempisque ha sido victima de este fenómeno. Pero muchas otras comunidades ven
como los niveles de agua de los pozos
que les abastecían han bajado o incluso se han quedado sin agua.
Lejos del Principio Precautorio, esta ley da rienda suelta a las más feroces
fuerzas de saqueo del agua. El insaciable agro-negocio y el megaturismo serán
los directos beneficiarios de una propuesta que ponen en riesgo el agua de
miles de personas, en escenarios de crisis climática e inestabilidad.