Ante los reiterados incumplimientos de los contratos de concesión, el pésimo servicio brindado, el excesivo incremento en las tarifas de ambos servicios, la poca cobertura y calidad de los mismos; esta Provincia decidió en 1997 rescindir el contrato con la Multinacional.
Entonces la empresa demandó a la Provincia de Tucumán por más de US$500 millones de dólares y el CIADI finalmente impuso una condena de $105 millones.
La forma en que está redactado el Tratado de Libre Comercio permtiría que en Costa Rica también puedan incursionar multinacionales a operar sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento sin que el Estado pueda negarles la concesión.
Pero lo que es más grave es que en caso de que una de estas empresas demandara al Estado ante un Tribunal Arbitral Internacional; tendríamos que acudir obligatoriamente a estos sin que el Estado pueda negarse.
