24.11.20

SETENA aprueba proyecto de combustión química o incineración en Guanacaste


• Ecologistas interpondrán acciones legales
BLOQUE VERDE 13/01/2021. A finales del año pasado, SETENA aprobó la viabilidad ambiental de proyecto de incineración, bajo la modalidad de gasificación, según consta en la Resolución N°2146-2020-SETENA.
Ante el avance del proyecto de COOPEGUANACASTE, los ecologistas buscaran interponer acciones legales para evidenciar todos los posibles riesgos e impactos que el proyecto conlleva.
El proyecto tiene un costo de más de 38 millones de dólares. Inició el trámite en 2014 y 6 años después, en los últimos días hábiles del 2020, se aprueba sin la mayor participación o publicidad al respecto. La iniciativa se pretende desarrollar en el distrito de Belén del Cantón de Carrillo por parte de COOPEGUANASTE y pretende generar energía con los desechos de la mayoría de los cantones de Guanacaste.
La planta cuenta con una capacidad teórica para generar entre 8 MW y 10 MW de electricidad procesando entre 150 y 180 toneladas de residuos sólidos municipales al día.
La gasificación es un procedimiento de alto consumo energético que intentan reducir el volumen de residuos convirtiéndolos en gas a través de la combustión. La gasificación de residuos está clasificada como una forma de incineración por la Unión Europea y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
Según el informe Análisis del riesgo de las tecnologías de gasificación y pirólisis de residuos de la de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración GAIA “existen muchos ejemplos de plantas que se vieron forzadas a cerrar debido a fallas técnicas y fracaso financiero (…) Se han invertido más de 2 mil millones de dólares solo en los proyectos que figuran en este informe, todos los cuales fueron cerrados o cancelados antes de comenzar las operaciones” (ver informe en https://www.no-burn.org/.../Gasificaci%C3%B3n-y-pir%C3... ).
El documento además señala “que tales instalaciones emiten dióxido de carbono a partir de materiales derivados de fuentes de combustible fósil como los residuos de plástico y carbón”, contrario al propósito de descarbononizar o reducir el calentamiento global.
El citado informe “concluye que los beneficios potenciales de la gasificación de residuos son menores y más inciertos, y los riesgos son mucho mayores de lo que sus proponentes afirman”.
Según la fundamentación en que se basa SETENA para otorgar la viabilidad es que la energía del ICE es de alto costo. Sin embargo, la situación de energética hasta hoy, según el ICE, es bastante distinta pues la generación es 100% renovable e inclusive rechaza seguir comprando energía a los generadores privados por el estancamiento de la demanda. En síntesis, sobra energía y no es necesario más proyectos a corto plazo.
De hecho, en relación con otro proyecto de incineración promovido por FEMETROM, la presidencia del ICE aseguró que tiene cubierta la demanda de Costa Rica en materia de electricidad y que no es del interés del ICE este tipo de actividad ya que buscan una matriz de energía renovable. En la carta del ICE se indica que “El Plan de Expansión de la Generación Eléctrica (2018-2034) concluye que la ruta recomendada muestra que el país tiene garantizada la atención de la demanda eléctrica para los próximos ocho años, a partir de una matriz de generación renovable, confiable y diversa, consolidando un modelo eléctrico nacional basado en fuentes renovables” (oficio 0060-300-2020 de fecha 17-07-2020).
Impacto socioambiental
“La incineración y la gasificación de la basura producen cenizas y escorias tan tóxicos y contaminantes como los desechos radiactivos y hay que confinarlos en depósitos con las mismas condiciones de seguridad tal como lo están haciendo en Alemania” afirmó Ronald Arrieta, especialista en tecnologías de tratamiento de desechos sólidos de la Universidad de Costa Rica en una entrevista sobre el tema (ver entrevista completa en: https://www.informa-tico.com/.../incineradores-basura...)
Arrieta dijo que “es necesario que a la gente le quede claro que, con la incineración la basura no desaparece. La basura al igual que cualquier otra materia no desaparece se transforma. En este caso se transforma en dióxido de carbono que va a empeorar el efecto invernadero. También se transforma en cenizas que están cargadas de metales pesados como el plomo, el cadmio, el mercurio que causan graves daños a la salud humana y el ambiente. No es cierto que esas cenizas se puedan usar como abono, estas cenizas son tóxicas y cancerígenas”.
Agregó Arrieta “Además, se producen gases tóxicos de los cuales no existen registros científicos sobre la cantidad de estas sustancias presentes en el ambiente, que mantienen niveles de inocuidad. Lo peor es que estas sustancias se acumulan en los seres vivos porque nuestros organismos no las pueden digerir y se sabe que son extremadamente cancerígenas”, acotó.
“Hay una dioxina, por ejemplo, que está catalogada como la sustancia más cancerígena que se conoce en el mundo, y esta es solo una de varias toxinas que se liberan al ambiente con la incineración y la gasificación” advirtió el científico de la UCR,
Otra de las preocupaciones de los ecologistas es que el país no cuenta con la estructura jurídica, de laboratorios, ni el personal especializado para poner en práctica la fiscalización de esta actividad y para ejercer los fuertes controles que se requieren para garantizar que se cumpla el reglamento que permite la incineración (Decreto No. 39136-S-MINAE, 15-6- 2015)

20.11.20

Una ley para la privatización de la semilla



(Bloque Verde, 20-11-2020) Hoy la semilla campesina e indígenas puede ser intercambiada o vendida libremente, pero un proyecto de ley intenta cambiar esa práctica milenaria con la excusa de la calidad y el control. Según la OCDE casi el 90% de las semillas que utilizamos en Costa Rica no están sujetas a mecanismos de certificación, por ser en su gran mayoría semillas locales, nativas y criollas.

En la práctica se trata de un mecanismo de restricción de uso de las semillas, una privatización de esta práctica ancestral que ha hecho posible la agrobiodiversidad existente y que se encuentra en extinción por la homogeneización de la agricultura industrial. Se trata del proyecto bajo el título: “Ley sobre la Producción y control de calidad en el Comercio de semillas”, expediente 21087.


Según la Red de Coordinación en Biodiversidad “ese texto fue construido sin ningún tipo de participación de organizaciones campesinas, ecologistas o indígenas, y tampoco ha sido consultado a representantes de estos sectores como parte de su trámite legislativo”.


Por su lado la Red de Mujeres Rurales mediante una carta enviada a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa este proyecto de ley “no parte de una visión integral de la agricultura y el papel de la diversidad de las semillas”. Para ellas “quien controla las semillas controla la agricultura, controla la producción de alimentos y controla la alimentación del mundo y concentra el poder.”


Según la Oficina Nacional de Semillas en nuestro país el negocio de importación de simientes o semillas reporta transacciones de hasta USD$ 36 millones anuales repartidas entre 104 empresas con permisos para vender semillas certificadas, pero solamente 8 compañías controlan el 53% de todas las variedades disponibles comercialmente.

Diversos colectivos y organizaciones le han hecho saber a los diputados que esta ley está hecha para proteger a un sector agroindustrial de producción y comercialización de semillas. Pero además está diseñada para ir en contra de los intereses de la mayoría de la población.


Para la Red de Mujeres “La ley puede provocar una verdadera persecución a las personas campesinas o indígenas que realizan una labor de mucho valor para la humanidad, conservar las semillas, y para conservarlas deben reproducirlas". Esto debido a que se plantean penas e infracciones contra las personas que intercambian semillas locales cuando estas representan una amenaza comercial para las empresas.


Sumando a todo lo anterior es especialmente grave la falta de participación de los pueblos indígenas en un tema que les afecta directamente y es obligatorio consultarles tal como señala el convenio 169 de la OIT.


Según la Asociación De Desarrollo Indígena Bribri Talamanca (ADITIBRI) en una carta enviada a la Comisión de Agropecuarios aseguro que: “hemos mantenido nuestras semillas, intercambiado y reproducido con prácticas milenarias”.


Para ADITIBRI la forma de conservación, reproducción y producción son propias pueblos indígenas, prácticas inclusive antes de la fundación de la República, en este caso, se refiere al convenio 169 OIT indicando, los Estados deberán reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos. La ADITIBRI aseguran que no han sido informados ni consultados y que este proyecto es contrario a las prácticas tradicionales y costumbres de su pueblo y solicitan archivar dicho proyecto de ley.


Hace más de quince  años se ha venido intentando aprobar distintos proyectos de ley relacionados con el tema que tienen serias implicaciones para la agricultura campesina e indígena, así como para el cumplimiento de las obligaciones del país en el marco del Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Agricultura y  la Alimentación (FAO) y la “Declaración de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales” de las Naciones Unidas votada favorablemente por Costa Rica el 20 de noviembre de 2018.


El proyecto de ley expediente n°21087 excluye a las comunidades indígenas y campesinas de los espacios de decisión en materia de semilla. Tanto en la Junta Directiva de la Oficina Nacional de Semillas (ONS), como en la Comisión Nacional de Recursos Fito-Genéticos (CONAREFI), no toman en cuenta a ninguna organización o instancia que pueda defender los derechos de las personas que cultivan la tierra.


Por otra parte, crea un marco de competencia desleal ya que los únicos que podrán venderle al Estado costarricense semillas para las distintas instituciones que tienen programas de asistencia y extensión serán las empresas que logren certificar las semillas. Es decir, que estarían en desventaja pequeñas y medianas empresas que quieran comercializar semillas.

18.11.20

Música, arte y alegría contra la minería






-La minería significaría retroceder diez años en materia de legislación ambiental

(Bloque Verde, 18-11-2020) Este miércoles 18 de noviembre más de veinte organizaciones ambientales han convocado a manifestarse contra la minería a cielo abierto en la Plaza de la Democracia desde el mediodía. 

Mientras la diputados del PLN, PUSC y RN en la Asamblea Legislativa meten el acelerador a los tres proyectos mineros tramitados en las comisiones de Asuntos Sociales, Alajuela y Guanacaste, las organizaciones ecologista no estamos dispuestos a que el país retrocede una década en materia ambiental. Tres proyectos de ley con distinto alcance pero que buscan legalizar la industria destructiva del oro en zonas extremadamente frágiles. 

Ante la amenaza minera el movimiento ambiental responde con música, arte y alegría. En la Plaza de la Democracia se han convocado a artistas como Raza Bronce, Anamá, Cristine Eugene, Comadrelu, Nativa y Andrea Orellanda. Que para medio día de hoy 18 de noviembre se estarán presentando de manera acústica y se estarán distribuyendo información sobre los impactos de la minería a cielo abierto. 

La manifestación ha sido convocada alentando a seguir todos los protocolos de seguridad sanitaria dispuestos por el Ministerio de Salud.



16.11.20

Semana anti-minera: diputados aceleran trámite de proyectos mineros mientras 20 organizaciones ecologistas llaman a movilización



(Bloque Verde, 16/11/2020) Diputados y diputadas empujan aceleradamente proyectos de ley que legalizarían la minería metálica a cielo abierto. En la corriente legislativa se encuentran tres proyectos de ley en tres comisiones distintas. Al mismo tiempo el movimiento ecologista ha convocado a manifestaciones esta semana y ha lanzado el video clip “La Mona Mina”. 

Los tres trámites han sido dispuestos fuera de la comisión permanente de Ambiente de la Asamblea Legislativa para ser discutidos por comisiones como la de Asuntos Sociales, la Comisión de Alajuela y la Comisión de Guanacaste. Lo que pone de manifiesto la poca disposición de los proponentes de estos proyectos para tomar en cuenta los impactos ambientales de una actividad destructiva como la minería. 

Hoy lunes la Comisión Especial de Provincia de Alajuela sesionará a las 10:30AM para tramitar el expediente 22007 "Ley  de  Minería Crucitas" uno se los tres proyectos de ley de minería que existen en este momento en la Asamblea Legislativa. Hoy se desarrollará la audiencia para Andrea Meza Murillo, Ministra de Ambiente y Energía. 

El martes y miércoles, a las 12MD la Comisión de Asuntos Sociales continuará el trámite del expediente  Nº 21.584: “Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica” propuesto por los legisladores del PLN Jorge Fonseca y María José Corrales. 

El movimiento ambiental ha convocado para el día miércoles 18 de noviembre a las 12MD a una manifestación en la Plaza de la Democracia para oponerse a cualquier legalización de la minería metálica a cielo abierto. 

Este lunes se estrenó el video Clip “La Mona Mina” una producción nacional que con música y humor inspirado en un viejo dicho popular para señalar que aunque la minería sea etiquetada como sostenible sigue siendo una actividad destructiva. 

Video Clip Mona Mina: https://www.youtube.com/watch?v=cTAvt64ygcY&feature=emb_title

Mona Mina

No se lo pierda y que no se lo cuenten!! En exclusiva para todxs uds el tan esperado estreno del videoclip La Mona Mina!!
Además, acérquese este próximo miércoles a Plaza la Democracia a partir de las 12:00md, para conocer en vivo y a todo color a la famosa

Mona Mina que estará dando autógrafos y fotografías y que nos va a llegar a contar a la "Jornada de Lucha Contra la Minería y en Defensa de la Vida", como aunque a la mina la vistan de sostenible, mina se queda! Que no nos agarren de monxs, la minería a cielo abierto no puede ser sostenible! 🐒🐒🐒
Videoperformance basado en el cuento popular centroamericano "La Mona".

16.3.19

Universidad Técnica Nacional (UTN) libre de Glifosato

Se une a 21 municipalidades y 3 universidades publica
“El Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional (UTN) mediante el acuerdo 6-1 -2010 aprueba la prohibición del uso del herbicida Glifosato en los campus académicos de la institución, por ser considerado un producto de alto riesgo para los seres humanos”

6.3.19

“Medicina para las plantas” venenos para la humanidad y ecosistemas

  • Productos cuestionados y prohibidos en otros países quieren saltarse los controles de salud y ambiente
  • Decretos hechos a la medida de las empresas vendedoras de venenos
    (Bloque Verde, 4 de marzo 2019.) INQUISA es el principal solicitante de inscripción de agrotóxicos con el decreto cuestionado en Sala IV. Según el listado de IAGT en proceso de registro amparados al Decreto N° 40059-MAG-MINAE-S (1). Esta empresa señalada esta relacionada con el hermano del ex presidente Solís, tiene 5 de las 15 solicitudes bajo del decreto n.º 40059 que rige el registro de plaguicidas, este decreto es cuestionando por parte de la Defensoría de los Habitantes, Ministerios de Salud, Procuraduría, Contraloría y MINAE en la Sala Constitucional por supuesta falta de fundamentos legales y técnicos.

4.3.19

Ministerio de Salud señala que decreto de plaguicidas perjudica a salud humana

-Criterio ante la Sala Constitucional es claro en señalar que estudios toxicológicos son fundamentales para el registro de plaguicidas

-MAG “embarca” al presidente Carlos Alvarado por firma de ampliación de decreto 39995

-Decretos provoca aumento de las importaciones de plaguicidas llegando a 19 millones de kilogramos de ingrediente activo.

(Bloque Verde, 27-2-2019) Ministerio de Salud respalda al MINAE y señala posible inconstitucionalidad de Decreto 39995. Mediante el oficio DM-FR7196-2018 la cartera de salud respalda los argumentos planteados por las organizaciones ambientales, agricultores orgánicos, apicultores y académicos al señalar la importancia de que el registro de plaguicidas sea respaldado por estudios toxicológicos.

18.2.19

MINAE solicita suspensión inmediata de reglamento sobre plaguicidas


  -Decreto 39995 carece de sustento técnico
    -Violenta el derecho a un ambiente sano y equilibrado

(Bloque Verde, 18-2-2019) Mediante un informe ante la Sala Constitucional ha señalado el Ministerio de Ambiente y Energía que el Decreto Ejecutivo 39995 sobre registro de plaguicidas violenta el principio precautorio al exponer a la población y al ambiente a plaguicidas que carecen de estudios ecotoxitológicos.

11.2.19

Sala Constitucional estudia prohibición del glifosato

-Herbicida más usado en zona de incidencia de Enfermedad Renal Crónica (ERC)

Un nutrido grupo de personas de Bagaces interpusieron un recurso de amparo “para que se cancele y se prohíba el uso del glifosato en Costa Rica, atendiendo el grado de conocimiento que existe sobre su toxicidad”, esta petitoria está basada en 850 referencias científicas que evidencia las afectaciones que ha llevado a la prohibición en muchos otros países del mundo.

7.2.19

¡Alerta Sanitaria por uso de plaguicidas en áreas públicas!


Las comunidades, organizaciones y personas preocupadas por el uso de agrotóxicos en áreas públicas tienen ahora dos importantes herramientas para luchar por espacios públicos libres de venenos.
Se trata de una certificación del Ministerio de Salud que confirma que en Costa Rica NO hay ningún herbicida registrado ante ese ministerio, por lo que estas sustancias NO pueden aplicarse en áreas públicas como caminos, aceras, plazas, jardines de casas o edificios, áreas de recreo, cementerios, lotes baldíos, etc. (ver certificación).

17.1.19

Organizaciones buscarían denunciar certificación de piñera

Ante la falta de respuesta por despido de 80 trabajadores:

 Bloqueverde, en conjunto con otras 20 organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y sindicales del país presentarían una denuncia ante la certificadora CERES / Rainforest Alliance por las violaciones de su empresa a los derechos laborales y al derecho a la libre organización.