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• Ejecutivo presenta proyecto de ley con escaso soporte técnico-científico en materia ambiental;
• Reforma del MINAE recorta derecho de
participación social en decisiones ambientales:
(Bloque Verde. 30-06-2022) El pasado miércoles 29 de julio en conferencia de
prensa el presidente Rodrigo Chaves presentó un cuestionable proyecto de ley
denominado “ Fortalecimiento de Competencias del Ministerio de Ambiente y
Energía”. En este texto el Poder Ejecutivo juntó propuestas tan diferentes como
eliminar los Consejo Regionales de las Áreas de Conservación, eliminar las
juntas directivas de los Parques Nacionales, eliminar la Comisión Plenaria de la
Secretaría Técnica Ambiental, modificar las forma de administración el Parque
Nacional Isla San Lucas, e incluso derogaría la ley No.10173 que sustenta al
Parque Marino Ballena promulgada el año pasado.Sin duda que es importante hacer cambios en el MINAE pero es
necesario que parta de un buen diagnóstico y de la experiencia del sector y la
institucionalizad ambiental, pero el Ejecutivo han optado por hacer lo
contrario.
El proyecto de ley parece no estar respaldado por ninguna clase de estudio, diagnóstico o informe oficial. El único sustento de este proyecto de ley parece ser el ansia de concentración de poder en una sola persona. Esto es complejo ya que plantea tomar decisiones tan trascendentales para el país cómo la manera en que se financian los Parques Nacionales y cómo se distribuyen los ingresos de los mismos.
El proyecto de ley recorta los espacios de participación
social y científica en instancias de decisión en materia ambiental.
Concentrando el poder en la figura del ministro y lo que deja en entredicho la
voluntad del Poder Ejecutivo a fortalecer la democratización de las gobernanza
ambiental.
La debilitación de la participación sólo provocaría mayor
conflictividad social ambiental y judicialición de casos que hoy se contienen
en estos espacios colegiados a eliminarse. Es decir, sí lo que busca el
gobierno es mayor eficiencia, esto no se va lograr. Debido a que las
disposiciones generadas por el gobierno bajo esta nueva ley terminarían sin
“seguridad jurídica”. Ya que la mayoría de estas disposiciones serían
regresivas en materia de derechos ambientales y por lo tanto
inconstitucionales. Una ley que de aprobarse terminaría impugnada en Sala
Constitucional o en calidad de inaplicable.
Chaves además anunció la modificación de la Comisión Nacional de Gestión de
Biodiversidad (CONAGEBIO). Este cambio consiste en dos cuestiones bastante
lamentables. Eliminar la representación de las organizaciones de las sociedad
civil en materia ambiental. Quitando el espacio que tiene en este momento la Federación
Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza (FECON) dentro de la
CONAGEBIO. Plantea además convertir a la CONAGEBIO en una instancia de carácter
consultivo para el MINAE.
El gobierno persigue además arrogarse el poder de nombrar a todos los
directores de las Áreas de Conservación, al director del SINAC. Estos puestos
en la actualidad son seleccionados y nombrados con la participación de los
órganos colegiados del SINAC, sea el Consejo Regional del Área de Conservación
respectiva y el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, con un mecanismo
especial diferente de otros puestos de las instituciones pertenecientes al
Poder Ejecutivo. Con el planteamiento del Ejecutivo estos puestos dejarían de
ser otorgados mediante procedimientos y evaluaciones técnicas a ser nombrados
prácticamente a dedo por el ministro de turno. Un retroceso en materia de
gobernanza ambiental.
Además el Chaves pretende hacer que la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA)
deje de ser un “órgano desconcentrado” y pase a integrarse al MINAE en
condición de órgano de “desconcentración mínima”. Eliminando así la Comisión
Plenaria, que actualmente dispone de la potestad de otorgar o denegar las
viabilidades ambientales en SETENA. Con la modificación sería el ministro de
ambiente quien otorgara la viabilidad de los proyectos, restando así cualquier
posibilidad de que el impacto ambiental de los planes, programas y proyectos
sean evaluados técnica y científicamente. Elimina la posibilidad de
participación social tan reducida que existe en la actualidad y empeorando el
panorama para las organizaciones ambientales de involucrarse en el debate ante
cualquier proyecto contaminante o destructivo.
En resumen el proyecto de ley “ Fortalecimiento de Competencias del Ministerio
de Ambiente y Energía” es un síntoma de la deriva autoritaria en la que poco a
poco va cayendo el gobierno de Chaves y un retroceso grave en materia
democrática.
