4.12.20
Apicultores denuncian: en Costa Rica los agroquímicos están matando 250 mil abejas cada día
Hoy en el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas llaman a proteger las abejas y la vida
1.12.20
¿A quiénes y porque les incomoda el acuerdo de Escazú?
Es injustificable seguir poniendo en riesgo a defensores y defensoras de la naturaleza.
Es inaceptable e irresponsable la
posición de las cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, las
cuales pretenden que siga reinando en el país la impunidad en cuanto a crímenes
contra defensores de la naturaleza.
El “Acuerdo de Escazú” fue
impulsado y firmado por Costa Rica en 2018 y en este momento se espera que sea
ratificado por la Asamblea Legislativa para que pueda ser depositada la
adhesión formal en Naciones Unidas y de esta forma entre a regir.
Uno de los alcances, que es
importante mencionar, de este acuerdo es que daría la posibilidad de exigir al
Estado la protección de los y las defensores ambientales en caso de que sean
amenazados o perseguidos por su accionar en defensa de la naturaleza.
Es urgente que se avance en
aprobar el Acuerdo de Escazú y para tal objetivo el gobierno de Carlos Alvarado
debe comprometerse con éste y priorizar su trámite en la Asamblea Legislativa;
Firmen ya el Acuerdo de Escazú … por
la Justicia y la memoria de:
Olof Wessberg (1975)
conservacionista que después de una larga lucha de más de 20 años creo la Reserva Cabo Blanco fue asesinado en una
visita Corcovado donde exploraba la idea de convertirlo en parque nacional.
Antonio Zúñiga (1989), muerte en
circunstancias no esclarecidas el compañero indígena luchador en contra de la
cacería ilegal, en el territorio
Indígena de Ujarrás.
Oscar Quirós (1992), muerte a
balazos, este dirigente de la Lucha en contra la deforestación en Sarapiquí, se cree que fue muerto a manos de
madereros debido a sus constantes denuncias.
Jorge Aguilar (SF), cuando
luchaba contra la cacería ilegal salió a patrullar en Cartago y familiares
encontraron muerto.
Óscar Fallas, Jaime Bustamante y
María del Mar Cordero (1994), dirigentes de la Asociación Ecologista
Costarricense que habían participado en una larga campaña contra la instalación
de un puerto astillero.
David Maradiaga (1995), tras una
misteriosa desaparición de tres semanas. También era parte de la Asociación
Ecologista Costarricense.
Kimberley Blackwell (2011),
conservacionista canadiense radicada en Costa Rica aparece asesinada dentro de
su casa en San Miguel de Cañaza, Puerto Jiménez. La activista tuvo varios
enfrentamientos con cazadores ilegales y
se presume que por venganza la mataron.
Inclusive, un cazador de la localidad estuvo en prisión preventiva como
sospechoso de su asesinato. Pese a la presión de la familia, quienes
contrataron un investigador privado, la embajada y hasta el primer Ministro
canadiense, desconocemos si hubo condena por este caso.
Diego Armando Saborío (2014),
según la prensa nacional habría sido asesinado “por defender a los animales
silvestres de una finca propiedad de su familia, en Chamorro de Cutris en San
Carlos” (La Nación, 14 -10-15).
Sergio Rojas (2019), El líder
indígena de 59 años fue asesinado el lunes 18 de marzo de 2019 en horas de la
noche. Antes de eso sufrió amenazas, intento de asesinato e incluso desde 2015
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado
costarricense protegerlo porque su vida corría peligro. Fue líder de un fuerte
movimiento de autonomía indígena y de recuperación de tierras en la Zona Sur
del país, fue agredido, perseguido, criminalizado, y encarcelado, hasta que sus
adversarios se atrevieron a cruzar la línea…
Yehry Rivera (2020), El pasado 24
de febrero del 2020 Yehry Rivera fue ultimado de cinco disparos por la espalda
en medio de un “linchamiento” de usurpadores no indígenas por un terreno
recuperado. El asesinato se dio a casi un mes de que se cumpliera un año del
asesinato del dirigente bribri Sergio Rojas en el territorio de Salitre.
30.11.20
Cámaras empresariales accionan campaña de desinformación para perpetuar esquema de impunidad en delitos contra defensores ambientales
-Es urgente convocar el Acuerdo de Escazú para discutirlo
en la Asamblea Legislativa;
-Empresarios presionan para que no exista un marco legal
robusto en materia de delitos contra defensores de la naturaleza;
(Bloque Verde, 30/11/2020) Es injustificable seguir poniendo en riesgo a defensores y defensoras de la naturaleza. Es inaceptable e irresponsable la posición de las cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, las cuales pretenden que siga reinando en el país la impunidad en cuanto a crímenes contra defensores de la naturaleza.
Tanto la Cámara de la agroindustria ( ver texto) como la Cámara de Industrias y la Unión de Cámaras Empresariales ( ver texto) , han emitido documentos con afirmaciones temerarias, falsas y cargadas de argumentos ideológicos, en contra de un acuerdo internacional que vendría a ordenar la legislación en carácter de protección de los derechos ambientales, como lo es el Acuerdo de Escazú.
Los argumentos de las cámaras empresariales fueron desmentidos por el foro del Colegio de Abogados (1) del pasado 23 de noviembre. En el foro desglosaron uno a uno los argumentos falaces de los empresarios y dejaron en claro que esta campaña de las cámaras está fundamentada en interpretaciones lejanas a la realidad.
Además, Nicolás Boeglin, especialista en derecho internacional de la UCR señala que el caso de los empresarios costarricenses no es aislado. Boeglin señala que: “... tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional.” puntualizó el abogado (2).
La convocatoria de la agenda de proyectos de ley que envió el ejecutivo el día viernes 27 de noviembre a la Asamblea Legislativa dejó de lado la posibilidad de que se vote un acuerdo internacional que vendría a posibilitar la instalación de mecanismos para el acceso a la información y la protección de la seguridad y la vida de las quienes protegemos el agua, la biodiversidad, los ríos, los bosques, la vida silvestre terrestre y marina, etc.
El nombre completo de este convenio internacional es: El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”. Fue impulsado y firmado por Costa Rica en 2018 y en este momento se espera que sea ratificado por la Asamblea Legislativa para que pueda ser depositada la adhesión formal en Naciones Unidas y de esta forma entre a regir.
Uno de los alcances, que es importante mencionar, de este acuerdo es que daría la posibilidad de exigir al Estado la protección de los y las defensores ambientales en caso de que sean amenazados o perseguidos por su accionar en defensa de la naturaleza.
El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica señala que no se puede “pensar que Costa Rica por su “liderazgo verde” se encuentra como la excepción en la región Latinoamericana y Caribeña. Sobre la precaria situación que atraviesan las y los defensores ambientales, el recuento de los hechos demuestra que vivimos situaciones que de no ser enfrentadas, podrían derivar en una mayor desprotección de estas personas”(ver texto).
Este mismo centro universitario señaló que en la historia reciente de Costa Rica existen casos de defensores de derechos humanos y ambientales que han sido asesinados. Los crímenes de Yerhy Rivera en 2020 y Sergio Rojas en 2019; los cuales siguen en impunidad en un contexto de racismo, que impide el seguimiento de las investigaciones para buscar los autores materiales e intelectuales (ver texto).
Pero a esto se suman otros crímenes más, como el cometido contra Jairo Mora en Moín en 2013. Y recuerda la deuda histórica que tiene el país en la búsqueda de justicia para los integrantes de la Asociación Ecologista Costarricense asesinados 26 años atrás.
Por esta razón es urgente que se avance en aprobar el Acuerdo de Escazú y para tal objetivo el gobierno de Carlos Alvarado debe comprometerse con éste y priorizar su trámite en la Asamblea Legislativa; de lo contrario está posponiendo de forma injustificable la aplicación de un tratado internacional que vendría a dar seguridad a la labor de miles de personas a nivel nacional. Activistas, ecologistas, campesinos, campesina, indígenas, funcionarios de instituciones que impulsamos la conservación y el resguardo de los ecosistemas, y que en muchos casos lo hacemos a costa de la propia vida o seguridad personal.
Notas:
1. Charla "Acuerdo de Escazú y sus alcances en la normativa ambiental costarricense"
https://www.youtube.com/
2. El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación