30.6.22

Proyecto de ley desnuda deriva autoritaria en materia ambiental del presidente Chaves

   

• Ejecutivo presenta proyecto de ley con escaso soporte técnico-científico en materia ambiental;
    • Reforma del MINAE recorta derecho de participación social en decisiones ambientales:

(Bloque Verde. 30-06-2022) El pasado miércoles 29 de julio en conferencia de prensa el presidente Rodrigo Chaves presentó un cuestionable proyecto de ley denominado “ Fortalecimiento de Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía”. En este texto el Poder Ejecutivo juntó propuestas tan diferentes como eliminar los Consejo Regionales de las Áreas de Conservación, eliminar las juntas directivas de los Parques Nacionales, eliminar la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Ambiental, modificar las forma de administración el Parque Nacional Isla San Lucas, e incluso derogaría la ley No.10173 que sustenta al Parque Marino Ballena promulgada el año pasado.Sin duda que es importante hacer cambios en el MINAE pero es necesario que parta de un buen diagnóstico y de la experiencia del sector y la institucionalizad ambiental, pero el Ejecutivo han optado por hacer lo contrario.

El proyecto de ley parece no estar respaldado por ninguna clase de estudio, diagnóstico o informe oficial. El único sustento de este proyecto de ley parece ser el ansia de concentración de poder en una sola persona. Esto es complejo ya que plantea tomar decisiones tan trascendentales para el país cómo la manera en que se financian los Parques Nacionales y cómo se distribuyen los ingresos de los mismos. 

El proyecto de ley recorta los espacios de participación social y científica en instancias de decisión en materia ambiental. Concentrando el poder en la figura del ministro y lo que deja en entredicho la voluntad del Poder Ejecutivo a fortalecer la democratización de las gobernanza ambiental.

La debilitación de la participación sólo provocaría mayor conflictividad social ambiental y judicialición de casos que hoy se contienen en estos espacios colegiados a eliminarse. Es decir, sí lo que busca el gobierno es mayor eficiencia, esto no se va lograr. Debido a que las disposiciones generadas por el gobierno bajo esta nueva ley terminarían sin “seguridad jurídica”. Ya que la mayoría de estas disposiciones serían regresivas en materia de derechos ambientales y por lo tanto inconstitucionales. Una ley que de aprobarse terminaría impugnada en Sala Constitucional o en calidad de inaplicable. 

Chaves además anunció la modificación de la Comisión Nacional de Gestión de Biodiversidad (CONAGEBIO). Este cambio consiste en dos cuestiones bastante lamentables. Eliminar la representación de las organizaciones de las sociedad civil en materia ambiental. Quitando el espacio que tiene en este momento la Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza (FECON) dentro de la CONAGEBIO. Plantea además convertir a la CONAGEBIO en una instancia de carácter consultivo para el MINAE.

El gobierno persigue además arrogarse el poder de nombrar a todos los directores de las Áreas de Conservación, al director del SINAC. Estos puestos en la actualidad son seleccionados y nombrados con la participación de los órganos colegiados del SINAC, sea el Consejo Regional del Área de Conservación respectiva y el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, con un mecanismo especial diferente de otros puestos de las instituciones pertenecientes al Poder Ejecutivo. Con el planteamiento del Ejecutivo estos puestos dejarían de ser otorgados mediante procedimientos y evaluaciones técnicas a ser nombrados prácticamente a dedo por el ministro de turno. Un retroceso en materia de gobernanza ambiental.

Además el Chaves pretende hacer que la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) deje de ser un “órgano desconcentrado” y pase a integrarse al MINAE en condición de órgano de “desconcentración mínima”. Eliminando así la Comisión Plenaria, que actualmente dispone de la potestad de otorgar o denegar las viabilidades ambientales en SETENA. Con la modificación sería el ministro de ambiente quien otorgara la viabilidad de los proyectos, restando así cualquier posibilidad de que el impacto ambiental de los planes, programas y proyectos sean evaluados técnica y científicamente. Elimina la posibilidad de participación social tan reducida que existe en la actualidad y empeorando el panorama para las organizaciones ambientales de involucrarse en el debate ante cualquier proyecto contaminante o destructivo.

En resumen el proyecto de ley “ Fortalecimiento de Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía” es un síntoma de la deriva autoritaria en la que poco a poco va cayendo el gobierno de Chaves y un retroceso grave en materia democrática.