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Concentración de poder en ministro de ambiente atentará contra disposiciones básica de conservación y control ambiental
Mideplan y Minae preparan decreto ejecutivo para concentrar las funciones de la mayoría de las asesorías jurídicas de órganos desconcentrados. Esta parece ser una medida desesperada de este gobierno al ver varada la reforma legal bajo el expediente legislativo n° 23.213, con un espíritu bastante similar a esta nueva movida del MINAE.
La propuesta de decreto conlleva no solo otorgar mayor poder al Franz Tattenbach, en calidad de ministro de ambiente, sino a erosionar la participación social en los órganos colegiados que verían vaciadas sus capacidades de dar opinión técnica oportuna ante cuestiones particulares, por ejemplo la prohibición de agroquímicos altamente peligrosos o contaminantes.
MINAE pretende “suprimir las unidades organizacionales de Asesoría Jurídica de la estructura organizacional del Instituto Meteorológico Nacional, la Dirección de Aguas, la Dirección de Energía, la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles, la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Dirección de Cambio Climático, la Dirección General de Hidrocarburos y la Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón (COMCURE)”.
Esta modificación tiene grandes implicaciones en muchos ámbitos y tiene a todas luces vicios y contradicciones en nuestro andamiaje de leyes ambientales, pero vale la pena resaltar una de las consecuencias de esta reforma: la obstaculización de órganos como DIGECA en materia de regulación de agroquímicos. Esta dependencia es la encargada de evaluar los registros de plaguicidas en su dimensión ambiental.
De aprobarse esta nueva reforma la dirección jurídica de DIGECA se suprima, todas las opiniones técnicas al respecto de los agrotóxicos serán emitidas por el ministro de turno. Lo cual convierte las decisiones técnicas y científicas en decisiones políticas, erosionando la posibilidad de que sean detectados impactos graves sobre la biodiversidad, el agua y los ecosistemas de sustancias altamente peligrosas como esta.
El caso de la prohibición del clorotalonil puede servir de ejemplo claro. Ya que DIGEDA en su momento emitió criterio técnico y legal apoyando la prohibición este funguicida que contaminó distintas fuentes de agua para consumo humano en la Zona Norte de Cartago. Esto no hubiera sido posible con esta nueva disposición que pretende MINAE y MIDEPLAN.
Nuevamente la cartera del ministro Franz Tattenbach busca de forma desesperada concentrar poder y eliminar la participación de órganos técnicos y científicos para pasar a administrar el ministerio como si fuera una pulpería de barrio, en dónde sólo el criterio del ministro de turno sería válido para tomar todas las decisiones. Esto es gravísimo, un retroceso desde cualquier punto de vista y podría tener consecuencias poco previsibles, ya que dejar estas disposiciones ambientales de suma importancia bajo la tiranía de figuras poco comprometidas con la conservación de la naturaleza como el ministro Tattenbach.