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Por
Mauricio Álvarez M, Presidente FECON y profesor Kioscos Socioambientales UCR
¿Energía
limpia porque barre ambientalistas, arrasa con comunidades, limpia las arcas
del estado y elimina lo que queda de Naturaleza y por tanto lo que queda de
bienes públicos?. Limpia no puede ser la energía generada por Proyectos
Hidroeléctricos (PHs) en su mayoría para la minería y maquilas transnacionales
en México, Centroamérica y Colombia, denunciados por organizaciones y
comunidades por haber pasado encima de la vida de miles de afectados y más de
50 activistas asesinados entre el 2000 y 2016 [1].
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- Pronunciamiento de la Federación Conservacionista
(FECON) y la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)
Una nueva política y estrategia para el manejo de la
biodiversidad recién fue aprobada por el Comisión Nacional de Gestión para la
Biodiversidad (CONAGEBIO) del MINAE, a pesar de las observaciones y críticas
del sector ecologista que en repetidas ocasiones señaló que desde el inicio
carece de consulta y trabajo conjunto con las comunidades campesinas e
indígenas, así como de organizaciones comunitarias y civiles.
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El Día Mundial
de Guardaparques- hoy
31 julio- honra a los guardaparques de todo el mundo que han sido heridos o
perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, en los últimos 12 meses son
107 guardaparques fallecidos en diferente países del orbe, la mayoría asesinados
por cazadores furtivos ( ver
lista).
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Pronunciamiento de la Federación Conservacionista (FECON) y
la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)
El día 13 de junio del año 2016 en sesión extraordinaria de
CONAGEBIO (Comisión Nacional de Gestión para la Biodiversidad) se aprobó, con
nueve votos a favor [1] y uno en contr [2],
la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB).
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Presentarán acción legal en los próximos días
Dos
distintos dictámenes del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea
Legislativa evidencian que es inconstitucional la nueva Ley 9373, que se firmó
la semana pasada aprobada bajo el expediente
legislativo 19.139. Esta ley suspende durante 24 meses desalojos a
personas, demolición de obras, suspensión de actividades y proyectos en la Zona
Marítima Terrestre, Zona Fronteriza y el Patrimonio Natural del Estado.
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