Fuente: Informa-tico.com. Los pobladores de Isla Caballo, Golfo de Nicoya, demandan la intervención de la Asamblea Legislativa para detener la persecución de que son víctimas de parte de autoridades que les hacen el cachete a políticos empresarios turísticos, incluidos funcionarios del actual gobierno (ver recuadro "Plan destructor de Isla Caballo").
Los quieren echar del lugar donde han vivido desde siempre, para aplicar un plan regulador impulsado por empresarios conectados al poder político, y que le tienen puesto el ojo a la paradisíaca isla para desarrollar un proyecto hotelero.
Con lágrimas en los ojos, miembros de una delegación de vecinos narraron el jueves pasado a los diputados en la Asamblea Legislativa (sólo los recibieron los del PAC, PASE y Frente Amplio) cómo la Municipalidad de Puntarenas, la Fiscalía y la Policía los han estado persiguiendo desde hace unos diez años, sin que de nada hayan valido las denuncias que han interpuesto ante la Defensoría de los habitantes y otras autoridades.
Los acusan -y a algunos ya les han abierto causa penal- por infracción a la ley de zona marítimo terrestre (ZMT), al tener sus casas en la zona restringida (franja inalienable de 200 metros tierra adentro desde la pleamar). La Ley que fue promulgada 1977, cuando la mayoría de los habitantes ya vivían allí.
La Municipalidad de Puntarenas está empeñada en aplicar en la isla un plan regulador que no fue consultado a los pobladores, y fue pagado por una sociedad que propone el desarrollo de un proyecto hotelero, y para la cual solicitó las concesiones turísticas el actual viceministro de Economía, Jorge Woodbridge.
De acuerdo con el plan, que ya fue aprobado por la Municipalidad, el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), los pobladores de la isla (unos 200) serían confinados a vivir un terreno de 2,5 hectáreas de tierra, privándolos de su cultura y forma de vida tradicional, la pesca artesanal.
La denuncia está documentada en un expediente recopilado por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), que apoya a los isleños, y el cual fue entregado a los legisladores y periodistas.
Al pescador Pedro Velásquez el juez, la Municipalidad y la Policía le quemaron el rancho con todas sus pertenencias.
Lo interesante es que los políticos deciden, todos deciden, y nadie les consulta a los propios pobladores que es lo que quieren para la isla, ellos que son los costarricenses con más derecho de vivir allí, ironizó el diputado José Merino (Frente Amplio).
Merino habló el jueves en el plenario legislativo en respuesta a un diputado del Movimiento Libertario, que junto a los legisladores puntarenenses de los diferentes partidos (excepto el PAC) impulsan un proyecto de ley para reordenar la propiedad y "desarrollar" las islas del Golfo.
Las islas son parte de la zona marítimo terrestre (ZMT), propiedad inalienable del Estado, y en ellas las concesiones de uso tienen que ser aprobadas por la Municipalidad y por la Asamblea Legislativa.
Exigen revocar plan
En un documento firmado por los isleños, éstos piden a los diputados iniciar acciones para revocar definitivamente el plan regulador.
"Exigimos que se respete nuestro derecho a ser tomados en cuenta en la planificación y futuro desarrollo de Isla Caballo (...) el plan regulador atenta contra nuestros valores, nuestras costumbres y calidad de vida (...) cuando nos dimos cuenta ya había sido publicado y presentado a la Asamblea como si nosotros simplemente no existiéramos", indican.
Además, en este plan regulador se plantean usos de la tierra que son desde todo punto de vista contrarios a los preceptos de conservación de los bosques que forman parte del patrimonio natural del Estado, señalan los pobladores de Isla Caballo.
El plan regulador de Isla Caballo no fue consultado a los pobladores como exige la ley, y la municipalidad presentó un documento, según el cual el plan habría sido aprobado en "una audiencia pública" realizada en una fecha incierta de 1996, con la presencia de ocho pobladores de la isla, el ejecutivo municipal Claudio Miranda, el jefe del departamento de Arriendos Jorge Luis Sirias y la abogada Ana Lorena María Palma, apoderada de Playa Culzer, una de las cinco sociedades en cuestión.
En los archivos del INVU, no existe constancia de la realización de la audiencia, que es requisito, según oficio extendido por la Dirección de Urbanismo de esa institución.
Concesiones y empresarios
En páginas de Internet y en documentos de la Asamblea Legislativa aparece Jorge Woodbridge solicitando concesiones en Isla Caballo a nombre de Corporación Nirvana, sociedad que propone el desarrollo turístico "Isla Caballo Ecological Paradise", con la promesa de "generar empleo y mejorar la calidad de vida" de los lugareños.
La Municipalidad de Puntarenas aprobó en 1997 el plan regulador, y Woodbridge solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar las concesiones a nombre de cinco sociedades, pero la solicitud fue archivada en el Congreso.
La actual viceministra de Transportes, Viviana Martin, figuró como socia mayoritaria (60%) de dichas sociedades, que pertenecen al estadounidense James Zeller, y quien según los vecinos ya tiene posesiones en la isla y hasta manda a sus peones a amedrentar a los lugareños.
Meses atrás, en unas declaraciones para Informa-tico, Martin pidió aclarar que ella no posee ninguna concesión turística y ya no forma parte de las sociedades. Como prueba entregó copia de certificaciones notariales sobre la modificación del capital social de las empresas en cuestión.
Explicó que su participación en este asunto se limitó a dar al norteamericano una asesoría profesional que solicitó al bufete de abogados del que ella formaba parte entonces, y en esa condición integró las sociedades, según un procedimiento que -dijo- es usual y totalmente legítimo.
Es de mencionar que la ley prohíbe las concesiones en la ZMT a extranjeros y a sociedades cuya mayoría de acciones no estén en manos costarricenses, por lo que los inversionistas utilizan sociedades integradas por costarricenses a fin de tramitar las concesiones por esa vía.
Se da la circunstancia de que Viviana Martin es hermana de Alvaro Martin, ex directivo del ICT que pose 11 empresas con concesiones turísticas en playas Zapotillal y Nombre de Dios, en Santa Cruz de Guanacaste, y como realizador de los planes reguladores tanto en esas playas como en Isla Caballo aparece Héctor Chavarría, funcionario del Departamento de Urbanismo del INVU.
La ley prohíbe que una misma persona posea más de una concesión en la ZMT, pero por defecto de la ley, que solo habla de personas físicas, los realizadores utilizan la figura de sociedades anónimas para obtener más de una concesión.
De pescadores a criminales
Mientras que empresarios con poder económico e influencias políticas obtienen día tras día concesiones turísticas en lo largo de la ZMT, a los humildes pescadores de las islas, que no cuentan con recursos para defenderse, los quieren expulsar, los tratan como criminales y algunos ya tienen orden de desalojo, o afrontan juicios penales por ocupación de la zona restringida.
Uno de los casos dramáticos se presentó el pasado 8 de agosto, cuando en un acto "desprovisto de toda sensibilidad humana", según la denuncia de los lugareños, una delegación de la municipalidad de Puntarenas, encabezada por la abogada Nelly Jiménez, y por efectivos de la Fuerza Pública, se presentó en Isla Caballo y le quemó el rancho con todas sus pertenencias al pescador Pedro Velásquez, con 38 años de vivir en la isla.
Velásquez, de 56 años, no se encontraba en ese momento, andaba vendiendo pescado en Puntarenas, y los funcionarios no atendieron el ruego de un vecino presente en el lugar quien les pidió que por favor esperaran a que Velásquez regresara. Un juez había ordenado demoler la casa por el delito de "infracción a la ley de ZMT (por vivir en la playa)."
A Don Pedro, que no sabe leer ni escribir, unos meses atrás le habían hecho "firmar" unos papeles en los que supuestamente él consentía en el desalojo.
En el incendio perdió todas las pertenencias y los ahorros de toda la vida: dos millones de colones que guardaba en una colchoneta con el fin de comprarse un motor para su panga de pescar. A pocos días le robaron la panga, que luego fue encontrada abandonada a la deriva.
En la Fiscalía adjunta de Puntarenas el pescador interpuso denuncia penal contra los funcionarios involucrados, por el delito de abuso de autoridad y otros cargos, y exigió una reparación del Estado por los daños causados.
Don Pedro relató el jueves a periodistas en la Asamblea Legislativa que no sabe como va afrontar el próximo invierno, pues está viviendo bajo seis latas de zinc chamuscadas que logró rescatar de los escombros de su rancho, o duerme en la panga por temor a que se la roben de nuevo.
PLAN DESTRUCTOR DE ISLA CABALLO
1996 (fecha y hora incierta). El ejecutivo municipal de Puntarenas, Claudio Miranda, el jefe del departamento de Arriendos, Jorge Luis Sirias, y la licenciada Ana Lorena María Palma, apoderada de Playa Culzer, se hacen presentes en Isla Caballo y ante ocho personas de la isla (habitada por 200 personas), el ejecutivo municipal manifiesta que se abre esta audiencia formalmente y se pone el proyecto plan regulador parcial de Isla Caballo a disposición del público presente por espacio de 30 minutos para que lo estudien. Transcurrida la medida hora, se reanuda la "audiencia pública" para escuchar las manifestaciones que deseen realizar los presentes, y habiéndose evacuado las consultas al respecto y no habiéndose presentado oposiciones técnicas o legales de manera verbal o escrita, se da por terminada la audiencia al ser las doce horas con treinta minutos.
22.04.1996. El ICT aprueba el plan regulador de Isla Caballo en sesión ordinaria No. 4634.
28.08.1996. El INVU aprueba el plan regulador de Isla Caballo en sesión ordinaria No. 4629
10.03.1997. La Municipalidad de Puntarenas aprueba el plan regulador de Isla Caballo en sesión ordinaria No. 406.
14. 08.2002. Carta dirigida a los diputados de la Asamblea Legislativa
Solicitándoles que ratifiquen la concesión a la Corporación Nirvana, la cual pagó a hacer el plan regulador. Firma la carta el director del proyecto Isla Caballo Ecological Paradise, el señor Jorge Woodbridge, hoy viceministro de Economía del gobierno de Oscar Arias. Figura como socia mayoritaria Viviana Martin, hoy viceministra de Transportes.
21.10.2002. La Gaceta No. 202. La Municipalidad de Puntarenas publica el reglamento del plan regulador parcial de Isla Caballo y el Reglamento de zonificación. Proponen un desarrollo urbano y turístico para 900 habitaciones, con zona hotelera y residencial (en una isla donde no hay agua potable). Hablan de 560 empleos directos. Reservan dos y media hectáreas para reubicar a los isleños, a quienes ofrecen "oportunidades de trabajo para mejorar su calidad de vida".
08.08.2006. Una delegación encabezada por la licenciada Nelly Jiménez Rodríguez, integrada por funcionarios municipales, efectivos de la Fuerza Pública y de la Base Naval de Puntarenas, le queman la casa a don Pedro Velásquez Velásquez, pescador y poblador de Isla Caballo desde hace 38 años. Don Pedro no sabe leer ni escribir y unos meses antes funcionarios de la Municipalidad le habían hecho "firmar" unos papeles. En el incendio pierde sus pertenencias y los ahorros de toda su vida: dos millones de colones con los cuales pensaba comprar un motor para su panga de pescar. Actualmente don Pedro pasa las noches y los aguaceros bajo seis hojas de lata que logró rescatar de los escombros o duerme en la panga por temor a que la roben.
31.10.2006. El arquitecto Francisco Mora Protti, director de Urbanismo del INVU, señala en el oficio PU-C-D-996-2006, que "no aparece en nuestros archivos ningún registro donde conste la realización de u proceso de consulta a los habitantes de Isla Caballo sobre la propuesta del plan regulador parcial de la misma".
Octubre 2006. Isla Caballo. Los pobladores se informan sobre las irregularidades del plan regulador, se organizan y deciden recabar firmas para solicitar a los diputados que rechacen el plan regulador y para que los ayuden a iniciar el proceso de revocatoria.
28.11.2006. Asamblea Legislativa. La solicitud de los pobladores de Isla Caballo es entregada a cada uno de los 57 diputados. Los pobladores esperan una respuesta...
Fuente: FECON. Informe: "En el país de la paz: pobladores de Isla Caballo denuncian amenazas y violaciones contra sus derechos y su cultura, perpetradas por mercaderes de la zona marítimo terrestre.
Con lágrimas en los ojos, miembros de una delegación de vecinos narraron el jueves pasado a los diputados en la Asamblea Legislativa (sólo los recibieron los del PAC, PASE y Frente Amplio) cómo la Municipalidad de Puntarenas, la Fiscalía y la Policía los han estado persiguiendo desde hace unos diez años, sin que de nada hayan valido las denuncias que han interpuesto ante la Defensoría de los habitantes y otras autoridades.
Los acusan -y a algunos ya les han abierto causa penal- por infracción a la ley de zona marítimo terrestre (ZMT), al tener sus casas en la zona restringida (franja inalienable de 200 metros tierra adentro desde la pleamar). La Ley que fue promulgada 1977, cuando la mayoría de los habitantes ya vivían allí.
La Municipalidad de Puntarenas está empeñada en aplicar en la isla un plan regulador que no fue consultado a los pobladores, y fue pagado por una sociedad que propone el desarrollo de un proyecto hotelero, y para la cual solicitó las concesiones turísticas el actual viceministro de Economía, Jorge Woodbridge.
De acuerdo con el plan, que ya fue aprobado por la Municipalidad, el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), los pobladores de la isla (unos 200) serían confinados a vivir un terreno de 2,5 hectáreas de tierra, privándolos de su cultura y forma de vida tradicional, la pesca artesanal.
La denuncia está documentada en un expediente recopilado por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), que apoya a los isleños, y el cual fue entregado a los legisladores y periodistas.
Al pescador Pedro Velásquez el juez, la Municipalidad y la Policía le quemaron el rancho con todas sus pertenencias.
Lo interesante es que los políticos deciden, todos deciden, y nadie les consulta a los propios pobladores que es lo que quieren para la isla, ellos que son los costarricenses con más derecho de vivir allí, ironizó el diputado José Merino (Frente Amplio).
Merino habló el jueves en el plenario legislativo en respuesta a un diputado del Movimiento Libertario, que junto a los legisladores puntarenenses de los diferentes partidos (excepto el PAC) impulsan un proyecto de ley para reordenar la propiedad y "desarrollar" las islas del Golfo.
Las islas son parte de la zona marítimo terrestre (ZMT), propiedad inalienable del Estado, y en ellas las concesiones de uso tienen que ser aprobadas por la Municipalidad y por la Asamblea Legislativa.
Exigen revocar plan
En un documento firmado por los isleños, éstos piden a los diputados iniciar acciones para revocar definitivamente el plan regulador.
"Exigimos que se respete nuestro derecho a ser tomados en cuenta en la planificación y futuro desarrollo de Isla Caballo (...) el plan regulador atenta contra nuestros valores, nuestras costumbres y calidad de vida (...) cuando nos dimos cuenta ya había sido publicado y presentado a la Asamblea como si nosotros simplemente no existiéramos", indican.
Además, en este plan regulador se plantean usos de la tierra que son desde todo punto de vista contrarios a los preceptos de conservación de los bosques que forman parte del patrimonio natural del Estado, señalan los pobladores de Isla Caballo.
El plan regulador de Isla Caballo no fue consultado a los pobladores como exige la ley, y la municipalidad presentó un documento, según el cual el plan habría sido aprobado en "una audiencia pública" realizada en una fecha incierta de 1996, con la presencia de ocho pobladores de la isla, el ejecutivo municipal Claudio Miranda, el jefe del departamento de Arriendos Jorge Luis Sirias y la abogada Ana Lorena María Palma, apoderada de Playa Culzer, una de las cinco sociedades en cuestión.
En los archivos del INVU, no existe constancia de la realización de la audiencia, que es requisito, según oficio extendido por la Dirección de Urbanismo de esa institución.
Concesiones y empresarios
En páginas de Internet y en documentos de la Asamblea Legislativa aparece Jorge Woodbridge solicitando concesiones en Isla Caballo a nombre de Corporación Nirvana, sociedad que propone el desarrollo turístico "Isla Caballo Ecological Paradise", con la promesa de "generar empleo y mejorar la calidad de vida" de los lugareños.
La Municipalidad de Puntarenas aprobó en 1997 el plan regulador, y Woodbridge solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar las concesiones a nombre de cinco sociedades, pero la solicitud fue archivada en el Congreso.
La actual viceministra de Transportes, Viviana Martin, figuró como socia mayoritaria (60%) de dichas sociedades, que pertenecen al estadounidense James Zeller, y quien según los vecinos ya tiene posesiones en la isla y hasta manda a sus peones a amedrentar a los lugareños.
Meses atrás, en unas declaraciones para Informa-tico, Martin pidió aclarar que ella no posee ninguna concesión turística y ya no forma parte de las sociedades. Como prueba entregó copia de certificaciones notariales sobre la modificación del capital social de las empresas en cuestión.
Explicó que su participación en este asunto se limitó a dar al norteamericano una asesoría profesional que solicitó al bufete de abogados del que ella formaba parte entonces, y en esa condición integró las sociedades, según un procedimiento que -dijo- es usual y totalmente legítimo.
Es de mencionar que la ley prohíbe las concesiones en la ZMT a extranjeros y a sociedades cuya mayoría de acciones no estén en manos costarricenses, por lo que los inversionistas utilizan sociedades integradas por costarricenses a fin de tramitar las concesiones por esa vía.
Se da la circunstancia de que Viviana Martin es hermana de Alvaro Martin, ex directivo del ICT que pose 11 empresas con concesiones turísticas en playas Zapotillal y Nombre de Dios, en Santa Cruz de Guanacaste, y como realizador de los planes reguladores tanto en esas playas como en Isla Caballo aparece Héctor Chavarría, funcionario del Departamento de Urbanismo del INVU.
La ley prohíbe que una misma persona posea más de una concesión en la ZMT, pero por defecto de la ley, que solo habla de personas físicas, los realizadores utilizan la figura de sociedades anónimas para obtener más de una concesión.
De pescadores a criminales
Mientras que empresarios con poder económico e influencias políticas obtienen día tras día concesiones turísticas en lo largo de la ZMT, a los humildes pescadores de las islas, que no cuentan con recursos para defenderse, los quieren expulsar, los tratan como criminales y algunos ya tienen orden de desalojo, o afrontan juicios penales por ocupación de la zona restringida.
Uno de los casos dramáticos se presentó el pasado 8 de agosto, cuando en un acto "desprovisto de toda sensibilidad humana", según la denuncia de los lugareños, una delegación de la municipalidad de Puntarenas, encabezada por la abogada Nelly Jiménez, y por efectivos de la Fuerza Pública, se presentó en Isla Caballo y le quemó el rancho con todas sus pertenencias al pescador Pedro Velásquez, con 38 años de vivir en la isla.
Velásquez, de 56 años, no se encontraba en ese momento, andaba vendiendo pescado en Puntarenas, y los funcionarios no atendieron el ruego de un vecino presente en el lugar quien les pidió que por favor esperaran a que Velásquez regresara. Un juez había ordenado demoler la casa por el delito de "infracción a la ley de ZMT (por vivir en la playa)."
A Don Pedro, que no sabe leer ni escribir, unos meses atrás le habían hecho "firmar" unos papeles en los que supuestamente él consentía en el desalojo.
En el incendio perdió todas las pertenencias y los ahorros de toda la vida: dos millones de colones que guardaba en una colchoneta con el fin de comprarse un motor para su panga de pescar. A pocos días le robaron la panga, que luego fue encontrada abandonada a la deriva.
En la Fiscalía adjunta de Puntarenas el pescador interpuso denuncia penal contra los funcionarios involucrados, por el delito de abuso de autoridad y otros cargos, y exigió una reparación del Estado por los daños causados.
Don Pedro relató el jueves a periodistas en la Asamblea Legislativa que no sabe como va afrontar el próximo invierno, pues está viviendo bajo seis latas de zinc chamuscadas que logró rescatar de los escombros de su rancho, o duerme en la panga por temor a que se la roben de nuevo.
PLAN DESTRUCTOR DE ISLA CABALLO
1996 (fecha y hora incierta). El ejecutivo municipal de Puntarenas, Claudio Miranda, el jefe del departamento de Arriendos, Jorge Luis Sirias, y la licenciada Ana Lorena María Palma, apoderada de Playa Culzer, se hacen presentes en Isla Caballo y ante ocho personas de la isla (habitada por 200 personas), el ejecutivo municipal manifiesta que se abre esta audiencia formalmente y se pone el proyecto plan regulador parcial de Isla Caballo a disposición del público presente por espacio de 30 minutos para que lo estudien. Transcurrida la medida hora, se reanuda la "audiencia pública" para escuchar las manifestaciones que deseen realizar los presentes, y habiéndose evacuado las consultas al respecto y no habiéndose presentado oposiciones técnicas o legales de manera verbal o escrita, se da por terminada la audiencia al ser las doce horas con treinta minutos.
22.04.1996. El ICT aprueba el plan regulador de Isla Caballo en sesión ordinaria No. 4634.
28.08.1996. El INVU aprueba el plan regulador de Isla Caballo en sesión ordinaria No. 4629
10.03.1997. La Municipalidad de Puntarenas aprueba el plan regulador de Isla Caballo en sesión ordinaria No. 406.
14. 08.2002. Carta dirigida a los diputados de la Asamblea Legislativa
Solicitándoles que ratifiquen la concesión a la Corporación Nirvana, la cual pagó a hacer el plan regulador. Firma la carta el director del proyecto Isla Caballo Ecological Paradise, el señor Jorge Woodbridge, hoy viceministro de Economía del gobierno de Oscar Arias. Figura como socia mayoritaria Viviana Martin, hoy viceministra de Transportes.
21.10.2002. La Gaceta No. 202. La Municipalidad de Puntarenas publica el reglamento del plan regulador parcial de Isla Caballo y el Reglamento de zonificación. Proponen un desarrollo urbano y turístico para 900 habitaciones, con zona hotelera y residencial (en una isla donde no hay agua potable). Hablan de 560 empleos directos. Reservan dos y media hectáreas para reubicar a los isleños, a quienes ofrecen "oportunidades de trabajo para mejorar su calidad de vida".
08.08.2006. Una delegación encabezada por la licenciada Nelly Jiménez Rodríguez, integrada por funcionarios municipales, efectivos de la Fuerza Pública y de la Base Naval de Puntarenas, le queman la casa a don Pedro Velásquez Velásquez, pescador y poblador de Isla Caballo desde hace 38 años. Don Pedro no sabe leer ni escribir y unos meses antes funcionarios de la Municipalidad le habían hecho "firmar" unos papeles. En el incendio pierde sus pertenencias y los ahorros de toda su vida: dos millones de colones con los cuales pensaba comprar un motor para su panga de pescar. Actualmente don Pedro pasa las noches y los aguaceros bajo seis hojas de lata que logró rescatar de los escombros o duerme en la panga por temor a que la roben.
31.10.2006. El arquitecto Francisco Mora Protti, director de Urbanismo del INVU, señala en el oficio PU-C-D-996-2006, que "no aparece en nuestros archivos ningún registro donde conste la realización de u proceso de consulta a los habitantes de Isla Caballo sobre la propuesta del plan regulador parcial de la misma".
Octubre 2006. Isla Caballo. Los pobladores se informan sobre las irregularidades del plan regulador, se organizan y deciden recabar firmas para solicitar a los diputados que rechacen el plan regulador y para que los ayuden a iniciar el proceso de revocatoria.
28.11.2006. Asamblea Legislativa. La solicitud de los pobladores de Isla Caballo es entregada a cada uno de los 57 diputados. Los pobladores esperan una respuesta...
Fuente: FECON. Informe: "En el país de la paz: pobladores de Isla Caballo denuncian amenazas y violaciones contra sus derechos y su cultura, perpetradas por mercaderes de la zona marítimo terrestre.