• El liderazgo verdadero no se proclama en cumbres; se ejerce en el territorio.
A un mes de coorganizar la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (junio de 2025),
Costa Rica protagoniza un nuevo episodio que desconcierta a la comunidad
internacional y debilita su imagen como referente en liderazgo y compromiso
ambiental.
Nos referimos a la eliminación de la financiación y de la declaratoria de interés público del decreto que da seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretada mediante la modificación del Decreto Ejecutivo N.° 40203. Esto no solo implica un desinterés por la sostenibilidad como política de Estado, sino que debilita la capacidad del país para acceder a cooperación internacional, articular esfuerzos multisectoriales y garantizar derechos fundamentales.
¿Con qué liderazgo y legitimidad puede el gobierno
coorganizar una cumbre sobre océanos, cuya génesis y columna vertebral son los
ODS —especialmente el número 14— de la Agenda 2030? ¿Quién nos va a tomar en
serio si somos verdes solo de las fronteras para afuera, y aquí adentro la
política ambiental es negacionista, contradictoria y regresiva?
Porque este caso no es el único.
Las decisiones más recientes del gobierno evidencian una política ecocida,
marcada por el desmantelamiento institucional, la permisividad extractiva y el
abandono sistemático de sus propios compromisos ambientales y sociales.
Esta decisión se enmarca en un
patrón de retroceso que se ha acelerado en los últimos meses. El caso más
reciente es el escándalo por el trasiego autorizado de 12.6
toneladas de aletas de tiburón martillo para su reexportación, reportado por la
organización CREMA en marzo de 2025. Esta acción contradice abiertamente el
compromiso con la protección de especies en peligro y con el ODS 14 (Vida
submarina), justo cuando el país se presenta como anfitrión global de una
cumbre dedicada al océano.
A esto se suman graves retrocesos
en gobernanza ambiental, como lo ocurrido en el Refugio Nacional de Vida
Silvestre Gandoca-Manzanillo, donde se ha instaurado un modelo autoritario e
impuesto de toma de decisiones, ignorando a las comunidades locales y
permitiendo el avance de intereses gentrificadores y extractivos. La falta de
participación ciudadana y el debilitamiento del marco jurídico ambiental
revelan una tendencia alarmante hacia la destrucción institucional del
patrimonio natural del Estado.
En materia de agua y salud
pública, la situación no es mejor. El gobierno ha aumentado ilegalmente —pues
está contra el reglamento vigente— los niveles permitidos de pesticidas en
el agua potable, lo que atenta contra los derechos humanos, la salud y el
cumplimiento del ODS 6 (Agua limpia y saneamiento). Toda la zona norte
de Cartago enfrenta niveles peligrosos de contaminación con degradados del clorotalonil
en sus nacientes y pozos, superando los límites establecidos por la legislación
vigente. Para legalizar dicha acción, propuso elevar
los niveles de contaminación mediante una modificación al Decreto
Ejecutivo Nº 38924-S, que fue rechazada
por todas las Universidades Públicas, ARESEP, Defensoría de los Habitantes, la
Academia de Ciencias y sociedad civil.
Todos estos hechos no son
aislados: responden a una lógica de gobernanza que desmantela lo público,
prioriza intereses privados y erosiona los derechos humanos y ambientales. Un
modelo de gestión que promueve el extractivismo como política y el silencio institucional
como estrategia. En este contexto, hablar de sostenibilidad, océanos sanos y
liderazgo climático resulta, al menos, hipócrita.
Cambio de rumbo. Hace unos
seis meses, Stephan Brunner Neibig, vicepresidente de la República, decía: “Desde
el Gobierno de Costa Rica reiteramos nuestro compromiso con la implementación
de la Agenda 2030, clave para el desarrollo sostenible de Costa Rica. Con el
41% de los indicadores ODS mostrando un comportamiento desfavorable, es urgente
que todos los sectores de la sociedad, desde el gobierno hasta el sector
privado y la sociedad civil, intensifiquen sus esfuerzos para reducir las
brechas sociales, económicas y ambientales”. ¿Entonces, este es el
compromiso y la consecuencia unos meses después?
Esta nueva contradicción del
gobierno abre muchas otras preguntas. Si revisamos, gran parte de la Agenda
2030 es la columna vertebral de proyectos de cooperación internacional que
hacen posible la implementación de políticas ambientales. Por eso nos
preguntamos: ¿Qué va a pasar con estos y otros financiamientos cuando los
organismos internacionales vean el actuar del gobierno?, ¿Se trata de una
decisión inspirada en la postura reciente de la administración Trump, que
anunció su rechazo a la Agenda 2030 hace apenas un mes? ¿O es una acción
deliberada para polarizar, aprovechando la ola conspiranoica que rodea a esta
agenda?
Esta decisión genera más dudas
que certezas. Pero lo que sí está claro es que Costa Rica no puede seguir
sosteniendo una narrativa de ejemplo global mientras autoriza el aleteo,
envenena sus nacientes, silencia comunidades y desactiva compromisos
internacionales. Si realmente quiere defender los océanos, debe empezar por
cuidar sus ríos, proteger sus bosques, respetar a sus pueblos y garantizar el
carácter público y democrático de sus políticas ambientales.