Apicultores denuncian: en Costa Rica los agroquímicos están matando 250 mil abejas cada día

El “Armagedón de las Abejas” “masacres de abejas o apicidios” así definió la situación que vive Juan Bautista Alvarado presidente de la Cámara de Nacional de Fomento de la Apicultura.

Esta cantidad de muertes de abejas diarias equivalen a 92 millones de abejas menos por año, unas 50 toneladas de miel menos y unos 450 millones de colones menos cada año. En términos de polinización equivale a un promedio de 1750 millones de flores menos polinizadas.

La fuerte denuncias fueron hechas por el apicultor en un foro sobre los agrotóxicos y polinizadores en Costa Rica organizado ayer 3 de diciembre se conmemora el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas y fue organizado por Bloqueverde, Paren de fumigar, Red de Coordinación en Biodiversidad y Radio Central Tarraizta ( ver foro). 

“Lo que las abejas de nuestro país están pasando es una verdadera catástrofe, el auténtico cuyas consecuencias sí que son predecibles: pérdida de biodiversidad, diminución en la producción de alimentos, hambre y finalmente muerte” aseguró el apicultor.

Como ejemplo reciente el presidente de la Cámara narro “que hace una década La Zona de Los Santos albergaba el 8% de las abejas Apis de Costa Rica. Contaban con aproximadamente 3.000 colmenas, hoy sólo les quedan unas 800. Esa disminución representa un 73 % y equivale a la pérdida de aproximadamente 220 millones de abejas. Durante el mismo periodo, Los Santos, pasó de producir 90 toneladas de miel por año, a tan solo 20. Así como lo escuchan; se trata de una reducción del 77 por ciento en tan solo diez años”. 

Tanto la Cámara de Apicultura como los expertos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional señalan la gran responsabilidad de un alto uso de plaguicidas del modelo de producción agropecuario.

Juan Bautista aseguro: “que en la práctica todos los casos de envenenamiento masivo, cuyas muestras de abejas han sido analizadas por el SENASA, se ha encontrado un ingrediente activo llamado Fipronil. Al fipronil ya deberíamos declararlo el terror de las abejas costarricenses. Además del terrorífico Fipronil, tenemos un grupo de plaguicidas altamente tóxicos para las abejas, y son los llamados neonicotinoides”.

Sobre estos productos neonicotinoides, el agrónomo Fernando Ramírez Muñoz del Instituto Regional en Estudios de Sustancias Tóxicas (IRET), asegura que son insecticidas más usados en el mundo, un tercio de la venta y la principal problemática es que “son sistémicos y con alta persistencia dentro de la planta (hojas, semillas, frutos, polen, etc)”. Además, el especialista señala otros insecticidas: 49 ingrediente activo (IA) altamente tóxicos para abejas que se usan en nuestro país y herbicidas como glifosato, paraquat y otros que tienen efectos indirectos o colaterales de otros plaguicidas sobre abejas.

Para Ramírez es “imprescindible restringir aquellas sustancias que dañen las abejas y empezar por los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) y buscar alternativas de políticas agroecológicas ante la amenaza de los insecticidas neonicotinoides”.

Finalmente, el presidente de la Cámara Nacional de Apicultura, Juan Bautista Alvarado cerró diciendo “el futuro verde de Costa Rica será con abejas o no será”.

Hoy en el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas llaman a proteger las abejas y la vida

-Celebraran foro sobre los agrotóxicos y polinizadores en Costa Rica;

El 3 de diciembre se conmemora el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. Se trata de un día el que se le llama la atención a la población mundial sobre la grave consecuencias socio ambientales originadas por el uso de los agroquímicos para los ecosistemas y el ser humano.

Esta fecha fue establecida en 1984 por las 400 organizaciones que formaban parte de la Red de Atención en Plaguicidas, (Pesticide Action Network) de un total de 60 países, en memoria de más de 500.000 personas intoxicadas y más de 16.000 personas fallecidas esa noche en Bophal, India, debido al escape de 27 toneladas del gas tóxico, utilizado por una transnacional agroquímica para fabricar plaguicidas.

Desde hace más de una década se viene investigando la relación que tiene el uso de plaguicidas con la rápida y preocupante disminución en las poblaciones de abejas a nivel global.

El pasado jueves 26 de noviembre se aprobó en la Asamblea Legislativa de Costa Rica un proyecto de ley bajo el expediente N.º 21982, en el cual se declara a las abejas de “interés público” y se decreta un día en su honor.

Algunos ecologistas aseguran “Este es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, para consolidar una verdadera protección a las abejas hay que prohibir los agroquímicos que las asesinan. En este sentido, hoy 3 de diciembre, un día mundial de lucha contra los plaguicidas, es urgente detener y revertir el proceso de flexibilización de la normativa de registro de agrotóxicos en el país y hacer los análisis de evaluación de riesgo ambiental a los productos químicos”.

Según el articulo publicado el día de hoy “en lo que va del año, el país ha reportado al menos diez casos de intoxicaciones masivas en apiarios y se estima que han muerto unos 60 millones de abejas. Pero son muchos millones más de abejas, insectos y microorganismos que mueren a diario sin ser contabilizados. La causa central de esta masacre es la agricultura industrial de exportación, que coloca frutas baratas con externalidades incalculables y, como si esto fuera poco, se contaminan las fuentes de agua de las comunidades, la vida silvestre, los ecosistemas cercanos y las personas que trabajan y viven cerca de estas plantaciones”. (1)

“Siendo Costa Rica un país con una alta diversidad biológica y que se promueve como un país protector del ambiente, surgen muchas interrogantes: ¿Se ha realizado la correspondiente evaluación de riesgo ambiental para garantizar la protección del ambiente al momento de registrar estos agro venenos?, ¿qué acciones van a tomar las autoridades en Costa Rica a la luz de este nuevo proyecto de ley de protección a las abejas? Aún sin tener respuestas a esas preguntas debería aplicarse el principio precautorio y prohibir dichos plaguicidas”, aseguraron los ecologistas.

Notas:

1.Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. En el Día Mundial contra los agro venenos, protejamos las abejas. https://semanariouniversidad.com/.../en-el-dia-mundial.../

¿A quiénes y porque les incomoda el acuerdo de Escazú?

Es injustificable seguir poniendo en riesgo a defensores y defensoras de la naturaleza.

Es inaceptable e irresponsable la posición de las cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, las cuales pretenden que siga reinando en el país la impunidad en cuanto a crímenes contra defensores de la naturaleza.

El “Acuerdo de Escazú” fue impulsado y firmado por Costa Rica en 2018 y en este momento se espera que sea ratificado por la Asamblea Legislativa para que pueda ser depositada la adhesión formal en Naciones Unidas y de esta forma entre a regir.

Uno de los alcances, que es importante mencionar, de este acuerdo es que daría la posibilidad de exigir al Estado la protección de los y las defensores ambientales en caso de que sean amenazados o perseguidos por su accionar en defensa de la naturaleza.

Es urgente que se avance en aprobar el Acuerdo de Escazú y para tal objetivo el gobierno de Carlos Alvarado debe comprometerse con éste y priorizar su trámite en la Asamblea Legislativa;

Firmen ya el Acuerdo de Escazú … por la Justicia y la memoria de:

Olof Wessberg (1975) conservacionista que después de una larga lucha de más de 20 años creo  la Reserva Cabo Blanco fue asesinado en una visita Corcovado donde exploraba la idea de convertirlo en parque nacional.

Antonio Zúñiga (1989), muerte en circunstancias no esclarecidas el compañero indígena luchador en contra de la cacería ilegal,  en el territorio Indígena de Ujarrás.

Oscar Quirós (1992), muerte a balazos, este dirigente de la Lucha en contra la deforestación en  Sarapiquí, se cree que fue muerto a manos de madereros debido a sus constantes denuncias.

Jorge Aguilar (SF), cuando luchaba contra la cacería ilegal salió a patrullar en Cartago y familiares encontraron muerto.

Óscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero (1994), dirigentes de la Asociación Ecologista Costarricense que habían participado en una larga campaña contra la instalación de un puerto astillero.

David Maradiaga (1995), tras una misteriosa desaparición de tres semanas. También era parte de la Asociación Ecologista Costarricense.

Kimberley Blackwell (2011), conservacionista canadiense radicada en Costa Rica aparece asesinada dentro de su casa en San Miguel de Cañaza, Puerto Jiménez. La activista tuvo varios enfrentamientos con cazadores ilegales  y se presume que por venganza la mataron.  Inclusive, un cazador de la localidad estuvo en prisión preventiva como sospechoso de su asesinato. Pese a la presión de la familia, quienes contrataron un investigador privado, la embajada y hasta el primer Ministro canadiense, desconocemos si hubo condena por este caso.

 Jairo Mora (2013), ambientalista que protegía las tortugas muerte en Moín y cuatro encapullados lo golpearon matarlo.

Diego Armando Saborío (2014), según la prensa nacional habría sido asesinado “por defender a los animales silvestres de una finca propiedad de su familia, en Chamorro de Cutris en San Carlos” (La Nación, 14 -10-15).

Sergio Rojas (2019), El líder indígena de 59 años fue asesinado el lunes 18 de marzo de 2019 en horas de la noche. Antes de eso sufrió amenazas, intento de asesinato e incluso desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado costarricense protegerlo porque su vida corría peligro. Fue líder de un fuerte movimiento de autonomía indígena y de recuperación de tierras en la Zona Sur del país, fue agredido, perseguido, criminalizado, y encarcelado, hasta que sus adversarios se atrevieron a cruzar la línea…

Yehry Rivera (2020), El pasado 24 de febrero del 2020 Yehry Rivera fue ultimado de cinco disparos por la espalda en medio de un “linchamiento” de usurpadores no indígenas por un terreno recuperado. El asesinato se dio a casi un mes de que se cumpliera un año del asesinato del dirigente bribri Sergio Rojas en el territorio de Salitre.

Cámaras empresariales accionan campaña de desinformación para perpetuar esquema de impunidad en delitos contra defensores ambientales

-Es urgente convocar el Acuerdo de Escazú para discutirlo en la Asamblea Legislativa;

-Empresarios presionan para que no exista un marco legal robusto en materia de delitos contra defensores de la naturaleza;

 (Bloque Verde, 30/11/2020) Es injustificable seguir poniendo en riesgo a defensores y defensoras de la naturaleza. Es inaceptable e irresponsable la posición de las cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, las cuales pretenden que siga reinando en el país la impunidad en cuanto a crímenes contra defensores de la naturaleza.

 Tanto la Cámara de la agroindustria ( ver texto) como la Cámara de Industrias y la Unión de Cámaras Empresariales ( ver texto) , han emitido documentos con afirmaciones temerarias, falsas y cargadas de argumentos ideológicos, en contra de un acuerdo internacional que vendría a ordenar la legislación en carácter de protección de los derechos ambientales, como lo es el Acuerdo de Escazú.

Los argumentos de las cámaras empresariales fueron desmentidos por el foro del Colegio de Abogados (1) del pasado 23 de noviembre. En el foro desglosaron uno a uno los argumentos falaces de los empresarios y dejaron en claro que esta campaña de las cámaras está fundamentada en interpretaciones lejanas a la realidad.

Además, Nicolás Boeglin, especialista en derecho internacional de la UCR señala que el caso de los empresarios costarricenses no es aislado. Boeglin señala que: “... tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional.” puntualizó el abogado (2). 

 La convocatoria de la agenda de proyectos de ley que envió el ejecutivo el día viernes 27 de noviembre a la Asamblea Legislativa dejó de lado la posibilidad de que se vote un acuerdo internacional que vendría a posibilitar la instalación de mecanismos para el acceso a la información y la protección de la seguridad y la vida de las quienes protegemos el agua, la biodiversidad, los ríos, los bosques, la vida silvestre terrestre y marina, etc. 

El nombre completo de este convenio internacional es: El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”. Fue impulsado y firmado por Costa Rica en 2018 y en este momento se espera que sea ratificado por la Asamblea Legislativa para que pueda ser depositada la adhesión formal en Naciones Unidas y de esta forma entre a regir. 

Uno de los alcances, que es importante mencionar, de este acuerdo es que daría la posibilidad de exigir al Estado la protección de los y las defensores ambientales en caso de que sean amenazados o perseguidos por su accionar en defensa de la naturaleza. 

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica señala que no se puede “pensar que Costa Rica por su “liderazgo verde” se encuentra como la excepción en la región Latinoamericana y Caribeña. Sobre la precaria situación que atraviesan las y los defensores ambientales, el recuento de los hechos demuestra que vivimos situaciones que de no ser enfrentadas, podrían derivar en una mayor desprotección de estas personas”(ver texto). 

Este mismo centro universitario señaló que en la historia reciente de Costa Rica existen casos de defensores de derechos humanos y ambientales que han sido asesinados. Los crímenes de Yerhy Rivera en 2020 y Sergio Rojas en 2019; los cuales siguen en impunidad en un contexto de racismo, que impide el seguimiento de las investigaciones para buscar los autores materiales e intelectuales (ver texto).  

Pero a esto se suman otros crímenes más, como el cometido contra Jairo Mora en Moín en 2013. Y recuerda la deuda histórica que tiene el país en la búsqueda de justicia para los integrantes de la Asociación Ecologista Costarricense asesinados 26 años atrás. 

Por esta razón es urgente que se avance en aprobar el Acuerdo de Escazú y para tal objetivo el gobierno de Carlos Alvarado debe comprometerse con éste y priorizar su trámite en la Asamblea Legislativa; de lo contrario está posponiendo de forma injustificable la aplicación de un tratado internacional que vendría a dar seguridad a la labor de miles de personas a nivel nacional. Activistas, ecologistas, campesinos, campesina, indígenas, funcionarios de instituciones que impulsamos la conservación y el resguardo de los ecosistemas, y que en muchos casos lo hacemos a costa de la propia vida o seguridad personal. 

Notas:

1. Charla "Acuerdo de Escazú y sus alcances en la normativa ambiental costarricense"

 https://www.youtube.com/watch?v=9sFJf7bhdKc&list=UUrIRgU3jsDPuy7Gh02MaAkQ

 2. El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación

https://delfino.cr/2020/11/el-acuerdo-de-escazu-a-proposito-de-recientes-comunicados-en-contra-de-su-aprobacion?fbclid=IwAR0R01xRmdY7IG_oo25itSYJ2z2Fr_oKVCqwAqGxMtKOrnaOVAwdoG0g_Qc

SETENA aprueba proyecto de combustión química o incineración en Guanacaste

• Ecologistas interpondrán acciones legales

BLOQUE VERDE 13/01/2021. A finales del año pasado, SETENA aprobó la viabilidad ambiental de proyecto de incineración, bajo la modalidad de gasificación, según consta en la Resolución N°2146-2020-SETENA.

Ante el avance del proyecto de COOPEGUANACASTE, los ecologistas buscaran interponer acciones legales para evidenciar todos los posibles riesgos e impactos que el proyecto conlleva.

El proyecto tiene un costo de más de 38 millones de dólares. Inició el trámite en 2014 y 6 años después, en los últimos días hábiles del 2020, se aprueba sin la mayor participación o publicidad al respecto. La iniciativa se pretende desarrollar en el distrito de Belén del Cantón de Carrillo por parte de COOPEGUANASTE y pretende generar energía con los desechos de la mayoría de los cantones de Guanacaste.

La planta cuenta con una capacidad teórica para generar entre 8 MW y 10 MW de electricidad procesando entre 150 y 180 toneladas de residuos sólidos municipales al día.

La gasificación es un procedimiento de alto consumo energético que intentan reducir el volumen de residuos convirtiéndolos en gas a través de la combustión. La gasificación de residuos está clasificada como una forma de incineración por la Unión Europea y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Según el informe Análisis del riesgo de las tecnologías de gasificación y pirólisis de residuos de la de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración GAIA “existen muchos ejemplos de plantas que se vieron forzadas a cerrar debido a fallas técnicas y fracaso financiero (…) Se han invertido más de 2 mil millones de dólares solo en los proyectos que figuran en este informe, todos los cuales fueron cerrados o cancelados antes de comenzar las operaciones” (ver informe en https://www.no-burn.org/.../Gasificaci%C3%B3n-y-pir%C3... ).

El documento además señala “que tales instalaciones emiten dióxido de carbono a partir de materiales derivados de fuentes de combustible fósil como los residuos de plástico y carbón”, contrario al propósito de descarbononizar o reducir el calentamiento global.

El citado informe “concluye que los beneficios potenciales de la gasificación de residuos son menores y más inciertos, y los riesgos son mucho mayores de lo que sus proponentes afirman”.

Según la fundamentación en que se basa SETENA para otorgar la viabilidad es que la energía del ICE es de alto costo. Sin embargo, la situación de energética hasta hoy, según el ICE, es bastante distinta pues la generación es 100% renovable e inclusive rechaza seguir comprando energía a los generadores privados por el estancamiento de la demanda. En síntesis, sobra energía y no es necesario más proyectos a corto plazo.

De hecho, en relación con otro proyecto de incineración promovido por FEMETROM, la presidencia del ICE aseguró que tiene cubierta la demanda de Costa Rica en materia de electricidad y que no es del interés del ICE este tipo de actividad ya que buscan una matriz de energía renovable. En la carta del ICE se indica que “El Plan de Expansión de la Generación Eléctrica (2018-2034) concluye que la ruta recomendada muestra que el país tiene garantizada la atención de la demanda eléctrica para los próximos ocho años, a partir de una matriz de generación renovable, confiable y diversa, consolidando un modelo eléctrico nacional basado en fuentes renovables” (oficio 0060-300-2020 de fecha 17-07-2020).

Impacto socioambiental

“La incineración y la gasificación de la basura producen cenizas y escorias tan tóxicos y contaminantes como los desechos radiactivos y hay que confinarlos en depósitos con las mismas condiciones de seguridad tal como lo están haciendo en Alemania” afirmó Ronald Arrieta, especialista en tecnologías de tratamiento de desechos sólidos de la Universidad de Costa Rica en una entrevista sobre el tema (ver entrevista completa en: https://www.informa-tico.com/.../incineradores-basura...)

Arrieta dijo que “es necesario que a la gente le quede claro que, con la incineración la basura no desaparece. La basura al igual que cualquier otra materia no desaparece se transforma. En este caso se transforma en dióxido de carbono que va a empeorar el efecto invernadero. También se transforma en cenizas que están cargadas de metales pesados como el plomo, el cadmio, el mercurio que causan graves daños a la salud humana y el ambiente. No es cierto que esas cenizas se puedan usar como abono, estas cenizas son tóxicas y cancerígenas”.

Agregó Arrieta “Además, se producen gases tóxicos de los cuales no existen registros científicos sobre la cantidad de estas sustancias presentes en el ambiente, que mantienen niveles de inocuidad. Lo peor es que estas sustancias se acumulan en los seres vivos porque nuestros organismos no las pueden digerir y se sabe que son extremadamente cancerígenas”, acotó.

“Hay una dioxina, por ejemplo, que está catalogada como la sustancia más cancerígena que se conoce en el mundo, y esta es solo una de varias toxinas que se liberan al ambiente con la incineración y la gasificación” advirtió el científico de la UCR,

Otra de las preocupaciones de los ecologistas es que el país no cuenta con la estructura jurídica, de laboratorios, ni el personal especializado para poner en práctica la fiscalización de esta actividad y para ejercer los fuertes controles que se requieren para garantizar que se cumpla el reglamento que permite la incineración (Decreto No. 39136-S-MINAE, 15-6- 2015)

Una ley para la privatización de la semilla

(Bloque Verde, 20-11-2020) Hoy la semilla campesina e indígenas puede ser intercambiada o vendida libremente, pero un proyecto de ley intenta cambiar esa práctica milenaria con la excusa de la calidad y el control. Según la OCDE casi el 90% de las semillas que utilizamos en Costa Rica no están sujetas a mecanismos de certificación, por ser en su gran mayoría semillas locales, nativas y criollas.

En la práctica se trata de un mecanismo de restricción de uso de las semillas, una privatización de esta práctica ancestral que ha hecho posible la agrobiodiversidad existente y que se encuentra en extinción por la homogeneización de la agricultura industrial. Se trata del proyecto bajo el título: “Ley sobre la Producción y control de calidad en el Comercio de semillas”, expediente 21087.

Según la Red de Coordinación en Biodiversidad “ese texto fue construido sin ningún tipo de participación de organizaciones campesinas, ecologistas o indígenas, y tampoco ha sido consultado a representantes de estos sectores como parte de su trámite legislativo”.

Por su lado la Red de Mujeres Rurales mediante una carta enviada a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa este proyecto de ley “no parte de una visión integral de la agricultura y el papel de la diversidad de las semillas”. Para ellas “quien controla las semillas controla la agricultura, controla la producción de alimentos y controla la alimentación del mundo y concentra el poder.”

Según la Oficina Nacional de Semillas en nuestro país el negocio de importación de simientes o semillas reporta transacciones de hasta USD$ 36 millones anuales repartidas entre 104 empresas con permisos para vender semillas certificadas, pero solamente 8 compañías controlan el 53% de todas las variedades disponibles comercialmente.

Diversos colectivos y organizaciones le han hecho saber a los diputados que esta ley está hecha para proteger a un sector agroindustrial de producción y comercialización de semillas. Pero además está diseñada para ir en contra de los intereses de la mayoría de la población.

Para la Red de Mujeres “La ley puede provocar una verdadera persecución a las personas campesinas o indígenas que realizan una labor de mucho valor para la humanidad, conservar las semillas, y para conservarlas deben reproducirlas". Esto debido a que se plantean penas e infracciones contra las personas que intercambian semillas locales cuando estas representan una amenaza comercial para las empresas.

Sumando a todo lo anterior es especialmente grave la falta de participación de los pueblos indígenas en un tema que les afecta directamente y es obligatorio consultarles tal como señala el convenio 169 de la OIT.

Según la Asociación De Desarrollo Indígena Bribri Talamanca (ADITIBRI) en una carta enviada a la Comisión de Agropecuarios aseguro que: “hemos mantenido nuestras semillas, intercambiado y reproducido con prácticas milenarias”.

Para ADITIBRI la forma de conservación, reproducción y producción son propias pueblos indígenas, prácticas inclusive antes de la fundación de la República, en este caso, se refiere al convenio 169 OIT indicando, los Estados deberán reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos. La ADITIBRI aseguran que no han sido informados ni consultados y que este proyecto es contrario a las prácticas tradicionales y costumbres de su pueblo y solicitan archivar dicho proyecto de ley.

Hace más de quince  años se ha venido intentando aprobar distintos proyectos de ley relacionados con el tema que tienen serias implicaciones para la agricultura campesina e indígena, así como para el cumplimiento de las obligaciones del país en el marco del Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Agricultura y  la Alimentación (FAO) y la “Declaración de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales” de las Naciones Unidas votada favorablemente por Costa Rica el 20 de noviembre de 2018.

El proyecto de ley expediente n°21087 excluye a las comunidades indígenas y campesinas de los espacios de decisión en materia de semilla. Tanto en la Junta Directiva de la Oficina Nacional de Semillas (ONS), como en la Comisión Nacional de Recursos Fito-Genéticos (CONAREFI), no toman en cuenta a ninguna organización o instancia que pueda defender los derechos de las personas que cultivan la tierra.

Por otra parte, crea un marco de competencia desleal ya que los únicos que podrán venderle al Estado costarricense semillas para las distintas instituciones que tienen programas de asistencia y extensión serán las empresas que logren certificar las semillas. Es decir, que estarían en desventaja pequeñas y medianas empresas que quieran comercializar semillas.

Música, arte y alegría contra la minería

-La minería significaría retroceder diez años en materia de legislación ambiental

(Bloque Verde, 18-11-2020) Este miércoles 18 de noviembre más de veinte organizaciones ambientales han convocado a manifestarse contra la minería a cielo abierto en la Plaza de la Democracia desde el mediodía. 

Mientras la diputados del PLN, PUSC y RN en la Asamblea Legislativa meten el acelerador a los tres proyectos mineros tramitados en las comisiones de Asuntos Sociales, Alajuela y Guanacaste, las organizaciones ecologista no estamos dispuestos a que el país retrocede una década en materia ambiental. Tres proyectos de ley con distinto alcance pero que buscan legalizar la industria destructiva del oro en zonas extremadamente frágiles. 

Ante la amenaza minera el movimiento ambiental responde con música, arte y alegría. En la Plaza de la Democracia se han convocado a artistas como Raza Bronce, Anamá, Cristine Eugene, Comadrelu, Nativa y Andrea Orellanda. Que para medio día de hoy 18 de noviembre se estarán presentando de manera acústica y se estarán distribuyendo información sobre los impactos de la minería a cielo abierto. 

La manifestación ha sido convocada alentando a seguir todos los protocolos de seguridad sanitaria dispuestos por el Ministerio de Salud.

Semana anti-minera: diputados aceleran trámite de proyectos mineros mientras 20 organizaciones ecologistas llaman a movilización

(Bloque Verde, 16/11/2020) Diputados y diputadas empujan aceleradamente proyectos de ley que legalizarían la minería metálica a cielo abierto. En la corriente legislativa se encuentran tres proyectos de ley en tres comisiones distintas. Al mismo tiempo el movimiento ecologista ha convocado a manifestaciones esta semana y ha lanzado el video clip “La Mona Mina”. 

Los tres trámites han sido dispuestos fuera de la comisión permanente de Ambiente de la Asamblea Legislativa para ser discutidos por comisiones como la de Asuntos Sociales, la Comisión de Alajuela y la Comisión de Guanacaste. Lo que pone de manifiesto la poca disposición de los proponentes de estos proyectos para tomar en cuenta los impactos ambientales de una actividad destructiva como la minería. 

Hoy lunes la Comisión Especial de Provincia de Alajuela sesionará a las 10:30AM para tramitar el expediente 22007 "Ley  de  Minería Crucitas" uno se los tres proyectos de ley de minería que existen en este momento en la Asamblea Legislativa. Hoy se desarrollará la audiencia para Andrea Meza Murillo, Ministra de Ambiente y Energía. 

El martes y miércoles, a las 12MD la Comisión de Asuntos Sociales continuará el trámite del expediente  Nº 21.584: “Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica” propuesto por los legisladores del PLN Jorge Fonseca y María José Corrales. 

El movimiento ambiental ha convocado para el día miércoles 18 de noviembre a las 12MD a una manifestación en la Plaza de la Democracia para oponerse a cualquier legalización de la minería metálica a cielo abierto. 

Este lunes se estrenó el video Clip “La Mona Mina” una producción nacional que con música y humor inspirado en un viejo dicho popular para señalar que aunque la minería sea etiquetada como sostenible sigue siendo una actividad destructiva. 

Video Clip Mona Mina: https://www.youtube.com/watch?v=cTAvt64ygcY&feature=emb_title

Mona Mina

No se lo pierda y que no se lo cuenten!! En exclusiva para todxs uds el tan esperado estreno del videoclip La Mona Mina!!

Además, acérquese este próximo miércoles a Plaza la Democracia a partir de las 12:00md, para conocer en vivo y a todo color a la famosa

Mona Mina que estará dando autógrafos y fotografías y que nos va a llegar a contar a la "Jornada de Lucha Contra la Minería y en Defensa de la Vida", como aunque a la mina la vistan de sostenible, mina se queda! Que no nos agarren de monxs, la minería a cielo abierto no puede ser sostenible!

Videoperformance basado en el cuento popular centroamericano "La Mona".